Aún son muchas las interrogantes que, desde el 9 de abril, cuando el Fiscal volvió a dar declaraciones públicas, no se han respondido sobre el proceso judicial de Pdvsa-Cipto. Transparencia Venezuela insiste en que las autoridades deben ofrecer más detalles sobre este esquema.
Transparencia Venezuela, 2 de mayo de 2024.- El 9 de abril el Ministerio Público abrió un nuevo argumento en la trama Pdvsa-Cripto, cuando el Fiscal sumó a dirigentes opositores a la causa que hasta el momento solo involucraba a altos funcionarios y a empresarios vinculados al gobierno. Los dirigentes políticos opositores presuntamente se habrían beneficiado de la asignación irregular de buques petroleros. Basado en estos hechos, la fiscalía solicitó nuevas órdenes de aprehensión y extradición contra Leopoldo López y Julio Borges.
Presuntamente, los políticos de oposición recibieron dinero de dos contratistas de Pdvsa que comercializaron irregularmente al menos ocho barcos con petróleo venezolano, que equivalían a USD 1.000 millones, según declaraciones del fiscal general de la República, Tareck William Saab, este 2 de mayo de 2024. Cada barco, de acuerdo con Saab, cargó al menos dos millones de barriles de crudo valorado entre USD 120 millones y USD 140 millones. Esta información -dijo el fiscal- se obtuvo de una declaración del empresario Samark López Bello el 1 de mayo, detenido el pasado 9 de abril junto al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
Saab difundió un video de López Bello en el que aseguraba que a los dos contratistas se les asignaban periódicamente buques petroleros equivalentes a cientos de millones de dólares y, además, se les permitía participar en una especie de mecanismo de compensación por el cual los empresarios se llevaban el petróleo y, en lugar de pagar con dinero, traían de vuelta diluyentes para uso de la industria petrolera nacional. De acuerdo con López Bello, con esta última modalidad los contratistas ganaban doble: por la venta del petróleo que se llevaban de Venezuela y por la venta de los diluyentes a Pdvsa. El detenido afirmó que uno de los contratistas señalados trabajaba con Pdvsa desde la época en la que Rafael Ramírez era presidente de la estatal.
El abogado penalista Joel García explicó a Transparencia Venezuela que la supuesta confesión de López Bello, difundida públicamente por el fiscal, constituye una violación al artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), a propósito del anuncio de Saab de que esta declaración se convertirá en una “audiencia de prueba anticipada de delación” frente al tribunal que lleva la causa. Según el artículo 132, el imputado solo puede declarar ante un juez, ya sea de control o de juicio, de forma voluntaria y siempre acompañado de su defensa.
En esta nueva etapa los dirigentes de oposición Leopoldo López y Julio Borges se suman a la lista de presuntos implicados en el caso Pdvsa-Cripto. El Ministerio Público emitió nuevas solicitudes de extradición en su contra, ya que sobre ambos se había activado antes este mecanismo bajo diferentes argumentos.
Pese a que el Fiscal General de la República retomó en abril las declaraciones relacionadas con el caso, aún son muchas las preguntas que no se han respondido sobre el proceso. Transparencia Venezuela insiste en que las autoridades deben ofrecer más detalles sobre este esquema de corrupción.
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