Fideicomiso bilateral, el uso de la necesidad para el lucro personal
La Gran Corrupción venezolana evidencia su alcance internacional en el caso de presuntos sobreprecios que investiga la justicia de Argentina, hecho que involucra a funcionarios venezolanos y argentinos en una trama de enriquecimiento a costa de la vulnerabilidad de los venezolanos a través del fideicomiso bilateral.
Transparencia Venezuela, 8 de abril de 2022. El empresario argentino Juan José Levy está siendo investigado por lavado de dinero y soborno transnacional en tribunales argentinos, luego de informar al fisco de un aumento en su patrimonio de USD 1.400 millones, obtenidos entre 2011 y 2016. Se trata de una acusación por presunta defraudación al Estado venezolano, a través del fideicomiso bilateral Venezuela Argentina, para la cual la justicia de este país no ha aportado información solicitada, necesaria para acreditar el delito ocurrido en tierras venezolanas. Por ello, organizaciones no gubernamentales latinoamericanas recurren a la fórmula del amicus curiae o amigos del tribunal para evitar que la falta de información derive en el cierre del caso.
Estado de necesidad
Para el período en el que se produjo el enriquecimiento de Levy, Venezuela experimentaba una importante caída de su Producto Interno Bruto (PIB), las reservas internacionales se encontraban mermadas, con ingresos petroleros venidos a menos y pérdida de acceso al financiamiento externo. La economía sufría, además, un acelerado proceso inflacionario, con su consecuente impacto en la sociedad. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), apuntaba que casi 80% de los hogares estaba en situación de pobreza para finales de ese período.
La producción nacional se redujo a mínimos históricos a causa de la destrucción del aparato productivo tras expropiaciones y estatizaciones sobre todo desde 2007, el control de cambio que favoreció las importaciones por encima de la producción nacional y un control de precios que hizo inviable la sostenibilidad de las empresas productoras. El Banco Central de Venezuela registró un índice de escasez de alimentos de 29,5% en marzo de 2014. Desde entonces, no se publica este indicador.
En consecuencia, entre 2014 y 2016, se profundizó el deterioro de la situación alimentaria y nutricional. Para finales de 2014, 11% de los venezolanos comía 2 veces al día o menos y, en 2015, 80,5% de la población reportaba no tener dinero suficiente para comprar alimentos, según la Encovi. En tanto, los programas sociales se volvieron insuficientes para cubrir la demanda, a la vez que se redujo la cantidad y calidad de los productos que comprendían.
Se incrementaron las colas en los abastos y supermercados, así como se restringió la adquisición de alimentos básicos escasos según número de cédula. Apareció el “bachaqueo” como respuesta a la escasez, pero con incrementos sustanciales en los precios de los productos comercializados.
Esta profundización de la crisis llevó a Venezuela a niveles de inseguridad alimentaria severa, según afirma Susana Raffalii. Es decir, en Venezuela fallaron todas las dimensiones que comprende la seguridad alimentaria: la disponibilidad, una oferta suficiente de alimentos; el acceso a esos alimentos; la suficiencia y la calidad de ese alimento que se va a consumir; y la estabilidad de las tres dimensiones anteriores. Un escenario que también configura una causa en la migración de más de 6 millones[1] de venezolanos a partir de 2016, con destinos a Latinoamérica, España y Estados Unidos, como principales países receptores.
Auge del fideicomiso
En este contexto de necesidad, el fideicomiso bilateral que se habia firmado entre Argentina y Venezuela incrementa a partir de 2011 el numero de contratos de venta a Venezuela de bienes de primera necesidad: alimentos, medicinas e insumos médicos, y productos de aseo personal.
El acuerdo, firmado en 2004 y finalizado con la salida del kirchnerismo del poder en 2016, llegó a manejar unos 2000 millones de dólares, “con poca transparencia y otros acuerdos binacionales para comercializar productos con sobrecostos”, reporta Chavismo INC.
La justicia argentina abrió al menos 10 investigaciones por hechos de corrupción, con base en una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que detectó que el gobierno de Maduro pagó sobreprecios por, al menos, USD 235 millones en compras que abarcaron desde alimentos como leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos.
La tesis que se maneja es que un grupo de funcionarios venezolanos con la participción de funcionarios y empresarios argentinos se aprovecharon del fideicomiso y de la necesidad del pueblo venezolano para obtener el lucro personal.
Los jueces responsables de las causas abiertas en argentina han enviado rogatorias (solicitudes de información) a la Fiscalía Venezolana de Tarek William Saab, pero no han recibido ninguna respuesta, lo que trajo como consecuencia el cierre de uno de los casos.
Intentando superar la falta de cooperación de las autoridades venezolanas con la justicia argentina, capítulos de Transparencia Internacional en siete países, estamos presentando un amicus curiae (amigos del tribunal) presentando información sobre uno de los quince casos en litigio. Se trata de caso donde está señalado el empresario argentino Juan José Levy, quien a través de múltiples empresas “sumó operaciones por 550 millones de dólares con Venezuela, para venderle desde medicamentos, pasando por decodificadores de TV y hasta suavizantes para la ropa” -siempre según la información que consta en distintos expedientes judiciales, señala Chavismo INC-, a empresas públicas venezolanas como CANTV y SUVINCA.
Las empresas públicas venezolanas compraban mercancía con sobreprecio, que Levy adquiría de otros proveedores, obteniendo ganancias extraordinarias. Los contratos firmados a través del fideicomiso binacional registrarían sobreprecios de hasta 300%, según indicó la Sigen. En Venezuela no hay investigaciones, aún, contra los responsables de estas compras con sobreprecio.
El hecho cursó con el agravante de que los productos nunca llegaron a las manos de sus pretendidos beneficiarios, sino que fueron abandonados por años en puertos venezolanos y, algunos, finalmente destruidos. Destruidos, cuando eran esperados para paliar la escasez y la necesidad de un pueblo que enfrentaba la agudización de una crisis humanitaria, derivada de la corrupción y de las malas políticas económicas implementadas.
En el período en el que se gestionó el financiamiento bilateral Argentina – Venezuela, así como a la fecha de algunas facturas y filtraciones, es posible determinar a las máximas autoridades a cargo de la ejecución del fideicomiso y de determinados contratos. En Pdvsa, Rafael Ramírez, quien fue su presidente hasta 2014; por el Ministerio de Salud: Eugenia Sader, 2010-2013; Isabel Iturria, 2013 – 2014; Francisco Alejandro Armada Pérez, 2014; Nancy Pérez Sierra, 2014; Henry Ventura, 2015.
Además, documentos filtrados e investigaciones periodísticas han permitido identificar los siguientes nombres en algunos contratos: Rodolfo Marcos Torres (https://www.infobae.com/politica/2021/09/04/la-uif-detecto-pagos-millonarios-en-comisiones-desde-una-empresa-argentina-al-gobierno-de-maduro/), Eddie Elizabeth Betancourt Romero, ex presidente de Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca); el ministro a cargo del control de Adscripción del Poder Popular para el Comercio, Richard Canan (https://www.infobae.com/politica/2021/11/22/la-justicia-investiga-una-cuenta-en-uruguay-de-una-ex-funcionaria-chavista-por-posibles-sobornos-de-un-empresario-argentino/)
Ante esta evidente violación al estado de derecho, la corrupción que encierra y la vulneración de los derechos humanos de millones de venezolanos, los capítulos nacionales de Transparencia Internacional en Argentina, Poder Ciudadano; Venezuela, Transparencia Venezuela; Panamá, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; Ecuador, Ciudadanía y Desarrollo; Colombia, Transparencia por Colombia; El Salvador, Fundación Nacional para el Desarrollo; y Perú, Proetica; solicitaron ante la justicia argentina ser aceptadas como “amigos del tribunal”, al considerar que el trámite supera el interés de las partes.