Expertos recomiendan exigir programas anticorrupción en emergencia

Durante la conferencia para analizar la corrupción en el sector salud latinoamericano, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU contra la Corrupción, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela expuso el impacto del desvío de fondos y la falta de información en el país

Transparencia Venezuela, 15 de junio de 2021. Establecer programas mínimos anticorrupción y elevar los niveles de exigencia de transparencia y rendición de cuentas en tiempos de emergencia fueron algunas de las propuestas presentadas por expertos de Argentina, México y Venezuela durante la reciente conferencia de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU contra la Corrupción, dedicada a analizar el impacto del desvío de fondos en el sector salud de los países de América Latina. De igual modo, llamaron a las Naciones Unidas y demás organismos multilaterales a impulsar mecanismos y procedimientos para garantizar el acceso a la información pública y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil en el seguimiento a la gestión de los gobiernos durante las crisis.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, formó parte del panel junto a sus pares de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez; y Poder Ciudadano Argentina, Pablo Secchi. El evento contó con la participación especial de Delia Ferreira,, presidenta de Transparencia Internacional, y de Gerardo Berthin, director de programas para América Latina y el Caribe de la organización Freedom House como moderador.   

En su intervención, Bohórquez ahondó en la experiencia mexicana en el manejo de la crisis generada por COVID-19 y alertó sobre la opacidad existente en torno a las compras y contrataciones, así como en los programas de inmunización. De igual modo, puso el tema de la pandemia en el contexto electoral.  “Creo que está sobreestimado hablar de costo político por el manejo de la pandemia. Tenemos mucho que aprender de Argentina, de Venezuela y de México para no hacer falsas conexiones entre lo que nos parece grave y el efecto político-electoral que pueda tener. En muchos países, su cálculo electoral estuvo por encima de una auténtica exigencia de buen gobierno”. 

Por su parte, Secchi destacó que los países deben buscar la manera de trabajar juntos para acabar con la pandemia. Reiteró que, pese a la necesidad de tomar decisiones excepcionales ante una situación de emergencia, los Estados debían establecer sistemas de control de emergencia. 

Afirmó que, así como la sociedad civil se adaptó rápidamente creando observatorios de compras y de vacunación, se requería de una adaptación del Estado para rendir cuentas. “En Argentina no conocimos ningún contrato. Desconocemos el precio de las vacunas, sus efectos en las personas y un montón de información debido a que las cláusulas de las empresas privan a los ciudadanos de conocer esta información”.

Sacchi mencionó como actores principales de la actual emergencia a las empresas, con un poder de decisión nunca visto ante los Estados. En segundo lugar, están los Estados, con muy poco nivel de negociación. “Los ciudadanos son los últimos en la cola de importancia de la pandemia, pese a que son los más vulnerables, los más desinformados y los que tenemos que confiar en lo que las empresas y los Estados decidan sobre nuestras vidas”. 

Sobre el seguimiento al manejo de la crisis en el país sureño, señaló que han observado amplios márgenes de discrecionalidad para elegir las modalidades de contrataciones y de compras de excepción. “Se han saltado los procedimientos normales de forma exagerada. Falta mucha información que debería estar alojada en los sitios web, pero solo se publica cerca de 40%. Tuvimos que rastrear hospital por hospital, de institución en institución, para saber que en Argentina se habían gastado 25.000 millones de pesos en compras y que se había utilizado la pandemia para adquisiciones que no tenían nada que ver con la emergencia”.

Emergencia en la emergencia

Mercedes De Freitas destacó que cuando la pandemia llegó a Venezuela la corrupción ya había hecho estragos en todos los sistemas. “El país se encontraba ya en una emergencia humanitaria compleja, y eso significa que tenemos una institucionalidad que no puede cumplir con lo mínimo para defender derechos fundamentales para la supervivencia”.

Explicó que la gran corrupción que se instaló en Venezuela de manera sistemática desde 2003, dejó al Estado imposibilitado para responder a una situación de emergencia y también para darle solución a la vida cotidiana del ciudadano. “La destrucción institucional tiene que ver con el colapso de la industria petrolera, de la cual dependía 99% del presupuesto. A partir de 2013 no solamente no tenemos gasolina, sino que tampoco tenemos ingresos para pagar lo demás”. 

De Freitas mencionó informes de la organización, como el Corruptómetro, que revelan que la pérdida de recursos por casos de corrupción asociados a la estatal petrolera Pdvsa asciende a 42.000 millones de dólares, de los cuales más de 7.000 corresponden al sector salud. “No hablamos de casos que hemos ido documentando, sino que están en los sistemas de justicia de más de 21 países”. 

Como consecuencia, el país registra alarmantes indicadores sociales como una pobreza de 96% y una pobreza extrema de 79%, a los que se suma una galopante hiperinflación. “El programa de comida subsidiada, que paliaba la necesidad de alimentos de un sector de la población, es el que más corrupción tiene en el mundo con más de 50 investigaciones que llegan a superar los 2.000 millones de dólares. Esto en un país donde el salario para junio de este año es de menos de 3 dólares”. 

Sobre el impacto de la pandemia, De Freitas advirtió que, las tasas de trabajadores de la salud fallecidos son dramáticas. “Mientras la Organización Panamericana de la Salud (OPS) habla de 165 fallecidos, organizaciones independientes como Médicos Unidos, que reúne a galenos de todo el país, reporta 602. La diferencia es abismal”.

En cuanto al manejo financiero y presupuestario de la pandemia, destacó que Venezuela registró uno de los peores desempeños en transparencia y rendición de cuentas, según una evaluación de la Encuesta de Presupuesto Abierto publicada una semana atrás.  Por otro lado, calificó de “terrible” la situación de los derechos humanos en Venezuela, con ataques a medios de comunicación, periodistas y personal de salud; criminalización de la protesta, persecución a las organizaciones civiles y la desinformación promovida por al gobierno.

En relación con el plan de vacunación, dijo que se conoce de la llegada de 2.700.000 dosis, que solo cubriría a 1.350.000 personas, para una población de 28 millones de personas. “No tenemos idea si las vacunas las vamos a pagar, si son donaciones, cuánto cuestan, si generan más deuda, ni tampoco tenemos un plan de vacunación. Sí sabemos que los primeros que se vacunaron fueron los diputados del partido de gobierno y funcionarios del alto poder”. 

De Freitas indicó que a los actores mencionados (empresas, Estados y ciudadanos) agregaría los políticos que desde la oposición juegan electoralmente para generar aún más angustia a la población.  “Desde la sociedad civil se está pidiendo que ante la crisis de la pandemia y de la emergencia humanitaria, se deje de lado la lucha política. Se está pidiendo la negociación para la resolución de los problemas inmediatos. Creo que la posibilidad de que tengamos una mejor calidad de vida para las personas que más lo necesitan debe ser la prioridad para la sociedad civil”, 

Agregó que la oficina y los programas de Naciones Unidas tienen una responsabilidad muy importante en Venezuela, donde podrían estar haciendo la diferencia. “Necesitamos que desde afuera se exija un mínimo de transparencia, un mínimo de coherencia y un programa mínimo anticorrupción, porque no podemos ser cómplices de lo que está pasando”.

Aumento de riesgos

Delia Ferreira afirmó que con las crisis humanitarias aumentan los riesgos de corrupción. En 2020, Transparencia Internacional advertía cuáles eran los riesgos y las medidas que los gobiernos debían emprender para minimizarlos. “Lo primero que hemos visto es el uso de la emergencia de COVID como una excusa para el abuso del poder, abuso de discrecionalidad y de los derechos humanos, de poner en cuarentena a los organismos de control. En muchos países se canceló el derecho de acceso a la información pública”. 

De igual modo, dijo que esos riesgos se produjeron en los lugares donde advirtieron que iban a ocurrir: en contrataciones públicas y en el sector financiero y fiscal. “Un tercer elemento ha sido la falta de funcionamiento de todo el aparato de control. Esa debe ser una de las lecciones aprendidas. Deben existir los mecanismos de control de emergencia distintos de los normales. Si todos pudimos adaptarnos, el Estado también debe adaptarse para controlar”. 

Agregó que, para septiembre de 2020, había 19 escándalos de corrupción asociada a la COVID-19 a escala mundial, que implicaban 1,1 billones de dólares perdidos. “Nuestros centros de Asistencia Legal Anticorrupción recibieron, en 2020, 10.000 denuncias solo vinculadas a corrupción en pandemia”. 

Reiteró que existe una correlación clarísima entre falta de transparencia y corrupción, y que así lo muestran sus reportes de índices anuales. “En el último, quedó clara la relación entre los países percibidos como más corruptos en la administración pública y aquellos que peor respuesta sanitaria dieron. Había otra correlación gravísima: a más corrupción mayor abuso de los derechos humanos, restricción de la libertad de expresión y medios, ataques a las reglas del Estado de Derecho. La reconstrucción de la que se habla, tiene que ser la oportunidad para poner transparencia, integridad y control en el centro de nuestros esfuerzos”. 

Mejor preparados

Los ponentes coincidieron en el llamado a los organismos internacionales en ayudar a los ciudadanos y a que los Estados sean más transparentes. Secchi instó a actuar unidos para hacer frente al poder de las empresas con el tema de las vacunas. Mientas que De Freitas dijo que desde Naciones Unidas se podría empezar a profundizar en las experiencias positivas y en los errores, para la labor de seguimiento tanto al manejo de recursos como a la respuesta política a la crisis.  

“Hay asuntos que tienen que se tienen que empezar a discutir a nivel global, como el alcance de los decretos de emergencia, que han sido en gran parte responsables de minimizar el poder de las contralorías, del legislativo y de los ciudadanos.

«El mundo tiene que estar mucho más preparado para una emergencia, y esa preparación tiene que incluir programas anticorrupción”, agregó. 

Bohórquez coincidió en que Naciones Unidas tiene una oportunidad de abrogarse esos procedimientos de exigencia, para “volver a ser el estándar más alto, que ya no lo es. Sabemos que cuando se utilizan los mecanismos internacionales bajan la transparencia y los niveles de exigencia a los países. Tenemos que volver a hacer que Naciones Unidas sea el referente hacia donde deben ver los países y no a la inversa.  Ojalá volvamos al origen y sea fuente de inspiración y no el lugar que los gobiernos buscan donde esconder información pública”.