En los últimos años el Gobierno venezolano ha implementado acciones contra medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que se traducen en medidas de censura y limitaciones para el acceso a la información de carácter público.

Los poderes, sobre todo el poder judicial, y las instituciones de la administración pública son utilizadas como una barrera que impide a los ciudadanos tener acceso a datos relacionados con el manejo gerencial de los recursos del Estado y otros temas vinculados con la gestión, que son de interés colectivo.

Uno de los ejemplos más tangibles que evidencian la intención de censura por parte de los entes gubernamentales, tiene que ver con los atropellos, agresiones y limitaciones que se le han puesto a los comunicadores sociales en el país durante el ejercicio de su labor periodística.

Según los datos recabados por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), durante el 2012 en Venezuela se contabilizaron 22 violaciones a la libertad de expresión, siete caso de limitaciones arbitrarias de acceso a periodistas y medios de comunicación a sedes de organismos públicos, un caso de restricción a un periodista para formular preguntas a un funcionario público, una sentencia del TSJ que viola el derecho a la información pública, un caso de negativa por parte de un funcionario público de dar información sobre temas de interés colectivo, y cinco denuncias por robo de material periodístico. A esto se suman acciones legales contra medios de comunicación para impedir la cobertura de temas considerados sensibles por parte del Estado o que simplemente no quieren que se informe al respecto por creer que los datos serán utilizados por los enemigos políticos en contra de la gestión.

Poder judicial como barrera

Irónicamente el Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), es una de las principales barreras que deben atravesar los ciudadanos u organizaciones no gubernamentales a la hora de hacer valer el derecho de acceso a la información pública. Las denuncias que en este sentido son llevadas a los tribunales, no tienen, en la mayoría de los casos, una sentencia a favor de los demandantes.

“En el sistema de justicia venezolano, cada vez se hace más difícil, obtener una sentencia que exija a la administración pública otorgar información. A pesar de que se fundamenta por diferentes acciones, ante los diferentes tribunales competentes por casos de interés prioritario para los venezolanos, como pueden ser el sector salud, manejo de recursos económicos, seguridad ciudadana”, indica un informe presentado por Transparencia Venezuela.

En el mismo documento se detalla que de 11 casos llevados a tribunales, por la coalición de organizaciones que defienden el acceso a la información pública, todos han tenido sentencias negativas que favorecen a los entes gubernamentales y no a los demandantes.

Algunos de los casos en los que se ha tocado las puertas de las instituciones y despachos ministeriales para obtener información de manejo público tienen que ver con los salarios de los funcionarios de la Contraloría General de la República, los boletines epidemiológicos por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, los planes para combatir la violencia de género, la tasa de criminalidad en el país, el manejo de la publicidad gubernamental e información solicitada a Petróleos de Venezuela sobre los derrames de crudo ocurridos entre 2010 y 2011. A todas estas peticiones la respuesta fue el silencio administrativo y luego el respaldo por parte del TSJ a la cultura de secreto sembrada en los entes gubernamentales en detrimento del derecho humano de los ciudadanos de acceso a la información pública.