(Caracas, 06.10.2011) El Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido el Estado venezolano, es una evaluación sobre sus compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos que se llevará a cabo el 07 de octubre en Ginebra, Suiza, es una oportunidad para que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del derecho internacional; y efectivamente impulse políticas públicas consistentes con una perspectiva de Derechos Humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil independientes conscientes de la importancia del Examen Periódico Universal (EPU) exhortan al Estado a cumplir con las obligaciones internacionales suscritas -pactos, convenciones, protocolos- ya que, su no cumplimiento impide u obstaculiza la protección de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación alguna.
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH- UCAB) expresó “Venezuela ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, llegando al colmo de encarcelar a una juez que acató de manera autónoma una resolución de un órgano de protección de derechos humanos internacional, como es el caso de la Juez Afiuni”.
El Examen Periódico Universal “es una oportunidad para que en Venezuela exista un abordaje de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos” expresó Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. Además, considera que “el Estado venezolano y el conjunto de organizaciones tienen que ver el EPU como una oportunidad para efectivamente mejorar la situación de los derechos humanos en el país”.
El EPU es una oportunidad para construir políticas públicas acordes a las necesidades del país, que responda a las expectativas sobre la vigencia efectiva de los derechos humanos, durante y después de la evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Con este objetivo, un conjunto de cerca de 150 organizaciones, que incluyen a redes nacionales como Sinergia, Foro por la Vida entre otras, ofrecieron un balance a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los obstáculos y restricciones que vive el país para la efectiva protección de los derechos humanos abarcando la libre expresión e información, el derecho a la vida y la seguridad ciudadana —en lo que atañe a la violencia institucional, social y dentro de los establecimientos penitenciarios—, las garantías judiciales y el acceso a la justicia, las garantías de los derechos sociales y ambientales —particularmente el acceso a la vivienda, la salud y el agua potable—, y el derecho de toda persona a ser reconocida y no discriminada, especialmente niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, personas con VIH, pueblos indígenas y personas solicitantes de refugio, recogiendo la afectación, vulneración o violación de 35 derechos humanos.
Yolanda D´Elia, de la asociación civil Civilis, indicó que 150 organizaciones hicieron un esfuerzo para visibilizar la situación de los derechos humanos en nuestro país y presentar propuestas para superar los desafíos que de allí derivan. Es así como el papel de la sociedad civil se torna importante al hacer contraloría social al Estado Venezolano, vigilando el cumplimiento de las recomendaciones reconocidas y el compromiso por mejorar su situación.
La evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela es un proceso que continúa después de la sesión del 07 de octubre. Posteriormente, el 11 de octubre, el Estado Venezolano señala cuáles recomendaciones realizadas por otros Estados reconoce y se compromete a trabajar en su mejoramiento y cuáles recomendaciones no acepta.
Por otra parte, el EPU puede ser el puente de diálogo necesario entre la sociedad civil y el gobierno nacional, en la construcción conjunta de soluciones acordes a las necesidades del país, apoyándose en el trabajo legítimo que las organizaciones llevan a cabo en las distintas áreas de acción.