La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló que en 2022 dos de cada cinco nuevas solicitudes de asilo en el mundo fueron de ciudadanos de América Latina y el Caribe, con Venezuela a la cabeza. En tanto, la plataforma R4V actualizó la cifra de connacionales que han salido del país en 7,32 millones
Transparencia Venezuela, 20 de junio de 2023. Desde 2015, fecha en la que fue declarada la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, provocada por la Gran Corrupción, el país experimenta una severa crisis migratoria. Sin embargo, según la narrativa oficial, la cifra de migrantes es mucho menor a la reportada por organismos internacionales, y se da cuenta del supuesto retorno masivo de connacionales mediante el plan “Vuelta a la Patria”. Todo a raíz de que la economía nacional experimentó en 2022 un ligero repunte. Pero, la realidad es que el éxodo no se ha detenido; por el contrario, se incrementó durante el último año.
Así lo reveló la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que depende de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual ubicó en poco más de 7,3 millones la cifra de personas, casi la mitad de ellas jóvenes, que han abandonado el país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.
A la par de que se agudiza el éxodo, se incrementó en lo interno la crisis que generó el mayor desplazamiento humano de América Latina y el segundo más grande del mundo. Las razones que originaron la emergencia humanitaria no han cesado y las desigualdades se han profundizado, según se evidenció en la Encovi 2022. Aunque 2023 comenzó con optimismo, la burbuja de bonanza con la que cerró el año pasado comenzó a disiparse y lo expertos prevén una contracción que amenaza con regresar al país a niveles hiperinflacionarios ya superados.
En ese contexto, desde hace poco más de dos meses el país es epicentro de un escándalo de corrupción de grandes proporciones que tiene como origen la estatal Pdvsa e involucra a altos funcionarios públicos, actores políticos y empresarios; y compromete ingentes recursos públicos que pudieron haberse destinado a solucionar algunos de los problemas que llevan a los sectores más golpeados de la población a pensar en que la mejor opción es emigrar.
Pero muchos de los que han salido del país lo han hecho en tales condiciones de vulnerabilidad que no solo se han visto expuestos a distintas formas de corrupción y delitos graves, como la trata de personas, sextorsión, esclavitud moderna y trabajo forzado, también han tenido que enfrentar la discriminación, la xenofobia y la falta de acceso a servicios elementales como salud y educación.
La comunidad internacional ha hecho esfuerzos extraordinarios para atender la crisis generada por el desplazamiento de venezolanos y los problemas que la migración descontrolada ha ocasionado en los países de acogida. ACNUR estima que dos de cada cinco nuevas solicitudes de asilo en el mundo en 2022 fueron de ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, con Venezuela a la cabeza.
La cifra implica un aumento de 186% con respecto al año anterior. Es decir que, a fines de 2022, cerca de 5,45 millones de venezolanos eran refugiados o necesitaban protección internacional, lo que representa 16 de cada 100 ciudadanos, solo por detrás de Siria y Sudán del Sur, según ACNUR.
Un problema global
Como antesala al Día Mundial del Refugiado, ACNUR dio a conocer que, desde 2021, el número de refugiados en todo el mundo ha ido en aumento. Sin embargo, reseñó que, en lo que va de 2023, el registro de migrantes y desplazados ha batido récords.
La agencia ubicó en 110 millones la cantidad global de desplazados por la fuerza, es decir, huyendo de guerras, persecución, hambre y desidia en sus países de origen. En tanto que, en 2022, el registro fue de 108,4 millones y 98,3 millones en el período anterior.
Aunque ACNUR reconoce que los conflictos en Ucrania y Sudán han contribuido a engrosar la alarmante cifra, no es menos cierto que el caso venezolano es una tragedia que sigue siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional. La OIM informó, en enero pasado, que al menos 321 migrantes murieron o desaparecieron en rutas marítimas por el Caribe en 2022 y solo la mitad pudo ser identificada. Entre ellos, hubo 25 venezolanos. En tanto, voceros del extinto gobierno interino aseguran que, ese año, 71 venezolanos fallecieron en las rutas migratorias.
Recientemente, en marzo de 2023, se llevó a cabo la Conferencia Internacional en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida, evento organizado por los gobiernos de Canadá y la Unión Europea, con la participación de ACNUR y la OIM.
Pese a que la administración de Nicolás Maduro calificó el evento de “hostil”, lo cierto es que la comunidad internacional destinará 807 millones de euros en ayuda humanitaria para los refugiados y migrantes venezolanos, en el marco de la conferencia internacional realizada en Bruselas.
De este monto, la Unión Europea aportará 75 millones de euros y Estados Unidos 171 millones de dólares (unos 160 millones de euros). Al término del encuentro, el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, pidió una «solución sostenible a esta crisis humanitaria y política» que ha provocado más de 7,3 millones de refugiados venezolanos, y ello pasa, según el funcionario, por «un diálogo político» entre el gobierno y los actores políticos.
A su vez, Lenarcic hizo un llamado a que las elecciones presidenciales previstas para 2024 sean «libres y justas», de manera que Venezuela «vuelva a la senda democrática y sostenible».
El Día Mundial del Refugiado es una fecha propicia para honrar a las personas que se han visto obligadas a escapar de su país y comenzar de cero en el extranjero. También para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran.
Transparencia Venezuela ratifica su compromiso de lucha contra la corrupción causante del desastre humanitario que ha empujado al exilio a cerca del 25% de la población nacional, según estudios.
Además, la organización se une al llamado a que se fortalezcan los mecanismos de atención para nuestros migrantes en las rutas fronterizas y en los países de acogida, y que se adopten medidas eficaces para minimizar los riesgos de corrupción a los que se encuentran expuestos en su tránsito por los corredores fronterizos.