Si la distribución de recursos marca las prioridades de las instituciones, puede concluirse que la Asamblea Nacional no ha dado mayor importancia al control de la gestión pública y el combate contra la corrupción en el país.
En su último informe de gestión, la Comisión de Contraloría de la AN reporta que en 2014 recibió 724.400 bolívares. Ese monto representa 0,026% del presupuesto total que manejó el Poder Legislativo venezolano durante el pasado ejercicio, que alcanzó los Bs. 2.797.271.522.
El Reglamento Interior y de Debates señala que la instancia presidida por el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara) tiene a su cargo “la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas limitaciones que establece la Constitución de la República y la ley”. La junta directiva del Parlamento debería explicar el destino del dinero que administró en 2014 y porqué asignó tan poco a la Comisión de Contraloría.
En su balance del año pasado, la Comisión de Contraloría reconoce que suspendió viajes al interior de la República, en el marco de las averiguaciones que estaba desarrollando, “por falta de disponibilidad presupuestaria”. De acuerdo con ese mismo documento, la comisión dedicó 56% de sus recursos (Bs. 405.731) a la cancelación de viáticos. En contraste, la AN empleó Bs. 40.724.913 para sus viáticos en 2014, lo que equivale a 1,46% de su presupuesto total.
La Asamblea Nacional debe demostrar que su compromiso con la transparencia y la lucha anticorrupción va más allá del discurso. Entregar un presupuesto tan bajo a la Comisión de Contraloría, deja en entredicho la voluntad real del Poder Legislativo de investigar y enfrentar las desviaciones e irregularidades que afectan el desempeño de la Administración Pública en Venezuela.