El Informe de 2012 presentado por ProAcceso este viernes 10 de agosto, evidencia las distintas barreras generadas por los poderes públicos que impiden o limitan a los ciudadanos acceder a información que les pertenece por derecho constitucional, y debería estar a su alcance. Venezuela, no ha dado un solo paso a favor del libre acceso a la información pública, más bien ha promovido la opacidad a través de marcos legales que limitan el acceso, de la censura y autocensura en los sectores públicos y privados, la impunidad que los funcionarios que restringen el acceso a la información, con tribunales alcahuetes de las políticas del secreto.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela y miembro del Equipo Coordinador de ProAcceso, expuso que desde 2001 se han venido aprobando leyes y normas de opacidad (22 evaluadas en este informe) en la Asamblea Nacional y por ley habilitante en Decretos Presidenciales como la creación del CESNA (Centro de Estudios Situacionales de la Nación), o la Normativa de Clasificación y de Tratamiento de la Información en la Administración Pública, entre otras que ponen en manos de los funcionarios la potestad de entregar o no la información solicitada, así como también vigilar aquella que sea revelada.

Asimismo, las limitaciones alcanzan riesgos en la cobertura de asuntos de interés público por parte de medios de comunicación, debido a las agresiones y amenazas que han recibido los comunicadores y medios que ya, desde enero hasta el 8 de agosto de 2012, Ipys Venezuela ha registrado 22 violaciones a la libertad de expresión y seis medidas arbitrarias contra medios de comunicación.

Por otra parte, señala el informe que en la actuación de ciudadanos, organizaciones y empresas se instala la autocensura por temor a represarías que impidan el acceso a un beneficio social, a permisos, a dólares de CADIVI, a un ataque, expropiación, multas o suspensiones.

Y es que el venezolano no tiene donde acudir, ya que en el sistema de justicia venezolano cada vez se hace más difícil obtener una sentencia que exija a la administración pública otorgar información. De los 11 casos en los que organizaciones de la Coalición han llegado hasta los tribunales, el 100% han obtenido sentencias negativas al solicitante, con argumento contrarios al sistema internacional, como la necesidad de presentar el “interés legítimo” y la proporcionalidad de la información solicitada.

¿Cómo se consigue información en un país donde se registran 316 solicitudes emitidas a entes públicos y solo 11 respuestas; 4 de ellas satisfactorias? La Coalición ProAcceso invita a la participación en miras de derribar estos muros de la opacidad exigiendo independencia en las instituciones del Estado y fortaleciendo los sistemas interamericanos de defensa de los derechos humanos. La consecuencia de todo esto es la apatía y el conformismo de muchos venezolanos que se sienten impotentes ante esta situación.

A estos muros de opacidad se suma ahora la amenaza del gobierno nacional de salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, única instancia que le queda a los venezolanos para exigir justicia en la defensa de su derecho a la información pública actualizada, completa, clara, veraz y oportuna.