Economías ilícitas en Venezuela:
Una renta creciente repartida entre aliados
La naturaleza misma de las economías ilícitas complica los distintos análisis que sobre su magnitud puedan hacerse en el mundo. Por tratarse de actividades desarrolladas por redes criminales, que operan principalmente en las sombras, con capacidad para extenderse entre distintas jurisdicciones y elevados niveles de impunidad, resulta un ejercicio retador intentar medir su peso en la economía de los países y su impacto en la vida de los ciudadanos.
Los elevados niveles de opacidad existes en Venezuela, la ausencia de rendición de cuentas sobre las gestiones oficiales para luchar contra las economías ilícitas y la falta de respuesta a las solicitudes de información enviadas por la sociedad civil, se suman a las dificultades para medir el volumen e impacto de estas actividades. No obstante, cálculos realizados a partir de la consulta documental de fuentes secundarias nacionales e internacionales, las visitas y entrevistas presenciales realizadas en regiones del país en las que más se registran estos ilícitos, así como la consulta a personas que trabajan en entes del Estado, permiten hacer una aproximación al tamaño de los ilícitos.
En este sexto informe de Economías Ilícitas bajo el manto de la impunidad, Transparencia Venezuela actualiza su estimación sobre el peso que tienen estas actividades ilegales en el país. En alianza con la firma de consultoría económica y financiera, Ecoanalítica, nuestra organización hace una revisión sobre las rentas generadas por el contrabando de minerales, drogas y combustible en 2022, así como los ingresos que se reportaron el año pasado por las extorsiones que se produjeron en los puertos nacionales.
De acuerdo con las estimaciones, en 2022 los ilícitos generaron USD 9.402 millones, lo que equivale a 15,67% del total de la economía del país, si se toma como referencia que el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en USD 60.000 millones el año pasado.
Aunque el monto de las economías ilícitas en 2022 fue similar al del año previo (de USD 9.444 millones en 2021 a USD 9.402 millones en 2022), su peso sobre el PIB bajó (de 21,74% en 2021 a 15,67% en 2022) por el incremento en la estimación del PIB nominal en dólares que pasó de USD 43.440 millones a USD 60.000 millones.
La investigación permite precisar que en 2022 la producción de oro en Venezuela aumentó en 20% para situarse en un rango de entre 37.5 y 45 toneladas al año, lo que representa entre USD 2.250 y 2.685 millones. De ese monto, solo alrededor de 25% habría ingresado al Banco Central de Venezuela o serían lícitos; 45% pasó por manos de las llamadas alianzas estratégicas entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y sospechosas actores privados que han establecido negocios irregulares; y un 30% se quedó con actores meramente ilícitos, como las redes criminales que se encargan de participar de la explotación y la comercialización ilegal del oro.
La profundización de la investigación sobre la explotación del oro en Venezuela permitió identificar que a finales de 2022 y el primer semestre de 2023 se vivieron importantes modificaciones en el sector. El gobierno incrementó el control en el Arco Minero del Orinoco a través de la CVM, con todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que integran el nuevo Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo) y con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en un intento de captar más rentas. Asimismo, ha seguido en alza el poder de las alianzas estratégicas presentes en la zona, se han establecido más y se han ampliado las que ya existían. Todas estas acciones llevan a prever que:
al cierre de 2023 la producción de oro puede estar aumentando entre 20% y 30%, para reportar como mínimo USD 2.835 millones o un máximo de alrededor de USD 3.686, que se estarían repartiendo entre actores legales, pero irregulares y agentes meramente ilegales.
Para una mejor comprensión del negocio del oro, los cambios registrados en el último año y los delgados límites entre lo legal, lo irregular y lo ilegal, en este reporte se dedica un amplio capítulo a la revisión de las dinámicas del sector. El texto incluye una revisión del marco legal que regula la comercialización del mineral, con las diferentes figuras autorizadas para llevar a cabo los procesos propios de esta actividad; los porcentajes que se deben pagar por regalías y autorizaciones para la exportación; y los escenarios en los que se producen los ilícitos. Se destaca la discrecionalidad, así como la opacidad y extrema elasticidad de las figuras de las alianzas estratégicas.
Además del análisis del negocio del oro, en este informe se incluye información sobre el coltán y el rodio. A pesar de la limitada información disponible, explorando diversas fuentes, se desprende que:
el contrabando de coltán les podría generar al menos USD 750.000 anuales y el contrabando de rodio alrededor de USD 350 millones
(teniendo en cuenta la volatilidad de su precio) a las organizaciones criminales dedicadas a estas actividades.
En relación con el contrabando de drogas, para esta entrega se mejoró la estimación de las rentas que quedan en Venezuela como país de tránsito, esencial para conectar la producción de Colombia con los mercados de consumo final.
Durante 2022, las incautaciones reportadas de cocaína y marihuana en Venezuela aumentaron 2,76% y 89,16%, respectivamente.
Utilizando nuevas aproximaciones estadísticas, se calcula que a los carteles, grupos guerrilleros y otras organizaciones criminales que operan en el narcotráfico en Venezuela les ingresaron USD 5.115 millones durante 2022.
Aunque el contrabando de combustible ha disminuido en relación con años previos, esta actividad sigue generando recursos a las redes ilícitas involucradas, entre los que se encuentran efectivos corruptos de las fuerzas armadas que estarían a cargo de la seguridad en las estaciones de servicio.
De acuerdo con los cálculos realizados,en 2022, este tráfico pudo generar una renta de USD 2,09 millones diarios o alrededor de USD 760 millones de dólares anuales
El monto es menor que en 2021 y puede obedecer a la reducción progresiva de la cantidad de gasolina subsidiada que se vende en el país, que pasó de 42% en 2022 a 25% al cierre de 2022 y que en 2023 continúa cayendo.El análisis sobre la renta generada a partir de la extorsión en los puertos venezolanos también presenta variaciones. Aunque en 2022 disminuyó el número de envíos “puerta a puerta”, a los que algunas autoridades portuarias les cobran para poder legalizarlos, la tarifa de las extorsiones subió permitiendo un aumento neto de los ingresos en un 16%.
Esta actividad ilegal, según las estimaciones, reportó USD 1.394 millones. Se prevé que después de julio de 2023, a propósito de la decisión de las autoridades venezolanas de retomar el cobro de impuestos por importaciones, los montos de la extorsión van a variar.
En esta entrega Transparencia Venezuela no presenta cifras sobre las rentas que se pueden estar generando por la trata de personas o los distintos tipos de extorsión que forman parte de las economías ilícitas que tienen lugar en el país. Sin embargo, sobre el primer punto, en las próximas semanas se presentará un amplio informe que incluye cifras internacionales de trata que da cuenta del tamaño que tiene esta actividad y el gran daño que ocasiona a la ciudadanía.
En relación con la extorsión, en los próximos meses se prevé evaluar las metodologías que permitan acercarse al peso económico de los cobros ilegales que hacen los grupos criminales a industriales, comerciantes y a los ciudadanos comunes para dejarlos vivir.
En la investigación Economías ilícitas al amparo de la corrupción, de 2022, sí está disponible un informe sobre extorsión en puntos de control o alcabalas contra las personas que transportan alimentos y otro tipo de bienes básicos en Venezuela. A partir de una consulta aplicada a las principales empresas relacionadas con los servicios de transporte y distribución del país se precisó que la probabilidad de extorsión en alcabalas se ubica en 25%, es decir, que en uno de cada cuatro puntos de control lo más probable es que exijan dinero o alimentos.
