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CAPÍTULO 1

EXTORSIÓN
EN ALCABALAS VENEZOLANAS

A lo largo del territorio venezolano, los cuerpos de seguridad y defensa han instalado cientos de puestos de control, o alcabalas, que formalmente tienen como propósito contribuir con la seguridad de la población. No obstante, en la práctica, muchos de estos lugares se han convertido en un espacio para la arbitrariedad en el que efectivos retienen a los ciudadanos y muchas veces sin justificación los obligan a realizar pagos al margen de la ley, lo que en Venezuela es popularmente conocido como “matraqueo”.

Aunque la extorsión en las alcabalas venezolanas no es un fenómeno reciente, el incremento de esta actividad ilegal en los últimos años ha provocado un impacto mayor en las víctimas, específicamente en las personas que transportan cualquier tipo de mercancía legal, desde legumbres y verduras, hasta alimentos procesados o medicinas. El alza del matraqueo ha sido tal que desde los pequeños productores hasta las grandes empresas han tenido que incluir estos montos en sus estructuras de costos, lo que a la larga impacta en el precio final que pagan los consumidores.

A efectos de este informe, la extorsión en las alcabalas también es considerada una economía ilegal, que contribuye a la captación de rentas de efectivos corruptos y que crea distorsiones económicas con un impacto negativo a la población.

Los cobros ilegales en las alcabalas venezolanas se intensificaron a partir de la cuarentena decretada en medio de la pandemia de Covid-19. Algunos efectivos de seguridad y defensa instalados en puestos de control se amparaban en la confusión que existía alrededor de las medidas de restricción de movilidad que estaban vigentes, obviaban las excepciones previstas y disponían arbitrariamente quién podía circular libremente y quién debía pagar lo que ellos dispusieran para poder transitar.

“He dado la orden, señora vicepresidente (Delcy Rodríguez), usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le imponen en las alcabalas al pueblo de Venezuela”, afirmó el mandatario Nicolás Maduro, en una alocución del 12 de julio de 2021, luego de que le reclamaran los cobros ilegales que se hacen en esos lugares.

Pese a la orden presidencial, la situación no cambió. De acuerdo con un análisis realizado en conjunto por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica hay una alta probabilidad de extorsión en las alcabalas dispuestas en el territorio venezolano, que se incrementa en las vías de occidente. Según el estudio aplicado, se estima que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión.

Estudio aplicado a empresas:

En el primer trimestre de 2022 se aplicó un estudio a 20 empresas relacionadas con los servicios de transporte y distribución del país, con el fin de medir variables relacionadas a su experiencia con la extorsión en puestos de seguridad terrestre en Venezuela. Del estudio, se logró el levantamiento de datos efectivos de 10 de esas compañías y tras hacer un promedio de sus respuestas se precisó que la probabilidad de extorsión se ubica en 25%

Aunque hay limitaciones muestrales de este levantamiento de información, por la escasez de datos registrados o la falta de seguimiento de los casos de extorsión, así como por la resistencia de las empresas en aportar mayor detalle por temor a represalias, el estudio también permitió identificar los cuerpos de seguridad y defensa más involucrados, según las respuestas.

Puestos de control incorporados

La información sobre los puestos de control fijos y móviles de los organismos de seguridad y defensa –GNB, Ejército, Cicpc, PNB y policías estadales y municipales–, aportada por las empresas fue corroborada y ampliada con trabajo de campo propio e información documental. Asimismo, todos estos puntos fueron geolocalizados en un mapa real de Venezuela que permitió conocer su ubicación exacta o aproximada.

La sistematización de los datos permitió identificar 322 puntos de control ubicados sobre las troncales y vías regionales, distribuidos así: 223 de la Guardia Nacional Bolivariana, 55 de la Policía Nacional Bolivariana, 33 de las policías estadales, 3 de las policías municipales, 3 de la policía judicial y 3 del Ejército Bolivariano.

A partir de la información recabada y conscientes de las limitaciones, se aplicó un modelo para estimar las distribuciones de probabilidad asociadas a los hechos de extorsión. El resumen del modelo metodológico empleado puede ser consultado en los anexos de este informe.

El modelo permitió estimar probabilidades de extorsión y ocurrencia de eventos de extorsión en cada uno de los 322 puntos de control recaudados, como se puede observar en el siguiente mapa.

Mapa de probabilidad de extorsión
en carreteras venezolanas

Para visualizar los resultados del modelo de probabilidad de extorsión en vías terrestres, Transparencia Venezuela y Ecoanalítica optaron por crear un mapa del territorio venezolano donde se estableciera la localización precisa de los puntos de seguridad en las 18 troncales o carreteras nacionales. Se empleó el lenguaje de programación R en un entorno integrado de desarrollo (IDE, por sus siglás en inglés) de Rstudio para construir un tablero en el que se proyecte la información estadística geoespacial.

Los datos de un total de 322 puestos de control fijo y móvil fueron cargados en el mapa, asegurando la medición de variables relacionadas con la extorsión que enfrentan a diario los servicios de transporte y distribución de productos de consumo general en todo el país. En el mapa, los lectores tienen diversas opciones de visualización de esos puestos policiales y militares por carretera y entidad federal, obteniendo el resultado singular de cada uno en cuanto a la probabilidad de extorsión calculada sobre la base de una fórmula econométrica.

El trabajo de investigación conjunto de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica permitió hacer un inventario único de fuentes para la geolocalización de los puestos de control terrestre y el levantamiento de datos de ocurrencia de hechos de extorsión por parte de funcionarios inescrupulosos de la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana, el Cicpc y las policías estadales y municipales.

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