EL Ministerio Público frente a las economías ilícitas: inacción, complicidad y opacidad
En este análisis profundizamos sobre la actuación de la Fiscalía General venezolana ante el crimen organizado durante el año 2022, a través del registro de la escasa y limitada información oficial disponible. El monitoreo de las noticias publicadas en este período en la página del Ministerio Público, realizado por Transparencia Venezuela, se centra en delitos como narcotráfico, tráfico de material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales.
¿El Ministerio Público ejerce la acusación y obtiene la condena contra el crimen organizado en nuestro territorio? Los resultados obtenidos indican que no existe información pública que respalde el que la Fiscalía venezolana esté asumiendo con eficacia esta potestad, ante la gravedad y peligrosidad de los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Sin acción eficaz del Ministerio Público está garantizada la impunidad para los hechos delictivos, incluyendo los relativos al crimen organizado.
La intención de este examen es proponer recomendaciones para contribuir a que se reviertan, en la medida de lo posible, las debilidades del Ministerio Público.
En este análisis profundizamos sobre la actuación de la Fiscalía General venezolana ante el crimen organizado durante el año 2022, a través del registro de la escasa y limitada información oficial disponible. El monitoreo de las noticias publicadas en este período en la página del Ministerio Público, realizado por Transparencia Venezuela, se centra en delitos como narcotráfico, tráfico de material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales (ver Anexo Base ilícitos MP).
¿El Ministerio Público ejerce la acusación y obtiene la condena contra el crimen organizado en nuestro territorio? Los resultados obtenidos indican que no existe información pública que respalde el que la Fiscalía venezolana esté asumiendo con eficacia esta potestad, ante la gravedad y peligrosidad de los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Sin acción eficaz del Ministerio Público está garantizada la impunidad para los hechos delictivos, incluyendo los relativos al crimen organizado[1].
La intención de este examen es proponer recomendaciones para contribuir a que se reviertan, en la medida de lo posible, las debilidades del Ministerio Público.
ECONOMÍAS ILÍCITAS
AL AMPARO DE LA
CORRUPCIÓN
La información que permite valorar la actuación del Ministerio Publico venezolano es escasa porque no se cuenta con informes de gestión, estudios o estadísticas oficiales. El sitio web de este organismo (http://www.mp.gob.ve/ ) es la fuente primaria para este análisis, a través de un registro de las notas de prensa publicadas en esta página en 2022, las cuales carecen de estructura y sistematización.
En el portal del Ministerio Público podemos encontrar: estructura de la Fiscalía venezolana; identificación de los fiscales (aunque para julio de 2023 la lista de fiscales ya no está disponible), sus áreas de competencia y sus oficinas de adscripción; un link de atención al ciudadano para recabar denuncias; así como gran cantidad de noticias en las que el protagonista es el fiscal general u otras en las que se anuncian sentencias condenatorias, mas no las absolutorias.
En el monitoreo, Transparencia Venezuela identificó 92 registros de actuaciones, reseñadas en notas de prensa por el mismo Ministerio Público, sobre tráfico de drogas, contrabando de gasolina y de material estratégico, desde el 20 de enero de 2022 hasta el 21 de diciembre de 2022.
Durante 2023, Transparencia Venezuela ha continuado sistematizando los reportes de prensa publicados por el mismo Ministerio Público, única información ofrecida por ese despacho, además de las ruedas de prensa sin preguntas del fiscal general, vinculadas a los delitos de narcotráfico, tráfico de gasolina y otros materiales estratégicos, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales.
Desde enero hasta julio de 2023, hemos registrado, por lo menos, 57 de notas de prensa donde la fiscalía refiere hechos vinculados con ilícitos, distribuidas de la siguiente manera: 43 sobre drogas, 5 de tráfico y trata de personas, 4 relacionadas a contrabando de drogas, 4 de material estratégico y el caso Pdvsa- Cripto. De ese total, 26 reportes se refieren a sentencias condenatorias por ilícitos ocurridos en años anteriores.
En lo que va de 2023, la información sigue siendo insuficiente, parcial, discrecional, y requiere de un gran esfuerzo de sistematización para hacerle seguimiento a las acciones ejercidas por el Ministerio Público y determinar en qué casos avanza la acción penal, cuántas causas tienen sentencia condenatoria o absolutoria y cuáles se mantienen paralizadas.
También ha sido imposible contrastar aún los resultados de esta evaluación con los informes de gestión de instituciones conexas, como la Superintendencia Nacional Antidrogas y el Observatorio Venezolano de Drogas, y además compararlos con el contenido de los informes emitidos por organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), porque estos serán públicos en 2024.
Para entender mejor lo opaca y confusa que resulta ser la información reportada por el Ministerio Público en materia de drogas, se puede considerar que existen dos niveles de discurso: uno, en ruedas o notas de prensa, en las que el fiscal general habla de supuestas altas cifras de investigaciones, detenciones y condenas en casos de narcotráfico; y otro que se revela al revisar, exhaustivamente, la poca información pública que ofrece el Ministerio Público a través de su portal.
En el primer nivel de discurso, el Ministerio Público reseñó en una nota del 24 de noviembre de 2022, que desde el 2017 se han presentado 21 mil 511 acusaciones y 31 mil 965 imputaciones, quedando privadas de libertad 8 mil 160 personas, por delitos vinculados a drogas. Allí también se informó que se han dictado 9 mil 377 sentencias condenatorias por acciones vinculadas con esos delitos, e incautado 224,4 toneladas de drogas (171,2 toneladas de cocaína y 52,2 toneladas de marihuana).
Para el año 2022, según el informe nacional 2023, publicado por la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD), los datos suministrados por el mismo Ministerio Público refieren que fueron investigadas y demandadas 4.015 personas por delitos de drogas en el territorio venezolano. De ellas, 3.989 personas (99,35%) eran venezolanos, en un grupo en el que había hasta 11 nacionalidades diferentes. También, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, fueron condenadas 1.570 personas durante ese año: 1321 hombres (84,14%) y 204 mujeres (13%). Sin embargo, podemos observar que al realizar la sumatoria de las cifras discriminadas por género, el resultado es de 1525 personas condenadas.
Por otra parte, el 12 de julio de 2023, el fiscal general anunció que la División de Inteligencia Antidrogas del Ministerio Público, creada en abril de 2021, había elaborado 198 informes técnicos y 67 informes de inteligencia.
No obstante, el segundo nivel de discurso está más allá de los números globales que ofrece el Ministerio Público. Las cuentas son otras cuando se examina en detalle las pocas y discrecionales acciones publicadas, por este organismo en el 2022, vinculadas a la lucha contra las drogas. Transparencia Venezuela hizo el seguimiento de lo publicado por la Fiscalía en su portal, única fuente de información como ya señalamos, y obtuvo los siguientes resultados:
Se registraron 54 reportes de prensa en la página del Ministerio Público sobre privativas de libertad o condenas relacionadas con delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El número de reportes con información oficial es muy bajo con respecto al total de actuaciones judiciales que debería realizar este organismo, en vista de la magnitud de las modalidades de crimen organizado en Venezuela y de los resultados de los operativos que los organismos de seguridad del Estado reportan.
De esas 54 notas publicadas en 2022, 17 aludían a hechos ocurridos entre 2011 y 2021. No obstante, en el período, el Ministerio Público menciona a 115 personas (95 hombres y 20 mujeres), de las cuales solo 11 son funcionarios: 4 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 3 exdiputados de la Asamblea Nacional, 1 funcionario de la Armada Nacional, 1 exalcaldesa, 1 funcionario de un concejo municipal y 1 policía municipal. Este dato contrasta con el informe de la SUNAD- 2023, que señala que el mismo Ministerio Público aseguró que, al menos, 4.015 personas fueron investigadas y demandadas en 2022. También evidencia la ausencia de información confiable y la discrecionalidad con la que es manejada.
Los casos distribuidos por estados (mencionados en 51 de los 54 reportes) reflejan que el Ministerio Público efectuó el mayor número de publicaciones sobre delitos de drogas en los estados Táchira (11), Bolívar (9), Monagas (9) y Amazonas (5). Hay que resaltar que sobre el estado Zulia, fronterizo con Colombia y donde hay presencia de carteles de la droga, la fiscalía solo hizo referencia a 2 investigaciones. Esta información contrasta con el informe de la SUNAD 2023, que apunta que las mayores incautaciones de drogas del período 2022 fueron realizadas en Zulia, Falcón, Bolívar y Apure.
En los 54 registros encontrados en la página oficial del Ministerio Público, se menciona el tipo de droga y la cantidad, que se discriminan así: en 19 casos incautaron cocaína, en 25 marihuana, en 1 caso anfetamina, en 1 crack, en 1 heroína y en 7 cocaína y marihuana.
De las reseñas sobre su actuación, el mismo Ministerio Público revela que solo 3 casos de los investigados superan los 1.000 kilos de drogas y otros 5 casos los 100 kilos. La mayor incautación es por 4.710 kilos de pasta de base de coca en un campamento ilícito en Zulia. El segundo decomiso más grande que investiga la Fiscalía es por 2.856 kilos de marihuana. De los 54 registros encontrados en el sitio oficial del Ministerio Público, el total de la droga incautada para el período analizado es de aproximadamente 13.000 kilos. Es una cifra que luce muy baja, si se considera que el informe de la SUNAD 2023 menciona que en 2022 se incautaron 47.264.837 kilos de droga y se efectuaron 8.223 procedimientos.
Se registró que, de acuerdo a información de la Fiscalía, hubo solo 30 sentencias condenatorias por drogas. Así, 6 personas recibieron sentencias entre 5 y 10 años, 13 personas fueron condenadas entre 12 y 15 años, 6 personas recibieron condenas entre 16 y 20 años, y 5 personas entre 20 y 25 años. Se reportan condenatorias de 25 años de cárcel que corresponden a los siguientes dos casos: uno relacionado con el decomiso de un vehículo, con 1.594 panelas de marihuana, cuyo peso neto fue de 857 kilos, y un segundo caso de otro vehículo que transportaba 50 kilos de marihuana. En 2023, 2 hombres fueron condenados a 30 años de prisión por 940 gramos de marihuana, es decir, menos de un kilo de droga. Esta cifra de condenas contrasta con la registrada en el informe nacional antidrogas de la SUNAD 2023, en el que se señala que -según los datos suministrados por el Ministerio Público- en 2022 fueron condenadas por drogas 1.570 personas. Las informaciones publicadas por el Ministerio Público en su página solo hacen referencia a 30 condenatorias, por lo que no se tiene información vinculada a las otras 1.540 sentencias condenatorias. Tampoco se conoce el número de sentencias absolutorias.
Tampoco se encontró información en el sitio web del Ministerio Público sobre sentencias condenatorias contra irregulares pertenecientes al ELN o las disidencias de las FARC, involucrados en distintas operaciones de narcotráfico y otros ilícitos en estados como Apure, Táchira, Zulia y Amazonas.
El MP no ofrece detalles sobre el estatus de la investigación de varias operaciones antidrogas. De acuerdo con los datos aportados por la SUNAD, a través del Observatorio Venezolano de Drogas (OVD), durante el año 2022 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los Organismos de Seguridad Ciudadana efectuaron 84 operaciones antidrogas. No se conoce información sobre las personas a quienes se les incautaron bienes de gran valor, mencionados en el referido informe de la SUNAD, como la neutralización de 45 aeronaves o la destrucción de 58 laboratorios clandestinos destinados a la cristalización de clorhidrato de cocaína en Zulia. Tampoco se ofrece información sobre la aparición de una cepa proveniente de Venezuela, conocida localmente como “poppy” o “creppy”, que estaba volviéndose muy popular en el mercado local, según datos del informe sobre la Oferta de Drogas en las Américas 2022, publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Se registraron 10 reportes del Ministerio Público sobre privativas de libertad por contrabando de gasolina, en los que son mencionadas 25 personas (22 hombres y 3 mujeres), de las cuales 2 llegaron a ejercer el cargo de alcaldes, 2 eran fiscales del Ministerio Público, 2 pertenecían al Ejército, 1 a la GNB, 1 era funcionario policial y otro conductor de una empresa estatal. Se trata de datos que no reflejan la gravedad del contrabando del combustible, un negocio ilegal que generaría una renta de 5.2 millones de dólares diarios, o cerca de USD 1.900 millones de dólares al año, según estimaciones de la consultora Ecoanalítica para 2021.
De acuerdo a la información disponible en el portal del Ministerio Público, hay 3 investigaciones abiertas por contrabando de combustible en el estado Bolívar, mientras que el resto del registro arroja que hay una investigación abierta en cada uno de los siguientes estados: Apure, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Táchira y Zulia. Lo que se evidencia en este punto es que la cantidad de investigaciones reportadas por el despacho del fiscal general no se corresponden con la realidad que viven los estados fronterizos, en especial las entidades que limitan con Colombia.
En siete de los 10 casos se mencionan los litros de gasolina que fueron objeto de contrabando, y en solo uno de ellos la cantidad asciende a 137.500, mientras que el resto va desde 200 a 3.000 litros. Si se considera que un transporte de gasolina puede trasladar hasta 40.000 litros, luce poco contundente la actuación de la Fiscalía frente al contrabando de combustible, negocio que diariamente permitía el tráfico entre 5.000 y 15.000 barriles de gasolina de Colombia a Venezuela en 2020.
Cinco investigaciones reseñadas aluden a la detección del contrabando por cuerpos de seguridad en el ejercicio de funciones de control. En un caso se incautó la gasolina en una embarcación y en otro en una vivienda. En una nota general se reseña la atención de más de 700 denuncias por el cobro ilegal para surtir combustible
El resto de las noticias objeto de análisis se refieren a casos de privativas de libertad o condenas por tráfico o comercio ilegal de material estratégico, tales como balancines, aluminio, material ferroso, tuberías (una de las cuales sería utilizada para la construcción de la Represa Tuy IV), cobre, bronce, láminas de tanque, guayas eléctricas, vigas, entre otros materiales. Los entes públicos más afectados por estos hechos son Pdvsa y sus filiales, Corpoelec e Hidrocapital.
Además, se registraron durante 2022 un total de 11 reportes del Ministerio Publico sobre investigaciones que se habrían iniciado en relación con la trata de personas.
Existen varios principios constitucionales que obligan al Ministerio Público, y a otras instituciones del Estado, a rendir cuenta de sus actuaciones. Existen disposiciones similares en la ley que rige a esta institución, sin embargo, la opacidad o la falta de transparencia en la información ha sido la regla desde 1999, pero sobre todo desde que Tarek William Saab asumió las riendas de la Fiscalía General de la República en el año 2017.
Aunque medios oficiales han afirmado que el fiscal general ha presentado memoria y cuenta o informes anuales ante la Asamblea Nacional, lo cierto es que en la página del Ministerio Público el contenido de estos documentos no ha estado disponible en los últimos años. No es posible el acceso público a datos como el número de causas o expedientes penales que abre la Fiscalía, la cantidad de acusaciones presentadas, el estatus de los procesos y las condenas alcanzadas por los fiscales en los tribunales. En definitiva, sin estos datos es imposible saber el nivel de la impunidad en Venezuela, en delitos relativos al narcotráfico, contrabando, corrupción y extracción y tráfico ilegal de oro, entre otros.
Antes de la llegada de Tarek William Saab a la Fiscalía General, los informes anuales del Ministerio Público eran regularmente publicados en el sitio web de esta institución.En muchos casos emblemáticos de narcotráfico, contrabando y otras economías ilícitas ventilados en la justicia venezolana, se desconoce el avance del proceso penal contra los imputados o acusados. En varios de estos expedientes no se genera información sobre la realización de pasos claves en el proceso, como la audiencia preliminar, o si se toman decisiones de condena o absolución de los involucrados. Tampoco se informa sobre la ratificación o no de medidas de detención, que en principio hayan sido dictadas por parte de un juez contra los imputados.
En el caso denominado Cartel de Paraguaná, organización que presuntamente estaba dedicada al narcotráfico en el estado Falcón hacia islas del Caribe holandés y otras partes del mundo, no ha habido información sobre la continuación del proceso penal contra su supuesto cabecilla, Emilio Martínez, alias Chiche Smith, y otros acusados en esta causa, que también habían sido detenidos por formar parte de esta organización delictiva.
A pesar de que han transcurrido cerca de dos años desde la detención de “Chiche Smith”, no hay información sobre una sentencia judicial en este caso, ni siquiera se sabe si está en prisión. Esta realidad se repite con otros procesos judiciales de relevancia en materia de narcotráfico, corrupción, contrabando y otros graves delitos.
Muchas veces el silencio se produce desde el mismo Ministerio Público, pero también el Poder Judicial incurre en la falta de información, lo que se une a las trabas que enfrentan los medios de comunicación para poder acceder a declaraciones de jueces, fiscales y otros funcionarios que se encuentran al frente de este tipo de expedientes, que involucran a la delincuencia organizada y a distintas economías ilícitas que se desarrollan en el Venezuela. Ningún funcionario puede emitir una declaración a la prensa sin correr el riesgo de sanción, incluyendo perder su puesto, lo que se ha acentuado con el transcurrir de los años en la medida que la falta de independencia de los administradores de justicia se ha hecho más palpable.
En la mayoría de las causas por corrupción, narcotráfico u otros delitos iniciadas en otros países, por hechos presuntamente cometidos o relacionados con Venezuela, no se tiene información sobre el inicio o no de la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público.
Investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que tribunales de más de 26 países han abierto 150 causas vinculadas con la corrupción venezolana, que involucran más de 64.000 millones de dólares. Sobre la mayoría de ellas, no hay un acto de apertura de investigación por parte del sistema de justicia venezolano.
En Estados Unidos se adelanta un proceso judicial contra militares y civiles venezolanos supuestamente pertenecientes al denominado Cartel de los Soles, una organización que presuntamente habría facilitado el envío de toneladas de cocaína desde Venezuela hacia territorio estadounidense. Hay que mencionar también el proceso abierto en ese país contra Raúl Gorrín Belisario, por hechos de corrupción, en un esquema en el que están involucrados funcionarios venezolanos, algunos ya sentenciados, y ciudadanos extranjeros.
Otra referencia es el caso del exjuez venezolano Benny Palmeri Bacchi, quien confesó en una corte de Estados Unidos haber aceptado un soborno de, al menos, 1 millón 500 mil dólares por hacer arreglos para que se mantuviera una causa penal en Venezuela, contra el narcotraficante colombiano Jaime Alberto “Beto” Marín-Zamora, uno de los principales integrantes del cártel del Valle Norte de Colombia, para evitar así su extradición. El 27 de enero de 2021, Tarek William Saab anunció la detención de Palmeri en Venezuela. El juez había regresado al país tras cumplir condena en Estados Unidos y ejercía como representante legal de una empresa naviera.
Saab declaró que el juez se encontraba implicado en el decomiso de cuatro toneladas de drogas detectadas por autoridades francesas en Barbados, y le imputó los delitos de contrabando de combustible y asociación. En sus declaraciones, Saab enfatizó que el Juez es hermano de Ángelo Palmeri, secretario de la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. El Fiscal no ahondó en el caso por el cual Palmeri Bacchi fue condenado en Estados Unidos, y sobre el estatus del proceso la única información disponible es la declaratoria de inadmisibilidad de la solicitud de avocamiento de la causa, efectuada por Palmeri a la Sala de Casación Penal, el 8 de diciembre de 2021.
En la causa en Estados Unidos que involucra a Palmeri está presuntamente implicado el ex director de la Interpol venezolana Rodolfo McTurk, contra quien no se conoce que se haya iniciado una causa penal en Venezuela, por estos hechos.
Ejemplos como los anteriores abundan. La ausencia de investigación en muchos casos de corrupción se agrava cuando se verifica que Venezuela está considerada, hoy, como el país con la mayor percepción de corrupción en el hemisferio, superado a nivel mundial solo por Somalia, Siria y Sudán del Sur, según el último ranking de Transparencia Internacional. De acuerdo al informe de 2022 de este índice, en “los países con peores resultados este año, como Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, las élites y el crimen organizado han cooptado las instituciones del Estado”.
El artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela obliga al Ministerio Publico a abrir una investigación de oficio cuando “de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública”, para lo cual debe practicar “las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o autoras y demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”.
De conformidad con la norma anterior, la Fiscalía General de la República debería abrir en Venezuela una investigación de oficio por cada causa o expedientes que se instruya en los distintos países del mundo, que involucren delitos relacionados con hechos ocurridos en nuestro país, pero eso no es lo que ha venido sucediendo.
El Ministerio Publico está obligado a abrir una investigación de oficio no solo en los casos penales ya ventilados en otras naciones, relacionados con patrimonio venezolano, sino que también debe profundizar sobre las denuncias de organismos internacionales, reportes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o periodistas que den cuenta de actividades criminales perpetradas en Venezuela.
Diversos reportes de ONG, incluyendo a Transparencia Venezuela, libros e informes académicos, trabajos periodísticos, entre otros documentos, han expuesto indicios, pruebas, nombres, fechas, cantidades y otros datos relativos a grupos de crimen organizado que ejecutan, por ejemplo, minería ilegal en el denominado Arco Minero; narcotráfico; corrupción y contrabando en puertos y aeropuertos; contrabando de combustible, madera, chatarra y otros materiales estratégicos; tráfico y trata de personas; reclusos denominados “pranes” que controlan las cárceles y cometen delitos más allá de las rejas; sin contar con los ilícitos ambientales, entre otros hechos criminales. En la mayoría de los casos, el Ministerio Público no abre las investigaciones correspondientes y si informa de una nueva averiguación abierta, no informa sobre su conclusión.
Un reciente informe de Transparencia Venezuela, titulado Economías Ilícitas al amparo de la corrupción, brinda información detallada sobre la venta ilegal de gasolina, el narcotráfico, las prácticas ilícitas que se dan en el manejo de los puertos venezolanos y el contrabando de oro. Solo estas cuatro economías ilícitas generarían alrededor de 9 mil 400 millones de dólares, cerca del 21% del producto interno bruto venezolano.
Una de las mayores dificultades para el funcionamiento del sistema de justicia en Venezuela ha sido la politización del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo que muchas veces impide que se inicien investigaciones por economías ilícitas, principalmente cuando los involucrados son funcionarios civiles o militares, grupos de crimen organizado o personas ligadas al poder político en el país.
Tarek William Saab, antes de ingresar al Ministerio Público, ocupó distintos cargos públicos representando al oficialismo y también alcanzó posiciones en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Entre otras posiciones, Saab fue diputado de la Asamblea Nacional (1999 y 2000-2004), integrante de la Asamblea Constituyente (1999) y gobernador del estado Anzoátegui (2004-2012), todos en representación del partido de gobierno. En agosto de 2017, previa decisión del Tribunal Supremo de Justicia separando del cargo a Luisa Ortega Díaz, Saab fue designado Fiscal General de la República por la controvertida Asamblea Nacional Constituyente. La decisión fue ejecutada con ayuda de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que impidieron a Ortega ingresar a la sede principal del Ministerio Público.
Desde su llegada al cargo, Saab comenzó a destituir a fiscales del Ministerio Público, muchos de ellos sin el debido proceso. El Informe de septiembre de 2021 de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó al respecto:
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, han señalado que el grueso de fiscales del Ministerio Público es designado de manera provisoria, sin concursos públicos y abiertos de oposición, y por lo tanto no tienen titularidad en sus cargos. Todo indica que esta situación se mantiene hasta el presente.
La politización y la falta de independencia de los fiscales y otros funcionarios del Ministerio Público, entre otros aspectos, fomenta la impunidad en Venezuela. Estos vicios se repiten en el Poder Judicial. En las actuales circunstancias, es muy difícil que un fiscal se niegue a no abrir una investigación o a no investigar correctamente un hecho delictivo, si recibe una orden de sus superiores o del poder político imperante en Venezuela.
La impunidad abarca a muchos delitos, incluyendo relativos al crimen organizado. Al respecto ha señalado la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela:
“Las y los fiscales de todos los niveles informaron haber recibido en ocasiones instrucciones sobre cómo manejar casos. Dichas intervenciones eran especialmente comunes en casos contra actores vinculados a intereses políticos, de seguridad, económicos y/o criminales (…). La Misión recibió numerosos relatos de fiscales que mencionaban instrucciones recibidas en casos concretos que no estaban en consonancia con los hechos de los casos, concretamente de los Fiscales Superiores o directores de línea. Varios fiscales indicaron que las instrucciones empeoraron significativamente a partir de 2017 tras el cambio del Fiscal General”.
Otra de las consecuencias perjudiciales de la politización y falta de independencia del Ministerio Público es el impacto negativo en el número de denuncias de delitos en Venezuela. Una ciudadanía que desconfía del sistema de justicia, regularmente, tiende a no denunciar cuando es víctima o cuando tiene conocimiento de cualquier manera de un hecho punible, incluyendo los relativos a la delincuencia organizada. Esto explica por qué es alto el índice de falta de denuncia en Venezuela, que alcanza en la actualidad el 56%, según estimaciones independientes.
La impunidad, entre otros efectos negativos, genera también un impulso en la repetición de los hechos delictivos, ya que la falta de sanción normalmente le sirve de incentivo al delincuente.
