Caracas, 28.09.2010 – La debilidad del Estado venezolano en el cumplimiento del derecho a la información pública se evidencia en dos importantes casos en los que se ha coartado el derecho a saber de todos los ciudadanos. Por un lado, la falta de información en salud, en particular los datos oficiales de personas con VIH en el país y el gasto del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en medicamentos antirretrovirales, y por otra parte, el inaceptable retraso del CNE por más de ocho horas para ofrecer el primer reporte de resultados de las elecciones del 26S, aún contando con “el mejor sistema electoral del mundo”, según han asegurado los propios voceros del gobierno nacional.
La Constitución Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 143 que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular.” El MPPS y el Consejo Nacional Electoral (CNE) incumplieron con el derecho al acceso a la información.
La escasa información pública que se evidencia en materia de salud es uno de los primeros eslabones de una larga cadena que termina, lamentablemente, en cifras rojas. El desconocimiento de datos, programas, personal encargado, presupuesto establecido, equipos disponibles, entre muchos otros, hace imposible el trabajo de las organizaciones que se encargan de atender e incorporar a las personas en un sistema público que, hoy por hoy, no ofrece garantías de vida.
Como una forma de contrarrestar el impacto que sobre la vida de las personas con VIH generan las recurrentes interrupciones en la entrega de medicamentos y la infinidad de inconvenientes para obtenerlos de los entes de salud pública, la Coalición Proacceso lanzó una campaña denominada SABER SALVA VIDAS, con la cual se hace un llamado al país a unirse masivamente a esta exigencia de información pública en materia de salud, no sólo porque ha sido negada a quienes han ejercido el derecho de solicitarla, sino porque existe un evidente desinterés en resolver estos temas.
Por otro lado, en las elecciones parlamentarias del domingo 26 de septiembre, luego de 12 horas de votación donde se obtuvo 66,45% de participación, los venezolanos fueron obligados a esperar más de ocho horas, a partir de las seis de la tarde cuando cerró la mayoría de las mesas electorales, hasta las 2:30 am del lunes 27, para conocer el primer boletín oficial con los resultados incompletos. “La información debe ser oportuna, veraz y completa, sino no se cumple con el derecho a la información pública”, recuerda la Coalición Proacceso.
Justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información Pública, hoy 28 de septiembre, al país se le debe una explicación de por qué, a pesar de contar con un sistema electoral automatizado y catalogado por el ministro de relaciones exteriores Nicolás Maduro, por la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, y otros altos funcionarios del Estado, como “el mejor sistema del mundo”, los venezolanos debieron esperar hasta altas horas de la madrugada para conocer una información que, en otros países, cuyos conteos se realizan de forma manual, se ofrecen en menos de dos horas de haber cerrado los centros de votación.
Es inaceptable que se mantenga expectante a toda una población durante tantas horas sobre cifras que deben ser del conocimiento público lo antes posible, por tratarse de los resultados de un proceso de participación popular que incumbe a toda la ciudadanía venezolana. Hoy exigimos, no sólo una explicación certera de lo que ocasionó el retraso en la exposición de resultados, sino que se tomen decisiones que impidan que esto vuelva a suceder.
Mientras que en el resto de América Latina se reporta un gran avance en la aprobación de leyes de Acceso a la Información Pública, en Venezuela todavía se evidencian grandes fallas en esta materia que hacen notar la inminente la urgencia de aprobar un instrumento legal que garantice el derecho de todos los venezolanos a obtener información pública oportuna, veraz y detallada y la necesidad de contar con un órgano que promueva la mejora en la gestión de la información pública y sancione la violación de este derecho.
Los órganos públicos son los responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública, evitando que se origine incertidumbre y expectativas que comprometan la seguridad de los ciudadanos. Concluyó la Coalición Proacceso : “En este día de celebración, hacemos un llamado a los diputados de la nueva Asamblea Nacional a que incluyan entre sus prioridades la discusión y aprobación de la ley de Acceso a la Información Pública, que es garante de otros derechos fundamentales como el derechos a la salud, la seguridad, la educación, la justicia, entre otros.”
SABER SALVA VIDAS
Accediendo a la información pública pueden contrarrestarse las debilidades del Estado
Caracas, 21.09.2010 – Negar el acceso a la información pública va más allá de reservar datos que pongan en evidencia la ineficacia de un sistema o esconder una posible malversación de fondos; no se trata de la reputación de un funcionario o la popularidad de un presidente, lo que se pone en riesgo es la vida de los ciudadanos que dependen del Estado para atender sus necesidades más básicas.
La escasa información pública en materia de salud es uno de los primeros eslabones de una larga cadena que termina, lamentablemente, en cifras rojas. El desconocimiento de cifras, datos, programas, personal encargado, presupuesto establecido, equipos disponibles, entre muchos otros, hace imposible el trabajo de las organizaciones que se encargan de atender e incorporar a las personas en un sistema público que, hoy por hoy, no ofrece garantías de vida a quienes más las necesitan.
Cuando se trata del VIH – Sida, el caso es aún más delicado ya que las personas con VIH dependen del Estado para recibir los medicamentos antirretrovirales que mantendrán su organismo fuera de peligro. En Venezuela la adquisición de medicamentos por cuenta propia es sumamente costosa, sin contar gastos en pruebas de despistaje, Western Blot, carga viral, recuento linfocitario, serologías, suplementos alimenticios y leche maternizada que deben suministrar las madres con VIH a sus pequeños.
Es deber del Estado garantizar que las personas con VIH reciban la atención necesaria y con la regularidad que exige el tratamiento que, además, no puede ser generalizado ya que depende de cada organismo. Aún así, no sólo el acceso universal a la atención y a medicamentos adolece de fallas, también los programas de prevención están muy por debajo de las exigencias de una adecuada respuesta nacional a la epidemia y el Programa Nacional de Sida del MPPS no ha ofrecido soluciones a esta situación que afecta severamente el derecho a la salud de la población.
Como una forma de contrarrestar el impacto que sobre la vida de las personas con VIH las recurrentes interrupciones en la entrega de medicamentos y la infinidad de inconvenientes para obtenerlos, de los entes de salud pública, la Coalición Proacceso formuló una serie de peticiones de información al Ministerio del Poder Popular para la Salud y al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en las cuales se solicitó el gasto previsto en la Ley de Presupuesto de 2009 y 2010 para proyectos, compra de medicamentos, capacitación del personal requerido para realizar pruebas de despistaje, centros de atención, metas a alcanzar, entre otras preguntas que, aunque se han ido entregando desde julio pasado, hasta la fecha, no han obtenido respuesta.
Por si fuera poco, en días pasados, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader Castellanos, declaró el pasado 6 de septiembre, para el canal del Estado, que se están atendiendo a «más de 3 mil pacientes con VIH» en el país, y este mismo número de personas tienen garantizado el acceso a los medicamentos antirretrovirales. Sin embargo, el Informe País de Ungass1 2010 hace referencia a más de 32 mil personas que recibían tratamiento hasta finales de 2009. Si ni siquiera la Ministra maneja las cifras adecuadamente, ¿cómo puede trabajarse en un programa de atención a las necesidades de este sector de la población? Son las preguntas que muchos nos hacemos.
La Coalición Proacceso, en alianza con Acción Solidaria y toda una red de organizaciones que hoy, además de no contar con información oficial, se han visto cuestionadas por autoridades gubernamentales, lanza una campaña denominada SABER SALVA VIDAS, con la cual se hace un llamado al país a unirse masivamente a esta exigencia de información pública en materia de salud, no solo porque ha sido negada a quienes han ejercido el derecho de solicitarla, sino porque existe un evidente desinterés en resolver estos temas.
La invitación es a sumarse a esta campaña copiando los modelos de solicitudes de información que podrán encontrarse accediendo al blog de la campaña a través de www.proacceso.org.ve y enviar cartas a las instituciones públicas encargadas de suministrar los datos necesarios para trabajar en función de mejorar el sistema de salud. Además se invita a utilizar la imagen de la campaña, que también puede copiarse del blog y acompañarla de comentarios que sirvan de reflexión sobre el daño que genera la falta de información pública, los cuales se difundirán simultáneamente a través de nuestra red en twitter @proacceso con el hashtag #sabersalva.
Defender el acceso a la información pública es la mejor forma de controlar que las instituciones del Estado cumplan con su labor de proteger y garantizar el derecho a la salud de toda la población. Desde la Coalición Proacceso extendemos la invitación a todas las instancias, organizaciones e individualidades a que se unan a esta campaña por obtener los datos necesarios para conocer las fortalezas y debilidades de la gestión pública del gobierno nacional en el área de salud y hacer valer un derecho que resguardará y salvará la vida de muchas personas.
1. UNGASS significa Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas sesiones se celebran por lo general para darle profundidad a temas específicos.
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