Transparencia Venezuela, 20 de junio de 2022.-“Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. Pese a que esto establece el artículo 68 de la Constitución de 1999, en la práctica quienes se atreven a ejercer este derecho en Venezuela corren el riesgo de ser detenidos, desaparecidos y sometidos a procesos judiciales interminables en el tiempo. Así lo han denunciado tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela en sus recientes informes, en los cuales han identificado un patrón de represión que al parecer se mantiene intacto.
Al menos esa es la conclusión a la que se arriba al observar lo que han vivido Jholbert Godoy, Argelia Rovaina, Carlos Maneiro, Luis Martínez, Greidis López, Julio Pérez, Armando Gale, Ronaldo Macho y Yosmar Rodríguez, jóvenes detenidos en Chacao el pasado 7 de junio en las inmediaciones de la avenida Libertador de Caracas por agentes de la Policía Municipal de Chacao, por presuntamente pintar un grafiti en recuerdo a Neomar Lander, uno de los más de 100 venezolanos que fueron asesinados en la represión a las protestas que sacudieron al país en 2017.
- Detención sin motivos
El patrón que la Oficina dirigida por Michelle Bachelet y la Misión han identificado se inicia con una detención ilegal. Esto se cumplió en el caso de los jóvenes detenidos en Chacao , quienes fueron privados de su libertad por agentes de la Policía Municipal de Chacao, bajo la excusa de realizar un grafiti, una acción que no está penalizada en ninguna ley. El propio alcalde de Chacao, Gustavo Duque, admitió la irregularidad, aunque pretendió presentarla como parte de un procedimiento rutinario para combatir las faltas administrativas.
No se puede obviar que algunos de los detenidos ni siquiera estaban presentes en la zona donde se realizó el supuesto daño a la propiedad pública, pero esto no impidió que fueran arrestados también.