Transparencia Venezuela, 26 de septiembre de 2022.- Aunque las idas y venidas en el caso de Álex Saab Morán no hacen más que sumarle días de cárcel al empresario colombiano, la defensa- conformada por al menos 11 abogados– no pierde de vista en esta fase preliminar su objetivo: demostrar que el empresario colombiano no podría ser juzgado por la justicia de Estados Unidos por su condición de diplomático. El asunto será resuelto en unos tres meses, el 12 de diciembre de este año, después que la fiscalía y la defensa presenten sus respectivas observaciones.
El juicio formal contra Álex Saab Morán ni siquiera ha empezado en espera de que se resuelva esta cuestión previa, mientras el tiempo corre, no se sabe si a favor o en contra del empresario, que ya en octubre cumplirá un año preso en Estados Unidos, sin libertad bajo fianza. Esto sin contar el lapso que estuvo detenido en Cabo Verde, desde junio de 2020 hasta su extradición en octubre de 2021.
La justicia de Estados Unidos espera enjuiciar a Saab por presunta conspiración para blanquear dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela, relacionados con la construcción de viviendas destinadas a personas de bajos recursos.
Este jueves el Tribunal del Distrito Sur de Florida aceptó parcialmente una solicitud hecha por la defensa del empresario colombiano, que intenta demostrar que Estados Unidos no tendría jurisdicción para procesarlo.
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¿Qué quería el escuadrón de defensa de Álex Saab?
La casi docena de abogados que actúan en la causa de Saab, que pertenecen a los bufetes Bell Rosquete Reyes, PLLC y Baker & Hostetler LLP según los documentos oficiales publicados por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, pidió al juez Robert N. Scola, documentos relacionados con su alegato de la “inmunidad diplomática” que estarían en manos de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos, entre ellas: Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, Departamento de Defensa, la Guardia Costera y el Departamento de Justicia, específicamente la División de Seguridad Nacional y la Oficina de Asuntos Internacionales, Agencia de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
También la defensa solicitó material de Cabo Verde, Colombia y Venezuela, así como la declaración de dos venezolanos, el 21 de septiembre a través de videollamadas: un exfuncionario de seguridad y otro de alto cargo en Venezuela, cuyos nombres están en reserva.