Ante la sorpresiva decisión presidencial de dar vida al Consejo de Estado asignándole la tarea de fundamentar el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, los miembros de la ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN se dirigen a la opinión pública nacional para señalar lo siguiente:

  1. La posibilidad ofrecida a cada ciudadano del mundo de acudir a instancias internacionales para que se le reconozcan, cuando le son negados a nivel nacional, los derechos fundamentales precisados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normativas regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una de las máximas e indelebles conquistas de la humanidad. Ella es fruto del nuevo espíritu de “familia humana” surgido tras la grande y terrible Segunda Guerra Mundial que dio nacimiento a una nueva diplomacia multilateral ejercida en organismos supranacionales tales como la ONU (oct. de 1945) y la OEA (mayo de 1948). Venezuela fue uno de los 51 Estados fundadores de la ONU y uno de los 21 Estados fundadores de la OEA.
  2. Los Estados miembros que dieron vida o se adhirieron a dichos Organismos Intergubernamentales (OIG) concedieron a éstos un derecho de mirada y la aplicación de una normativa supranacional en materia de derechos humanos que privaría sobre la nacional, declinando una parcela de su autodeterminación soberana en beneficio de grandes principios universales, lo cual formalizaron otorgando rango constitucional al cumplimiento en su territorio de decisiones supranacionales emanadas de los citados organismos. La Constitución venezolana de 1.999 mantuvo y hasta reforzó sin la menor ambigüedad el reconocimiento de jure de aquellos criterios. Su Art. 23 establece que

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”;

El Art. 339 conmina a que aun en estado de excepción se cumpla “con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y el Art. 31 precisa que “Toda persona tiene el derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los organismos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.

Ante principios constitucionales tan luminosamente claros y taxativos, la Alianza considera que todo intento político-jurídico de desconocer decisiones de los OIG o de retirarse de ellos por ser tales decisiones del desagrado del gobierno de turno, constituyen
a) una de las más graves violaciones hasta ahora perpetradas contra la Constitución y las Convenciones Internacionales ratificadas por la República,
b) un cercenamiento del derecho constitucional que asiste a los venezolanos de pedir justicia ante los OIG, lo cual reforzaría la aplicación en el país de una justicia arbitraria, totalitaria y parcializada al servicio de la cúpula gobernante,
c) una confirmación internacional de la voluntad del gobierno venezolano de no rendir cuentas a nadie
d) uno de los más agoreros gestos aislacionistas de este régimen pasible de convertir a Venezuela en país auto-marginado de la comunidad de las naciones.

3 – En nuestra época signada por medios masivos de comunicación generalmente concentrados en pocos centros de poder, el derecho de todo ser humano a comunicarse libremente, a producir, recibir y difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión – consagrado en los Art. 19 de la Declaración Universal y 57 de nuestra Constitución, más comúnmente citado como “Libertad de Expresión” – ha pasado a ser uno de los derechos humanos más difíciles de ejercer, al punto de poderse decir que la democracia de una nación puede medirse por el nivel de libertad y tolerancia que disfrutan en ella sus comunicadores, medios y ciudadanos.
La situación venezolana en la materia es de todos conocida: bajo una “libertad de expresión” de fachada, comunicadores y medios sufren centenares de agresiones anuales principalmente de origen gubernamental; los llamados “medios públicos” han sido puestos íntegramente al servicio del régimen y de su ideología; decenas de emisoras radiales y televisivas han sido clausuradas y saqueadas por motivos ideológicos, parcialmente intervenidas o condenadas a la autocensura; el jefe del Estado ha impuesto a todo el sistema radioeléctricos miles de “cadenas” a través de las cuales adoctrina al país a razón de casi una hora diaria; el acceso a las fuentes y a la publicidad gubernamentales es sistemáticamente negado a los medios disidentes; de los medios comunitarios sólo sobreviven aquellos que se adhieren a la doctrina política oficial. En tales circunstancias, no es un azar que algunos de los más sonados casos presentados por venezolanos ante el CIDH hayan versado sobre violaciones al “derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma” (Art. 6 de la Declaración de principios sobre Libertad de ExpresiónOEA/CIDH)

Habida cuenta de todo lo que antecede, los miembros de la ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN,

  • denuncian ante la opinión pública nacional e internacional la extremada gravedad del intento gubernamental de retirar al país de la citada Comisión Interamericana, por flagrantemente inconstitucional y por quitarle a los venezolanos un derecho constitucional universalmente consagrado,
  • denuncian igualmente el irresponsable Acuerdo de la Asamblea Nacional del 11-05 respaldando la propuesta presidencial de retiro de la CIDH
  • formulan votos porque el Consejo de Estado reconozca valientemente la absoluta inviabilidad de ese deseo presidencial.

Caracas, 22 de mayo de 2012

Miembros de la Alianza por la Libertad de Expresión que suscriben esta declaración:

  • Colegio Nacional de Periodistas (CNP)
  • Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
  • Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV)
  • Espacio Público
  • Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)
  • Expresión Libre
  • Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
  • Ser Comunicación e Investigación.
  • Transparencia Venezuela
  • Proacceso
  • Un Mundo sin Mordaza
  • Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO)
  • Programa de Postgrado en Comunicación Social de la UCAB
  • Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB)
  • Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB (CIC-UCAB)
  • Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB
  • Miguel Ángel Latouch, director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV
  • Revista Comunicación

Statement issued by the ALLIANCE FOR THE FREEDOM OF EXPRESSION regarding the possible withdrawal of Venezuela from the IACHR

In view of the surprising presidential decision to install the State Council and to assign the task of justifying Venezuela’s withdrawal from the Inter-American Commission for Human Rights of the OAS, the members of the ALLIANCE FOR THE FREEDOM OF EXPRESSION present the following statement for consideration by national public opinion:

1 – The possibility open to all citizens of the world to appeal for recognition before international authorities when they are denied, at national level, their fundamental rights, specified in the Universal Declaration of Human Rights and in other regional regulations, such as the American Convention on Human Rights, is one of humanity’s greatest indelible conquests. It was born out of a new spirit of «human family» which emerged after the great tragedy of World War II and which gave birth to a new multilateral style of diplomacy to be exercised in such supranational organizations as the UNO (October 1945) and the OAS (May 1948). Venezuela was one of the 51 co-founding member states of the UNO and one of the 21 co-founding member states of the OAS.

2 – The members states that created or adhered to the above-mentioned Inter-governmental Organizations (IGO) granted them the right of inspection and the application of supranational regulations regarding human rights that would prevail over internal regulations, while those countries agreed to decline part of their sovereign self-determination in favor of great universal principles, which were formalized by granting constitutional rank to the fulfillment of supranational decisions made by the previously-mentioned organizations in their national territory. The Venezuelan Constitution of 1999 not only supported, but also unambiguously reiterated the de jure recognition of those criteria. Art. 23 states that:

“The treaties, pacts and conventions relating to human rights which have been executed and ratified by Venezuela have a constitutional rank and prevail over internal legislation, insofar as they contain provisions concerning the enjoyment and exercise of such rights that are more favorable than those established by this Constitution and the laws of the Republic, and shall be immediately and directly applied by the courts and other organs of the Public Power.”

Art. 339 warns that even during a state of exception it will be necessary to comply
“with the requirements, principles and guarantees established in the International Pact on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights.”

And Art. 31 specifies that:
“Everyone has the right, on the terms established by the human rights treaties, pacts and conventions ratified by the Republic, to address petitions and complaints to the international organs created for such purposes, in order to ask for protection of his or her human rights. The State shall adopt, in accordance with the procedures established under this Constitution and by the law, such measures as may be necessary to enforce the decisions emanating from international organs as provided for under this article.”

In view of such eminently clear and specific principles as these, the Alliance believes that any political or legal refusal to accept the decisions issued by the IGOs, or failure to apply them because they are a cause of displeasure to the government of the day, will constitute
a) one of the most serious violations so far perpetrated against the Constitution and the International Conventions ratified by the Republic,
b) a reduction of constitutional law which assists Venezuelans when asking for justice from the IGOs, which would reinforce the application of an arbitrary, totalitarian and biased system of justice in this country at the service of the holders of high government office,
c) international confirmation that the Venezuelan government has no intention of being accountable to anybody,
d) One of the most ominous isolationist gestures by this regime which seems intent upon transforming Venezuela into a country in the process of isolating itself from the community of nations.

3 – Nowadays with our mass communications media usually concentrated in a few centers of power, the right of every human being to communicate freely, to produce, receive and divulge information and opinions without limitation of frontiers and by any means of expression – as established in Art.19 of the Universal Declaration, and in Art.57 of our Constitution, and most commonly known as «Freedom of Expression» – has become one of the most difficult human rights to exercise, to such an extent that it may be said that a nation’s democracy can be measured by the degree of freedom and tolerance that its communicators, media and citizens enjoy. The Venezuelan situation in this area is well-known to all: under the façade of “freedom of expression», communicators and media are the victims of hundreds of cases of aggression, largely instigated by governmental agents; the so-called “public media» have been placed entirely at the disposal of the regime and its ideology; dozens of radio and television stations have been either closed down and plundered for ideological reasons, or partially controlled or condemned through self-censorship; the Head of the State has imposed on the entire radio-electric system thousands of obligatory official broadcasts – “cadenas” – through which he seeks to indoctrinate the country for almost one hour a day on average; access to government sources and advertising is systematically denied to the dissident media; only those members of the community media who adhere rigidly to the official political doctrine can survive. Under such circumstances, it is not surprising that some of the most famous cases presented by Venezuelans before the IACHR have been concerned with violations of the «right to communicate his/her views in any way and in any form» (Art. 6 of the Declaration of Principles on Freedom of Expression OAS/IACHR)

Taking into account all of the above, the members of the ALLIANCE FOR THE FREEDOM OF EXPRESSION

  • Denounce before national and international public opinion the extreme seriousness of the government’s proposal to withdraw this country from the above-mentioned Inter-American Commission, for its flagrantly unconstitutional intentions and for depriving the Venezuelan people of a universally-accepted constitutional right,
  • denounce similarly the Agreement irresponsibly passed by the National Assembly on 11-05 endorsing the presidential proposal to withdraw this country from the IACHR,
  • urge the State Council to declare unequivocally the absolute unfeasibility of this presidential wish.

Caracas, May 22, 2012

Members of the Alliance for the Freedom of Expression who have signed the present statement:

  • National College of Journalists (CNP)
  • National Union of Press Workers (SNTP)
  • Graphic Reporters Circle of Venezuela (CRGV)
  • Espacio Público [Public Space]
  • Press and Society Institute, Venezuela (IPYS)
  • Expresión Libre [Free Expression]
  • Committee for a Public Radio and Television Service
  • Ser Comunicación e Investigación [Being Communication and Research]
  • Transparencia Venezuela [Transparency Venezuela]
  • Proacceso [Pro Access]
  • Un Mundo sin Mordaza [A Ungagged World]
  • Institute for Research into Communication (ININCO)
  • Postgraduate Program in Social Communication, UCAB
  • Center for Human Rights, UCAB (CDH-UCAB)
  • Center for Communication Research, UCAB (CIC-UCAB)
  • Tiziana Polesel, director, School of Social Communication, UCAB
  • Miguel Ángel Latouch, director, School of social Communication, UCV
  • Revista Comunicación [Communication Review]

Translated by Gordon Hart

Share This