La adecuación de las empresas a los criterios exige en el menor tiempo posible establecer una estrategia de actuación sostenible frente a los factores ambientales, sociales y de gobernanza; definir políticas y prácticas para cumplir los criterios; y publicar una serie de indicadores que dependerán de su actividad.
Transparencia Venezuela, 14 de septiembre de 2023. Temperaturas que alcanzan máximos históricos, proliferación de algas y bacterias en el lago de Maracaibo, deforestación de parques y áreas protegidas, casos de esclavitud moderna en extracción minera, afectación de comunidades indígenas, protestas de trabajadores por salarios y seguridad, tramas de corrupción mil millonarias son algunos de los temas que están clamando atención en los análisis económicos en Venezuela.
Al respecto, existe una corriente mundial que contempla el uso de estándares de gestión para monitorear la forma como se realiza la actividad productiva y sus impactos en el ambiente, sobre las personas y comunidades, y las políticas internas de toma de decisiones que garanticen transparencia, integridad y respeto del marco jurídico. Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) se suman a los reportes tradicionales de rentabilidad y solvencia para medir el valor de las empresas desde una perspectiva holística, que garantiza sostenibilidad y sustentabilidad.
Diversos informes consultados para El ABC de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo de las empresas coinciden en la creciente importancia de los criterios ESG a nivel global, que se expresa en la aprobación de legislación, como la Directiva del Consejo de Europa de noviembre de 2022, o la exhortación al cumplimiento de compromisos voluntarios. En Venezuela, aunque existen múltiples normativas de protección del ambiente, garantes de derechos laborales y obligaciones de responsabilidad social que aplican a las empresas, no existen mandatos ni exhortos desde el Estado a la publicación de reportes sobre criterios ESG de las empresas públicas y privadas. De hecho, las empresas propiedad del Estado están ajenas a los compromisos de reportar información financiera y no financiera y son las principales responsables de los problemas mencionados.
¿De qué van los criterios?
Los criterios ambientales permiten identificar el impacto de las empresas en el medio ambiente, cómo se gestionan o mitigan los riesgos de que ocurran daños y cómo se remedian en caso de que se produzcan. Los criterios sociales contemplan la relación de la empresa con su comunidad y el entorno social en su conjunto; específicamente, con los actores con los que tienen vínculos directos: empleados, proveedores, consumidores y comunidades donde opera. Subyacen dentro los de los indicadores sociales la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y el deber de los Estados de velar por su cumplimiento. La gobernanza responde a un conjunto de políticas, normas, procesos y leyes que definen el gobierno interno de una empresa en el ejercicio del control de la gestión para asegurar eficiencia y sostenibilidad.
La adecuación de las empresas a los criterios exige en el menor tiempo posible establecer una estrategia de actuación sostenible frente a los factores ambientales, sociales y de gobernanza; definir políticas y prácticas para cumplir los criterios; y publicar una serie de indicadores que dependerán de su actividad. Los instrumentos más utilizados para guiar a las empresas en este proceso son: los estándares GRI de la Iniciativa Global de Reportes, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad y las Métricas del Capitalismo de las Partes Interesadas.
Desde Transparencia Venezuela deseamos sumarnos al movimiento a favor del comportamiento empresarial responsable, esta vez más allá de los llamados a las buenas prácticas de gobierno corporativo que protejan el patrimonio público y permitan la prestación de bienes y servicios de calidad, abogamos por el ambiente, la protección del patrimonio intangible y los derechos humanos de todas las partes interesadas de las 947 EPE nacionales y regionales, en aras de la urgente transformación que demandan los Objetivos del Desarrollo Sostenible con los que estamos comprometidos.
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