Expertas que participaron en un seminario internacional, promovido por Transparencia Venezuela y las organizaciones que integran el Grupo de Trabajo Sobre Esclavitud Moderna, coincidieron en la necesidad de crear un registro oficial y adoptar programas integrales de prevención para ofrecer atención efectiva a los sobrevivientes
Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2022. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas es el traslado de seres humanos de un lugar a otro en las fronteras de un mismo país o hacia el exterior, con fines de explotación, en su mayoría sexual, laboral o mendicidad. Se estima que 2,5 millones de personas son víctimas de la trata en todo el mundo, pero por cada una se piensa que existen alrededor de 20 sin identificar.
En este contexto, se considera que el proceso migratorio venezolano de los últimos años ha elevado las cifras de connacionales afectados por el fenómeno. El reporte de dicha instancia de la ONU señaló que 430 venezolanos fueron víctimas de trata de personas en países de las Américas, Europa, África y Asia en 2020. De igual modo, en el reciente Informe de Tráfico de Personas, en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos revisa la situación a escala mundial, Venezuela se mantuvo en el “nivel 3” por sus escasos esfuerzos para prevenir y castigar esta práctica.
Ante esta realidad y en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, Transparencia Venezuela se suma a los esfuerzos para prevenir y perseguir este atroz delito que no solo vulnera los derechos humanos, sino que involucra violencia por razones de género y, en muchos casos, se comete bajo el amparo de la corrupción, la impunidad y la opacidad de las autoridades.
Una de estas iniciativas fue la cuarta edición del Seminario Internacional La trata de personas, más allá de nuestras fronteras, promovido por la organización junto al Grupo de Trabajo Sobre Esclavitud Moderna (GTEMV), Mulier, Éxodo, Red Naranja, Cepaz, los centros de Derechos Humanos de la UCAB y Unimet; Unión Afirmativa, Caleidoscopio Humano y la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDHNNA).
Durante dos días, un nutrido panel de expertas de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y México, examinaron diferentes aspectos de la trata de personas en el contexto migratorio venezolano. Además, compartieron experiencias de sus países y presentaron propuestas para prevenir y minimizar el impacto de este delito.
En el marco de este evento virtual, las organizaciones participantes activaron la campaña #JuntasSomosLibres, que se creó a partir de los hallazgos del proyecto Previniendo la trata de personas en mujeres adolescentes, ejecutado por Norma Ferrer, coordinadora de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela, con apoyo de esa organización, del GTEMV, de la Red Naranja y Éxodo.
La mayoría de las ponentes coincidió en que la ausencia de un registro oficial en la mayoría de los países de América Latina, la impunidad y la falta de programas integrales de prevención impiden dimensionar el problema y ofrecer atención efectiva a las sobrevivientes de trata de personas. El caso venezolano es aún más grave, dada la emergencia humanitaria compleja y la crisis generalizada que han generado el mayor desplazamiento humano de la región.
Por rutas más seguras
La trata de personas es un negocio ilícito con alcance en al menos 127 países de todo el planeta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que las ganancias que reporta ese delito ascienden a unos 32.000 millones de dólares por año. El proceso inicia con la captación, sigue con el traslado y la recepción, luego de la cual las víctimas son sometidas a diferentes formas de explotación, siendo la más común la sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil y la extracción de órganos.
Según el Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de UNODC, la trata de personas afecta principalmente a mujeres y niñas de todo el mundo con 65 % de las víctimas identificadas. Aunque se observó un aumento en los hombres y niños en comparación con el reporte anterior (35 % del total), se le sigue considerando que esta práctica impacta de forma mayoritaria a la población femenina más vulnerable, en particular a mujeres en situación de pobreza, indígenas, integrantes de la comunidad sexodiversa y migrantes.
En este escenario, la migración forzosa de más de 6 millones de venezolanos se ha convertido en terreno fértil para la operación de diferentes redes de trata de personas, tal como lo explicó Nicole Hernández (Cepaz), durante la primera jornada del Seminario Internacional La trata de personas, más allá de nuestras fronteras.
La ponente afirmó que Venezuela, junto a Haití, posee el mayor índice de esclavitud moderna por número de habitantes de la región y que entre 10% y 15% de los migrantes sufre de violencia y violencia sexual. Hernández hizo particular referencia al drama de los más de 28.000 venezolanos que han cruzado la selva de Darién, entre Colombia y Panamá, en su tránsito a Estados Unidos. Entre estos se ha reportado la muerte de al menos 10 personas, por lo que abogó por la creación de rutas migratorias seguras.
Lea también: Crisis humanitaria compleja aumenta la vulnerabilidad de los venezolanos ante la trata de personas
Por su parte, Carolina Rudnick (Libera-Chile), quien expuso sobre la debida diligencia de las empresas en la trata de personas, señaló que esta práctica y el trabajo forzado son formas de esclavitud moderna. Destacó que 80% del trabajo forzado ocurre en el sector privado y que existe complicidad de las empresas en su rol de intermediarios laborales, así como en la cadena de suministros, como proveedores o subcontratistas.
Reina Baiz (Éxodo) y Aimé Zambrano (Utopix), abordaron el tema de las desapariciones y la trata de mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela. La primera puso en contexto la migración forzada de los venezolanos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja. Señaló que 77% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y más de 57% padece de inseguridad alimentaria.
Baiz reiteró que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, determinó que la movilidad forzada, insegura y masiva expone a las personas a situaciones de trata, explotación sexual y otras formas de violencia por razones de género.
Indicó que organizaciones civiles y medios independientes han referido que, en lo que va de 2022, han sido rescatadas 430 personas venezolanas víctimas de trata, pero expresó que el país se impone la opacidad, pues no existe un registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas.
En este tema ahondó Zambrano, quien indicó que entre enero de 2020 y agosto de 2021 contabilizaron 321 personas desaparecidas. Además de las cifras que muestran cómo se ha incrementado el fenómeno en los últimos años. Recomendó reformar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar la desaparición de personas como un delito; elaborar un registro nacional de adolescentes y niños extraviados; y crear una alerta de desaparición como existe en otros países.
La primera jornada del seminario incluyó intervenciones de Selene Soto (Women’s Link Worldwide-Colombia), sobre la perspectiva de derechos humanos en la trata de personas y el impacto de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana en el caso de la venezolana identificada como “Yolanda”, víctima de trata; María Gabriela Cuevas (UCAB), quien abordó el tema de los conceptos erróneos sobre elementos de este delito, y Sor Deisis Andrade (Red Clamor), quien expuso algunas experiencias de la organización en la prevención de la trata de personas.
Prevenir es la clave
El Seminario Internacional La trata de personas, más allá de nuestras fronteras continuó con el recorrido por la evolución de los acuerdos internacionales para suprimir y penalizar la trata de personas presentado por Victoria Capriles (Unimet). Refirió que el Estado venezolano no cumple con sus funciones de investigar, perseguir y judicializar este delito, a la vez que destacó el rol de la sociedad civil en la visibilización y denuncia del mismo.
Por su parte, la jueza argentina Zunilda Niremperger, quien expuso sobre el derecho de reparación de los sobrevivientes, destacó que la trata de personas es una de las formas más crueles de vulneración de los derechos humanos y también de la violencia de género. Recordó que, para que se dé este fenómeno, tiene que existir una diferencia de poder entre el tratante y la víctima.
De igual modo, detalló el basamento legal de la reparación y la restitución de los derechos que le fueron arrebatados a la víctima, a la vez que exhortó a crear leyes y un fondo de ayuda para ofrecerles asistencia integral, y capacitarlas para reinsertarlas en el mercado laboral.
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En tanto que Verónica Mesa (Mulier), presentó un recuento del monitoreo de medios de venezolanas rescatadas de las redes de tratas de personas en 2021. Reiteró que este fenómeno se incrementó a raíz del éxodo masivo generalizado, con una incidencia mayor en niños y adolescentes. Solo en el primer trimestre de 2022 han identificado a 157 rescatados, de los cuales 20 son menores de edad. Mesa instó a crear un Plan Nacional contra la Trata de Personas.
Cristina Ciordia (Cepaz) habló de la trata de venezolanas migrantes en las Américas y la repuesta de los Estados. Comentó que, según UNODC, 74% de las víctimas son mujeres y que 97% se moviliza dentro de la región. Se refirió a la “feminización” de este crimen que afecta especialmente a mujeres y personas LGTBQ y que, por ende, la respuesta de los Estados debe tener perspectiva de género.
En tanto que Mitzi Cuadra (Anthus-México), refirió que, a mayor vulnerabilidad, crecen las probabilidades de ser víctimas de las redes de trata. Señaló que en la mayoría de los países latinoamericanos existe precariedad de recursos materiales y humanos para el acompañamiento de las víctimas. En tal sentido, reiteró la necesidad de crear planes integrales de prevención y la formación de personal especializado para que las víctimas tengan acceso real a la justicia y no sean revictimizadas.
Norma Ferrer, coordinadora de ALAC (Transparencia Venezuela), cerró la jornada con la presentación de los principales hallazgos del proyecto Previniendo la trata de personas en mujeres adolescentes, mediante el cual fueron sensibilizados más de 152 alumnos de dos centros de educación media en Tocuyito, estado Carabobo, así como 60 docentes y personal administrativo de dos liceos seleccionados en la zona.
Señaló que luego de los talleres de prevención de la trata de personas en espacios educativos se imprimieron y distribuyeron 1.000 folletos informativos y guías para la incorporación del tema en clases y otras actividades a través de estrategias pedagógicas.
Expertas que participaron en un seminario internacional, promovido por Transparencia Venezuela y slas organizaciones que integran el Grupo de Trabajo Sobre Esclavitud Moderna, coincidieron en la necesidad de crear un registro oficial y adoptar programas integrales de prevención para ofrecer atención efectiva a los sobrevivientes
Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2022. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas es el traslado de seres humanos de un lugar a otro en las fronteras de un mismo país o hacia el exterior, con fines de explotación, en su mayoría sexual, laboral o mendicidad. Se estima que 2,5 millones de personas son víctimas de la trata en todo el mundo, pero por cada una se piensa que existen alrededor de 20 sin identificar.
En este contexto, se considera que el proceso migratorio venezolano de los últimos años ha elevado las cifras de connacionales afectados por el fenómeno. El reporte de dicha instancia de la ONU señaló que 430 venezolanos fueron víctimas de trata de personas en países de las Américas, Europa, África y Asia en 2020. De igual modo, en el reciente Informe de Tráfico de Personas, en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos revisa la situación a escala mundial, Venezuela se mantuvo en el “nivel 3” por sus escasos esfuerzos para prevenir y castigar esta práctica.
Ante esta realidad y en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, Transparencia Venezuela se suma a los esfuerzos para prevenir y perseguir este atroz delito que no solo vulnera los derechos humanos, sino que involucra violencia por razones de género y, en muchos casos, se comete bajo el amparo de la corrupción, la impunidad y la opacidad de las autoridades.
Una de estas iniciativas fue la cuarta edición del Seminario Internacional La trata de personas, más allá de nuestras fronteras, promovido por la organización junto al Grupo de Trabajo Sobre Esclavitud Moderna (GTEMV), Mulier, Éxodo, Red Naranja, Cepaz, los centros de Derechos Humanos de la UCAB y Unimet; Unión Afirmativa, Caleidoscopio Humano y la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDHNNA).
Durante dos días, un nutrido panel de expertas de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y México, examinaron diferentes aspectos de la trata de personas en el contexto migratorio venezolano. Además, compartieron experiencias de sus países y presentaron propuestas para prevenir y minimizar el impacto de este delito.
En el marco de este evento virtual, las organizaciones participantes activaron la campaña #JuntasSomosLibres, que se creó a partir de los hallazgos del proyecto Previniendo la trata de personas en mujeres adolescentes, ejecutado por Norma Ferrer, coordinadora de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela, con apoyo de esa organización, del GTEMV, de la Red Naranja y Éxodo.
La mayoría de las ponentes coincidió en que la ausencia de un registro oficial en la mayoría de los países de América Latina, la impunidad y la falta de programas integrales de prevención impiden dimensionar el problema y ofrecer atención efectiva a las sobrevivientes de trata de personas. El caso venezolano es aún más grave, dada la emergencia humanitaria compleja y la crisis generalizada que han generado el mayor desplazamiento humano de la región.
Por rutas más seguras
La trata de personas es un negocio ilícito con alcance en al menos 127 países de todo el planeta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que las ganancias que reporta ese delito ascienden a unos 32.000 millones de dólares por año. El proceso inicia con la captación, sigue con el traslado y la recepción, luego de la cual las víctimas son sometidas a diferentes formas de explotación, siendo la más común la sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil y la extracción de órganos.
Según el Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de UNODC, la trata de personas afecta principalmente a mujeres y niñas de todo el mundo con 65 % de las víctimas identificadas. Aunque se observó un aumento en los hombres y niños en comparación con el reporte anterior (35 % del total), se le sigue considerando que esta práctica impacta de forma mayoritaria a la población femenina más vulnerable, en particular a mujeres en situación de pobreza, indígenas, integrantes de la comunidad sexodiversa y migrantes.
En este escenario, la migración forzosa de más de 6 millones de venezolanos se ha convertido en terreno fértil para la operación de diferentes redes de trata de personas, tal como lo explicó Nicole Hernández (Cepaz), durante la primera jornada del Seminario Internacional La trata de personas, más allá de nuestras fronteras.
La ponente afirmó que Venezuela, junto a Haití, posee el mayor índice de esclavitud moderna por número de habitantes de la región y que entre 10% y 15% de los migrantes sufre de violencia y violencia sexual. Hernández hizo particular referencia al drama de los más de 28.000 venezolanos que han cruzado la selva de Darién, entre Colombia y Panamá, en su tránsito a Estados Unidos. Entre estos se ha reportado la muerte de al menos 10 personas, por lo que abogó por la creación de rutas migratorias seguras.
Lea también: Crisis humanitaria compleja aumenta la vulnerabilidad de los venezolanos ante la trata de personas
Por su parte, Carolina Rudnick (Libera-Chile), quien expuso sobre la debida diligencia de las empresas en la trata de personas, señaló que esta práctica y el trabajo forzado son formas de esclavitud moderna. Destacó que 80% del trabajo forzado ocurre en el sector privado y que existe complicidad de las empresas en su rol de intermediarios laborales, así como en la cadena de suministros, como proveedores o subcontratistas.
Reina Baiz (Éxodo) y Aimé Zambrano (Utopix), abordaron el tema de las desapariciones y la trata de mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela. La primera puso en contexto la migración forzada de los venezolanos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja. Señaló que 77% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y más de 57% padece de inseguridad alimentaria.
Baiz reiteró que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, determinó que la movilidad forzada, insegura y masiva expone a las personas a situaciones de trata, explotación sexual y otras formas de violencia por razones de género.
Indicó que organizaciones civiles y medios independientes han referido que, en lo que va de 2022, han sido rescatadas 430 personas venezolanas víctimas de trata, pero expresó que el país se impone la opacidad, pues no existe un registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas.
En este tema ahondó Zambrano, quien indicó que entre enero de 2020 y agosto de 2021 contabilizaron 321 personas desaparecidas. Además de las cifras que muestran cómo se ha incrementado el fenómeno en los últimos años. Recomendó reformar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar la desaparición de personas como un delito; elaborar un registro nacional de adolescentes y niños extraviados; y crear una alerta de desaparición como existe en otros países.
La primera jornada del seminario incluyó intervenciones de Selene Soto (Women’s Link Worldwide-Colombia), sobre la perspectiva de derechos humanos en la trata de personas y el impacto de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana en el caso de la venezolana identificada como “Yolanda”, víctima de trata; María Gabriela Cuevas (UCAB), quien abordó el tema de los conceptos erróneos sobre elementos de este delito, y Sor Deisis Andrade (Red Clamor), quien expuso algunas experiencias de la organización en la prevención de la trata de personas.
Prevenir es la clave
El Seminario Internacional La trata de personas, más allá de nuestras fronteras continuó con el recorrido por la evolución de los acuerdos internacionales para suprimir y penalizar la trata de personas presentado por Victoria Capriles (Unimet). Refirió que el Estado venezolano no cumple con sus funciones de investigar, perseguir y judicializar este delito, a la vez que destacó el rol de la sociedad civil en la visibilización y denuncia del mismo.
Por su parte, la jueza argentina Zunilda Niremperger, quien expuso sobre el derecho de reparación de los sobrevivientes, destacó que la trata de personas es una de las formas más crueles de vulneración de los derechos humanos y también de la violencia de género. Recordó que, para que se dé este fenómeno, tiene que existir una diferencia de poder entre el tratante y la víctima.
De igual modo, detalló el basamento legal de la reparación y la restitución de los derechos que le fueron arrebatados a la víctima, a la vez que exhortó a crear leyes y un fondo de ayuda para ofrecerles asistencia integral, y capacitarlas para reinsertarlas en el mercado laboral.
Visite: Suprema Injusticia
En tanto que Verónica Mesa (Mulier), presentó un recuento del monitoreo de medios de venezolanas rescatadas de las redes de tratas de personas en 2021. Reiteró que este fenómeno se incrementó a raíz del éxodo masivo generalizado, con una incidencia mayor en niños y adolescentes. Solo en el primer trimestre de 2022 han identificado a 157 rescatados, de los cuales 20 son menores de edad. Mesa instó a crear un Plan Nacional contra la Trata de Personas.
Cristina Ciordia (Cepaz) habló de la trata de venezolanas migrantes en las Américas y la repuesta de los Estados. Comentó que, según UNODC, 74% de las víctimas son mujeres y que 97% se moviliza dentro de la región. Se refirió a la “feminización” de este crimen que afecta especialmente a mujeres y personas LGTBQ y que, por ende, la respuesta de los Estados debe tener perspectiva de género.
En tanto que Mitzi Cuadra (Anthus-México), refirió que, a mayor vulnerabilidad, crecen las probabilidades de ser víctimas de las redes de trata. Señaló que en la mayoría de los países latinoamericanos existe precariedad de recursos materiales y humanos para el acompañamiento de las víctimas. En tal sentido, reiteró la necesidad de crear planes integrales de prevención y la formación de personal especializado para que las víctimas tengan acceso real a la justicia y no sean revictimizadas.
Norma Ferrer, coordinadora de ALAC (Transparencia Venezuela), cerró la jornada con la presentación de los principales hallazgos del proyecto Previniendo la trata de personas en mujeres adolescentes, mediante el cual fueron sensibilizados más de 152 alumnos de dos centros de educación media en Tocuyito, estado Carabobo, así como 60 docentes y personal administrativo de dos liceos seleccionados en la zona.
Señaló que luego de los talleres de prevención de la trata de personas en espacios educativos se imprimieron y distribuyeron 1.000 folletos informativos y guías para la incorporación del tema en clases y otras actividades a través de estrategias pedagógicas.