Karim Khan, en Noviembre de 2022, pidió a la Sala permiso para retomar sus investigaciones, por considerar que las autoridades venezolanas no habían mostrado verdadera voluntad de esclarecer y castigar los hechos de Lesa Humanidad
Transparencia Venezuela 15 de marzo de 2023.- 2.000. Ese es el número de formularios, documentos y videos que las víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela han enviado a la Corte Penal Internacional (CPI), así lo comunicó el portal de Suprema Injusticia.
La información la ofreció la CPI, juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), el cual anunció en su sitio web que el lapso para que los particulares informaran sobre lo que les ocurrió, y sobre todo para que expusieran si consideraban que las autoridades venezolanas estaban investigando dichos hechos, concluyó el pasado 7 de marzo.
La CPI admitió que su Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), instancia encargada de recibir la información, se ha visto desbordada por la cantidad de material recibido desde Venezuela vinculado crímenes de lesa humanidad.
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“La VPRS aún no ha acusado recibo de todos los formularios y videos recibidos debido al altísimo volumen de información recibida particularmente en la primera semana de marzo”, reveló, al tiempo que declaró que “los acuses de recibo de todos los formularios, videos u otros documentos presentados se emitirán sucesivamente en las próximas semanas”.
Los argumentos de las víctimas formarán parte de un informe sobre el Caso Venezuela I
La CPI indicó que la VPRS está procesando “todas las opiniones e inquietudes recibidas de las víctimas” sobre el denominado caso Venezuela I, para presentarlas a la Sala de Cuestiones Preliminares en el informe que este 21 de marzo deberán hacerle llegar.
El reporte antes mencionado será uno de los elementos que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI empleará para decidir si autoriza al fiscal Karim Khan a reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en Venezuela y a tratar de identificar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que considera que han ocurrido en el país (detenciones arbitrarias, persecución, torturas y ejecuciones extrajudiciales).