La CIDH en un comunicado de prensa pidió al parlamento venezolano desechar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales la cual fue aprobada en su primera discusión el pasado 24 de enero.
Transparencia Venezuela, 15 de marzo de 2023.- A la cesta de la basura. Allí ha pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que termine el proyecto Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines que el chavismo impulsa en la Asamblea Nacional y que el pasado 24 de enero fue aprobado en primera discusión, así comentó el portal de Suprema Injusticia.
El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) considera que el borrador presentado por el diputado Diosdado Cabello “limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela”; y, por ello, instó a las autoridades a “no ratificar esta iniciativa y a garantizar la libertad de asociación”.
La petición la formuló la CIDH, junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en un comunicado de prensa, en el que recordó que la presentación del texto en el Parlamento venezolano “se caracterizó por referencias estigmatizantes hacia 62 organizaciones de la sociedad civil, a las que se les calificó de «enemigas», «traidoras de la patria» y «fachadas de partidos»”.
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El borrador que debate la Asamblea Nacional de 2020 impone a las organizaciones civiles existentes la obligación de inscribirse en un nuevo registro, de suministrar regularmente información sobre sus miembros y fondos, así como presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República. Y en caso de cualquier incumplimiento no solo se establecen multas, sino que permite a las autoridades suspender e incluso cerrar a cualquier organización no gubernamental en Venezuela.
No es el primer caso de hostilidad contra la ONG en Venezuela
Tras denunciar que “este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo libertades como la de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público”, la instancia continental afirmó que “en Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”.