Con motivo de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), nueva estrategia de seguridad emprendida por el gobierno nacional, habitantes del sector alzaron sus voces para denunciar supuestos abusos policiales, maltratos físicos y verbales, hurtos en viviendas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, durante el procedimiento en el que participaron efectivos del Cicpc, Sebin, Policía Nacional y Guardia Nacional.

El equipo de Transparencia Venezuela se acercó el pasado viernes 17 a la sede principal del Ministerio Público, en Parque Carabobo, para escuchar el testimonio de vecinos y familiares, quienes ese día acudieron a exigir ¡Justicia! ante lo que consideran una violación a los Derechos Humanos.Boletín 7

Tras diversos episodios de violencia e incluso asesinatos en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mil 500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se activaron en varios puntos de la Gran Caracas durante el fin de semana, para vigilar los complejos habitacionales de la GMVV, como parte del Plan Patria Segura .La medida poco sorprendió a los habitantes. El ministro de vivienda, Ricardo Molina admitió que muchos beneficiados por los apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela han “mal utilizado” los espacios y han montado estructuras delictivas y por ello dijo, “no vamos a permitir que malandros obstaculicen la vía y deterioren la calidad de vida del venezolano”.

Los centros de salud lucen cada vez más afectados por diversos problemas y los módulos de la Misión Barrio Adentro no escapan a la situación. En el sector Vuelta Larga de Los Teques, voceros del consejo comunal de la comunidad aseguran que la red de cloacas del centro de salud tiene fallas. «El módulo tiene más de 12 años en servicio y, cada vez que llueve, se mojan consultorios, baños, pasillos y el cuarto de curas» . Esto evidencia que aumenta la decadencia en el sistema sanitario en el país.

La disponibilidad y accesibilidad de los alimentos resulta una proeza en la Venezuela actual. Por un lado, se establecen medidas como las de la Superintendencia Nacional Agroalimentaria (Sunagro), «la cual estipula que la producción de afiliados debe ser redistribuida a las cadenas del Estado (Pdval, Mercal, Abastos Bicentenarios)» y que se ejecutará a través de la posesión de guías que permitirá movilizar alimentos en el país.

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