Transparencia Venezuela, 16 de mayo de 2022.- La justicia internacional sigue ejerciendo presión sobre Venezuela. Así mientras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inicia oficialmente sus investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fijará su atención ahora sobre las irregularidades ocurridas en las elecciones presidenciales sobrevenidas celebradas en 2013 y, sobre todo, en la manera cómo las autoridades despacharon las denuncias de la oposición.

El caso de los comicios celebrados a raíz del deceso de Hugo Chávez, y que oficialmente ganó Nicolás Maduro con una pírrica ventaja de 1,49% de los votos, fue llevado ante la Corte IDH, con sede en San José (Costa Rica), por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que dio por validas las denuncias formuladas por el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski. Así lo informó la instancia en un comunicado de prensa.

La CIDH acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de violar al entonces candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sus derechos elegir y ser electo, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y la protección judicial efectiva, todos ellos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo al organizar unos comicios francamente favorables al abanderado oficialista sino al no atender ninguna de las quejas que su adversario formuló durante y luego de las votaciones e incluso sancionarlo con una multa de 100 unidades tributarias.

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¿Ventajismo descarado en la elección de Maduro?

En su querella a la Corte, la CIDH denunció que el proceso electoral estuvo marcado por “el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato oficialista y un acceso marcadamente inequitativo de los medios masivos de comunicación estatal”.

Se trata de una situación que según la CIDH devino en “un favoritismo indebido” que le permitió a Maduro participar en la elección del 14 de abril de 2013 en “una situación de ventaja o superioridad frente al resto de los candidatos”, algo que, a su vez, “constituyó una afectación al derecho de la presunta víctima a participar en tal proceso en condiciones de igualdad y sin ninguna desventaja ilegítima respecto de otros candidatos”.

Tras advertir que estas irregularidades no solo afectaron los derechos particulares de Capriles Radonski, sino los derechos políticos de los venezolanos en su conjunto, al irrespetar “la voluntad de los electores”, la CIDH fustigó la actuación del CNE, por cuanto no tramitó ninguna de las denuncias ni tomó ninguna medida para ponerle coto.