Lissette Cardona– Por lo menos 400.000 kilos de medicamentos se vencieron entre 2.010 y 2.014 sin cumplir su función: curar o paliar las dolencias de quienes sufren alguna enfermedad. Los fármacos no fueron distribuidos a los hospitales del país. Las  medicinas expiraron mientras estaban almacenadas en los puertos de La Guaira, Puerto Cabello o en contenedores colocados en el interior del Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas, Sefar, ubicado en Las Adjuntas.

Solo en 2.014 los trabajadores de esa dependencia del Ministerio de Salud contaron 18 contenedores con 50.000 kilos de material dañado. En las cajas había lotes de medicinas como la Bicalutamida de 150 miligramos, usada como tratamiento para el cáncer de próstata metastásico y que hoy está escasa en el país. También se halló Enalapril de 10 miligramos, un tipo de antihipertensivo que tampoco se consigue, así como cajas de Omeprazol y Fluconazol, vencidos 2 años antes, entre otras medicinas.

Miembros del grupo Movida Parlamentaria, conformado por los diputados José Gregorio Contreras, Luis Barragán, Juan Pablo García, Ángel Medina, Carlos Berrizbeitia y la entonces parlamentaria María Corina Machado, reveló que todos los medicamentos habían sido incinerados. Para esa labor, Min Salud habría contratado desde 2.012 los servicios de las empresas Calderas Serv-Jet en Maracay y la Incineradora Hornos de La Guaira.

Aunque no hay datos precisos sobre el monto total gastado en la importación de las medicinas vencidas en los últimos 4 años, su almacenaje y posterior incineración, el informe parlamentario señala que en 2.011, el gobierno pagó 31 millones de dólares a Cuba para importar esos fármacos. En 2.012 el pago ascendió a 46,5 millones de dólares. Los medicamentos hallados entre 2.013 y 2.014 costaron 400 millones de dólares.

A ese grupo de medicinas vencidas se suma un lote de 2.588 kilos de materia prima para fabricar antibióticos, carbapanems, medicamentos liofilizados y conservantes usados en los centros hospitalarios, que se vencieron en el Sefar debido a los retrasos en la construcción de la planta en la que serían procesados. La advertencia fue hecha por el propio Min Salud en su Memoria y Cuenta de 2.013. En ese material se gastó un total de 7,5 millones de dólares correspondientes al presupuesto de ese despacho del año 2.012.

Sin culpables ni respuestas

La Contraloría General de la República produjo 2 informes en los que señalaban que Min Salud debía corregir las fallas de almacenamiento que terminaron con la vida útil de medicamentos en 2.011 y 2.013. El primer documento denunciaba el hallazgo de medicinas con una data de vencimiento de entre 1 y 6 años. El segundo señalaba que había medicinas dañadas 2 ó 3 años atrás, que se compraron con un lapso de expiración muy cercano a la fecha de importación y que fueron pagadas a Cuba por adelantado. Los informes no precisaban responsabilidades directas.

“(Min Salud) Adquirió los mismos tipos de medicamentos en cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre 21,21% y 9.670,11%, sin justificación”, advierte el texto realizado en 2013 bajo la gestión de la contralora Adelina González.

En los 4 años transcurridos desde 2010, cuatro personas ocuparon la cartera de Salud: Eugenia Sader Castellanos, Isabel Iturria, Francisco Armada y Nancy Pérez Sierra, actual ministra. Solo Sader Castellanos fue objeto de una imputación a cargo de la Fiscalía General de la República por peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiro presupuestario. No se han realizado nuevos anuncios sobre el caso luego de la acción ejecutada el 20 de junio de 2014.

En agosto de ese mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó el recurso de abstención introducido por las ONG Espacio Público, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y Provea que exigían que Min Salud respondiera por la pérdida de medicamentos importados de Cuba. Las ONG habían solicitado al ente rector en salud que informara los resultados de las investigaciones anunciadas por sus funcionarios luego de los hallazgos de medicamentos dañados. No obtuvieron respuestas.
De acuerdo con el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, la Dirección General de Producción de Insumos es responsable de la producción nacional de medicamentos e insumos, por lo que debería responder por los retrasos y pérdidas causadas por el daño de materia prima para la fabricación de medicinas.

El mismo documento señala que la Dirección General de Suministros de Insumos debe monitorear y evaluar el acceso de la población a medicamentos esenciales y otros insumos. El Sefar, creado en julio de 1993 y reinaugurado en 2006, tiene la responsabilidad de elaborar 10 tipos de fármacos esenciales, así como de distribuir los materiales y medicamentos importados a través de los convenios internacionales y que se encuentran almacenados en sus espacios.

El Sefar ha cambiado de director en 4 ocasiones desde 2010. En ninguna de las ocasiones se han producido investigaciones por el vencimiento de medicamentos denunciado entre 2010 y 2014. En 2010 estuvo a cargo de la gestión de esa dependencia, Fernando José Urbano Rodríguez, posteriormente, para el año 2011, fue designado en el cargo Nicolás Gustavo Seijas Arrieta, quien fue destituido a finales de ese año y pasó a presidir la aerolínea Conviasa. Luego de ello, asumió el cargo Julio Cesar Aguilar Rondón durante todo el año 2012. Entre 2013 y mediados de 2014 estuvo encargada Lesbia Josefina Muro Lozada, quien prohibió la entrada de los diputados opositores a inspeccionar los almacenes del servicio.

Al frente de la Dirección General de Suministros e Insumos ha habido 4 personas en igual número de años, sin investigaciones por la irregularidad en la distribución de fármacos. Leopoldo Landaeta Vargas estuvo en el año 2010, Janina María Colmenares Sarmiento en 2011, Yelitza Jardín en 2012 y desde 2013 a la actualidad Marianela del Mar Padrino.