Una jueza con competencia en materia de Terrorismo sentenció a seis representantes del sector laboral a 16 años de cárcel por liderar las protestas que en 2022 protagonizaron los empleados públicos contra el polémico instructivo salarial de la Onapre
Transparencia Venezuela, 3 de agosto de 2023. Los sindicalistas Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco Alonso Meléndez y Emilio Negrín fueron declarados “culpables” de los delitos de conspiración y asociación para delinquir y recibieron una condena de 16 años con base en pruebas que parecen estar viciadas, según declaraciones de sus abogados que fueron reseñadas por Suprema Injusticia.
La sentencia fue impuesta el pasado 1° de agosto por la jueza 2 de Juicio con competencia en materia de Terrorismo, Grendy Duque Carvajal a los seis dirigentes sociales lideraron la ola de protestas que en 2022 protagonizaron los empleados públicos en rechazo a la diminución de sus ingresos por la aplicación del cuestionado instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Alonso Medina Roa, quien forma parte del equipo que defiende a los sindicalistas, denunció que los elementos que empleó la jueza para dictar su fallo carecen de legalidad. “Un informe de contrainteligencia que carece de vida jurídica, porque es anónimo y que no está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico, y la extracción de una información de diferentes equipos electrónicos (teléfonos celulares), la cual se realizó sin ningún tipo de autorización de un tribunal; es decir bajo una forma ilícita conforme a las leyes”.
Medina Roa recordó que la Constitución venezolana, el numeral 1 del artículo 49 señala claramente que las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso son nulas. También refirió que el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) detalla que “los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones” de dicho código.
📍 También te puede interesar: Inhabilitaciones políticas en Venezuela disparan las alarmas internacionales
Sin embargo, según Suprema Injusticia, desde hace años las autoridades venezolanas vienen recurriendo a reportes de inteligencia elaborados a partir de declaraciones ofrecidas por informantes anónimos, también conocidos como “patriotas cooperantes”, para procesar a opositores y disidentes. Es una práctica ilegal y viciada que viene siendo tolerada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tal y como lo denunció el portal recientemente.
Lee más en:
