Transparencia Venezuela exhortó a investigar la forma en que el Gobierno nacional ejecuta los recursos aprobados para la compra de alimento en el país, como forma de evitar la escasez que ha surgido en los últimos meses por la falta de inversión en el país.

En un documento publicado por la organización se hace alusión a las denuncias realizadas por periodistas, gobernadores, diputados nacionales y regionales sobre el mal manejo que le ha dado el Gobierno al presupuesto destinado a la cartera de alimentación. Además menciona las noticias relacionadas con alimentos podridos y vencidos reseñados en los medios de comunicación, lo que deja en evidencia la falta de organización por parte del Ejecutivo nacional.

El análisis destaca que para el Ministerio de Alimentación se aprobaron en el 2010, dos mil 700 millones de bolívares, sin embargo vía créditos adicionales se destinaron 262.153.868 millones de bolívares, la cifra no representa el valor total de los alimentos comprados por el Gobierno. Asimismo, recuerda las compras importantes de alimentos las realiza Pdvsa, razón por la cual exhortó a la empresa estatal a hacer públicos los datos sobre la cantidad de alimentos adquiridos, las empresas que se encargaron de ello y el presupuesto que manejo Productora Venezolana de Alimentos (Pdval).

“La necesidad de solventar la escasez de alimentos en el corto plazo y la falta de organización por parte del Gobierno nacional deja espacios para actos de corrupción”, alerta la organización tras sus labores de seguimiento a la ejecución del Presupuesto Nacional.

Tales circunstancias conllevan a exigir a la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a iniciar las investigaciones pertinentes en cada caso, para que los venezolanos conozcan el destino de los fondos, que deben ser de rendición pública.

Otro de los cuestionamientos reflejados en el informe de Transparencia Venezuela, se refieron con el nuevo sistema creado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Gobierno nacional mediante convenio cambiario número 18 para intentar solventar el problema de acceso a las divisas que tienen los sectores productivos del país.

El análisis hecho a los montos aprobados por estos nuevos sistemas  revela que las divisas liquidadas no alcanzan para cubrir los requerimientos diarios de la economía venezolana; al mismo tiempo asegura que el control cambiario ha generado retrasos y aumento de los costos y   dificulta cada vez más las labores del sector productivo

Por otro lado en el documento se explica cómo los créditos adicionales aprobados por la AN han superado el diez por ciento del presupuesto nacional del año 2010, mientras los créditos aprobados por el ejecutivo nacional mediante insubsistencias representan la mitad de todos los créditos otorgados. Estas prácticas constituyen una falta de organización y altos niveles de improvisación por parte del Gobierno.