La Comisión permanente de Política Interior, dará inicio a una investigación para determinar todas las irregularidades ocurridas en la presunta entrega de visas y pasaportes diplomáticos a grupos irregulares desde la embajada venezolana en Irak.

La decisión fue tomada durante la sesión de este martes 7 de febrero, luego que el diputado Ismael García (PJ-Aragua), solicitara ante la Cámara iniciar una investigación a raíz de la denuncia hecha por el exconsejero de la embajada de Venezuela en Irak,  Misael López, y que se difundió por un canal de noticias internacionales. García destacó que la denuncia asoma la existencia de una red que traficó para la venta de pasaportes venezolanos en el Medio Oriente.

La segunda vicepresidente del Parlamento, Dennis Fernández (AD-Cojedes) notificó que como primer punto de orden de la reunión que tendrá mañana la Comisión de Política Interior, será discutida la denuncia para poder dar con los responsables.

Inmunidad parlamentaria sin valor

La presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano (UNT-Miranda), lamentó que se cumplieran 24 días de lo que calificó como el «Secuestro» del diputado Gilbe Caro (VP-Miranda). Solórzano alertó que aunque se logró que el Ministerio Público envió una comitiva al recinto penitenciario donde se encuentra «secuestrado» el diputado Caro, con la intención de verificar el estado de salud del parlamentario, sin embargo las autoridades del recinto le negaron el acceso a los funcionarios de la Fiscalía.

Por otra parte, el diputado Williams Dávila (AD-Mérida) denunció desde la plenaria la anulación de su pasaporte por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), impidiendo así su salida del país para cumplir con sus responsabilidades parlamentarias. «Mi pasaporte se vence en 2018, no me vengan ahora con que está vencido, responsabilizo a los malandros del Saime que anularon mi pasaporte» aseveró el integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior.

La medida tomada contra Dávila se suma a la ejercida contra el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido (VP-Lara), quien desde la semana denunció la anulación de su pasaporte e impedimento de salida del país sin ningún justificativo.

Recordemos que la Carta Magna señala en su artículo 200 que “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo (…)”

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