Decisiones judiciales que favorecen a poderosos y que son obtenidas de manera irregular en Venezuela están siendo utilizadas como pruebas en juzgados de otros países, para cerrar procesos judiciales por blanqueo de capitales provenientes de la corrupción en Venezuela.
Transparencia Venezuela, 19 de agosto de 2026. Lograr que un tribunal venezolano cierre una investigación por sobreseimiento es una práctica a la que están recurriendo algunos poderosos que son señalados en casos de gran corrupción, que tienen su origen en Venezuela y generalmente en la petrolera Pdvsa. Son dictámenes que luego sirven para argumentar su inocencia en sistemas de justicia, como por ejemplo en España, porque no se habría comprobado el origen ilícito de sus fortunas, es decir, no habría delito precedente.
La justicia se representa como una mujer con los ojos vendados para simbolizar su imparcialidad. Pero aún en 2026, hay fallos recientes que dejan dudas. Uno de esos es la decisión a favor de familiares y aliados de Francisco Convit Guruceaga, a los que el Ministerio Público venezolano señaló por sus negocios presuntamente turbios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El pasado 14 de mayo la Sala Especial de la Corte de Apelaciones de Caracas con competencia en delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada sobreseyó el proceso seguido contra Ana Graciela Convit Guruceaga, por “atipicidad objetiva absoluta”, según se lee en parte del fallo redactado por el juez Rafael Osío, que publicó en sus redes sociales el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
Es decir, la Sala de la Corte de Apelaciones consideró que los hechos imputados a Ana Graciela Convit Guruceaga— hermana de uno de los “bolichicos”, Francisco Convit Guruceaga, directivo de la empresa Derwick y socio de Alejandro Betancourt López— no constituían delito, aunque no explica el por qué. A pesar de que el contenido íntegro del fallo no ha sido difundido, fuentes judiciales confirmaron que el caso cerrado estaba relacionado con la trama Pdvsa-Cripto, en la que funcionarios y empresarios comercializaron crudo venezolano, pero el dinero jamás ingresó a las cuentas de Pdvsa.
Semanas después, la defensa de los Convit solicitó a la misma sala que el sobreseimiento fuera extendido a Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Mario Iliopoulos. El tribunal de apelaciones atendió a la petición, según los documentos difundidos por Mundaray.
Las consecuencias
Las sentencias le habrían costado al juez Rafael Osio su detención por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de acuerdo con lo informado por medio El Pitazo.
Fuentes judiciales confirmaron a Transparencia Venezuela que, además del ponente del caso, fueron detenidos el magistrado Orlando Carvajal, el otro miembro de la Corte de Apelaciones que votó a favor de los dictámenes, así como el abogado Manuel Marrero, asistente de la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Carmen Marisela Castro.
El defensor del clan Convit y exfiscal del Ministerio Público, Daniel Hernández Sarmiento, también habría sido detenido. “Esta es la segunda vez que termina preso por esta gente”, precisó uno de los informantes, quien recordó que, a finales de 2025, el profesional del derecho terminó tras las rejas como sospechoso de haber realizado los pagos a los funcionarios del Sebin que facilitaron la evasión de Francisco Convit desde El Helicoide.
Por su parte, el magistrado Heriberto Antonio Peña fue removido de su cargo, a pesar de haber salvado su voto. Peña también estuvo en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) en tiempos de Joselit Ramírez, detenido por el mismo caso Pdvsa-Cripto, y es suplente de la Sala Penal del TSJ.
Se desconoce si han sido presentados ante algún tribunal.
¿Se anulará el sobreseimiento?
Los vicios detectados en el caso del clan Convit saltan a la vista.
La primera anomalía se detecta al leer el primer párrafo del fallo número 338-26, que Mundaray publicó parcialmente, y en el cual se lee que el poder utilizado por el abogado de Ana Graciela Convit, Daniel Hernández Sarmiento, proviene de una “Notaría Pública de Florida, Estados Unidos”; es decir que la imputada no se encuentra en Venezuela y, por lo tanto, no está a derecho.
En virtud de esta situación, la Corte de Apelaciones ha debido desechar la petición de Hernández Sarmiento, quien por cierto fue fiscal del Ministerio Público, tal y como hizo en un primer momento el tribunal de primera instancia que recibió primero la petición.
¿La razón? En Venezuela los juicios en ausencia están proscritos, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso”. Esa norma ha servido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para construir a lo largo de estos cinco lustros una jurisprudencia, según la cual los acusados e imputados deben comparecer ante los tribunales para ejercer sus derechos y no pueden delegar su representación en sus abogados, si no acuden personalmente sus procesos se paralizan automáticamente.
En Venezuela no está en absoluto permitido el enjuiciamiento en ausencia, todo proceso penal se suspende “cuando el imputado o acusado evada la estadía a derecho”, declaró la Sala Constitucional número 710 de julio de 2010.
Y tres años después el TSJ reiteró ese criterio, en su sentencia número 1091 de 2013, en la cual advirtió que ante la ausencia de los imputados o acusados los procesos penales se paralizan, “razón por la cual los jueces están impedidos para resolver o decidir peticiones de las partes”.
Esta fue la razón por la que el juez de la Corte de Apelaciones Heriberto Antonio Peña salvó su voto. ¿Entonces porque lo destituyeron?
A espaldas de los fiscales y de los venezolanos
Las decisiones que cerraron las causas abiertas contra los cinco imputados se adoptaron de oficio, de acuerdo con lo que se desprende de los extractos que han salido a la luz; es decir que los fiscales del Ministerio Público no fueron convocados a una audiencia oral y pública donde pudieran exponer sus argumentos en contra.
Asimismo, el contenido de los dictámenes no ha sido publicado en el sitio web del Poder Judicial, tal y como constató Transparencia Venezuela, pese a que han transcurrido meses desde el primer fallo.
Sobre el clan Convit
Francisco Convit Guruceaga, empresario venezolano, está vinculado a Derwick Associates, compañía que recibió miles de millones de dólares en contratos del Estado para mejorar el sistema eléctrico durante la crisis de 2009, varios de los proyectos jamás se ejecutaron. Es fugitivo de Estados Unidos por el caso Money Flight, en el que otros señalados se declararon culpables. Hace un año, el 25 de agosto, se escapó del Sebin en Caracas.
Ana Graciela Convit Guruceaga es su hermana.
La esposa de Francisco Convit, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, es otra de las beneficiadas de la decisión judicial. Jacinto Antonio Convit Ríos y Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga, otros de sus parientes, figuran como accionistas en varias firmas en Venezuela y Panamá, según los registros a los que ha tenido acceso Transparencia Venezuela.
Y, por último, Marios Iliopoulos, propietario de la empresa naviera Seajets, a quien el Ministerio Público señala de haber participado en operaciones de comercialización de crudo venezolano que jamás fueron cobradas por Pdvsa.
¿Por qué importa qué los jueces venezolanos cierren casos también investigados en otros países?
Este tipo de maniobras no solo persiguen el fin de casos en Venezuela, sino, sobre todo, de procesos judiciales abiertos en el extranjero. En marzo de 2026, el socio de Francisco Convit Guruceaga, Alejandro Betancourt López, consiguió que un tribunal español archivara una investigación por presunto blaqueo de dinero que tenía en su contra al presentar un sobreseimiento dictado por un tribunal de Caracas.
La investigación española contra Betancourt López, que se encontraba bajo secreto sumarial, se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía en la que se pide dilucidar si él y otros venezolanos están implicados en la legitimación de capitales en España, con dinero proveniente de un presunto desfalco en Pdvsa estimado en 4.850 millones de dólares (3.778 millones de euros).
En 2023 un tribunal penal de Caracas cerró un caso relacionado con el origen de unos fondos de Betancourt López y esa decisión fue utilizada por el conocido como “bolichico” para conseguir lo mismo en España.
En junio de 2026, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ordenó al juez Santiago Pedraz reabrir la investigación contra Betancourt López, también propietario de la conocida empresa Hawkers y con importantes negocios petroleros en Venezuela, según recientes revelaciones.
Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associates