El fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente de 2017 quiso salirle al paso a los señalamientos por “inacción judicial, una falta de investigación y persecución” de los crímenes de lesa humanidad
Transparencia Venezuela, 19 de octubre de 2022. “Fue por lana y salió trasquilado”. Este castizo refrán ilustra a la perfección lo ocurrido con el intento del fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente de 2017, Tarek William Saab, de desvirtuar el contenido del III informe de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por cuanto con sus propias cifras terminó ratificándolo, aunque sin pretenderlo, reseña el portal Suprema Injusticia.
Como se recordará en el informe de la Misión de la ONU se denuncia que “ha habido inacción judicial, una falta de investigación y persecución” de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
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Tarek William Saab quiso salirle al paso a los señalamientos y el pasado 14 de octubre, en una rueda de prensa, informó que en lo que va de 2022, al menos 533 funcionarios y 20 colaboradores civiles han sido imputados por presuntamente estar implicados en violaciones a los Derechos Humanos, mientras que 398 han sido acusados, 181 detenidos y 64 han sido condenados por un juez. “Esta es la cifra más alta desde el año 2017, duplica a varios de los años anteriores”, dijo y contrastó este dato con el de 2021, cuando dijo que fueron imputados 233 policías y militares, señala la página web.
No obstante, Saab obvió que sus datos revelan que solo 12% de los agentes investigados (64 de 533) han terminado con una sentencia por parte de un juez. Lo que implica que más del 80% de los casos siguen castigo. “Solo en unos pocos casos se han dictado sentencias”, denunció la Misión de la ONU en su reporte.
Además, Saab consideró que la Misión de la ONU y otras instancias internacionales buscan fabricarle “un expediente a nuestro país, a autoridades del Estado”.