Transparencia Venezuela, 16 de junio de 2022.- Por considerar que su “lenguaje ambiguo” puede abrir las puertas “restricciones arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras de Derechos Humanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Asamblea Nacional electa en 2020 a desechar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que en la actualidad analiza.
La solicitud la formuló la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado que emitió conjuntamente con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el cual además instó a las autoridades venezolanas en su conjunto a cesar la campaña de ataques, hostigamiento y criminalización que mantienen contra los activistas y las agrupaciones que promueven las garantías fundamentales.
La CIDH y la Relatoría expresaron su preocupación por el contenido del artículo 26 del borrador de la Ley de Cooperación Internacional, el cual contempla la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones de la sociedad civil que “directa, o indirectamente, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.
Tras recordar que “la libertad de asociación es fundamental para ejercer la labor de defensa de Derechos Humanos”, las instancias denunciaron que “el lenguaje ambiguo de esta iniciativa pueda dar lugar a una interpretación subjetiva por parte de autoridades –en particular si las actividades realizadas por las organizaciones de Derechos Humanos en el país serían contrarias a los intereses del Estado–y conduzca a su cancelación arbitraria”.
El financiamiento internacional a las ONG no es delito
La Comisión y la Relatoría también manifestaron su preocupación por las disposiciones que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a registrarse ante el Estado venezolano, por considerar que estos requisitos podrían buscar impedir el funcionamiento de estas agrupaciones. “Tal como ha establecido la Corte Interamericana, la libertad de asociación debe garantizarse sin intervención o presiones de autoridades que limiten, entorpezcan o alteren el ejercicio de este derecho”, recordaron.