Transparencia Venezuela, 29 de abril de 2026. El control de la justicia ha permitido al chavismo matar no dos, sino tres pájaros de un tiro. Al menos esta es la conclusión a la que se llega al leer el informe anual correspondiente a 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual se denuncia que la cooptación de los tribunales y del Ministerio Público ha permitido al oficialismo retener el poder, al tiempo que ha abierto las puertas para que queden sin castigo las graves violaciones a los derechos humanos y la corrupción.
“En Venezuela no hay independencia judicial. Esto ha permitido la concentración del poder público en cabeza del partido oficialista, corrupción e impunidad por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, especialmente en contra de las voces críticas y disidentes”, se lee en el reporte.
En este análisis Venezuela vuelve a figurar junto a Cuba y Nicaragua en el capítulo IV, también conocido como la “lista negra” de los derechos humanos en el continente.
El diagnóstico
La CIDH dejó en claro que 2025 no fue un buen año para Venezuela. ¿La razón? Fue el año en el que “se consolidó la dictadura”, denunció en su informe y dio cuenta de nuevos casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y cierres de medios de comunicación.
Pero además de las violaciones antes denunciadas, la CIDH resaltó las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales.
La Comisión aseguró que tuvo conocimiento de que 43 agrupaciones civiles intentaron cumplir los nuevos requisitos impuestos por la ley, pero solamente siete lograron superar la primera fase, ninguna de ellas dedicada a los derechos humanos.
Tras reportar que el 63% de 101 organizaciones venezolanas han tenido que reducir sus actividades o cerrar, la CIDH destacó el caso de Transparencia Venezuela, que, a principios de 2025, anunció el fin de sus operaciones en el país y comenzó a operar en el exilio semanas después.
La CIDH, en su informe, aseveró que la democracia venezolana no habría podido desaparecer sin la cooptación de los poderes públicos, en particular de la justicia, que se dio gracias a “la alta provisionalidad de jueces, el nombramiento irregular de las más altas autoridades judiciales, ausencia de garantías de inamovilidad de jueces, y opacidad en el gobierno judicial y la administración de justicia”.