La Asamblea Nacional (AN), bajo moción de emergencia aprobó una nueva Ley Habilitante para el presidente de la República Nicolás Maduro, extendiendo los poderes por seis meses más hasta el 31 de diciembre de 2015.

Las razones que expuso el jefe de Estado para solicitar nuevamente poderes habilitantes, tienen que ver con el decreto emanado del Gobierno de Estados Unidos que catalogó a Venezuela como una amenaza para la nación norteamericana. En este sentido Maduro argumentó que se desarrolla un plan internacional para lograr una intervención en Venezuela y poner fin a su Gobierno.

Desde Transparencia Venezuela, se cuestionó que nuevamente al mandatario venezolano se le concedan poderes para legislar vía Habilitante, sin evaluar siquiera los resultados de la última habilitación.

Durante el mes de marzo, al parlamento nacional también asistió la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien presentó el informe anual del despacho. En su intervención, la funcionaria anunció que en el marco de las averiguaciones por las protestas ocurridas en el país durante febrero de 2014, ya fueron acusados 30 funcionarios por estar supuestamente vinculados a las muertes ocurridas a consecuencia de las manifestaciones, de igual forma informó que fueron imputadas nueve personas por el homicidio del diputado oficialista Robert Serra, de los cuales tres estaban fugitivos.  En cuanto a la investigación por la fuga de divisas en Cadivi, Ortega Díaz, indicó que ya se ha imputado a 365 personas naturales, siendo 242 acusadas y 115 condenadas, pese al balance no hizo mención del porcentaje de impunidad que hay en el país.

Por su parte el contralor de la República, Manuel Ballesteros, quien también presentó ante los diputados el informe anual de su despacho, precisó que hasta ahora han concretado la inhabilitación de 48 funcionarios, mientras que diez expedientes fueron remitidos al Ministerio Público por encontrar disparidad en la declaración jurada de patrimonio.

Asimismo, indicó que la Contraloría de la República, también trabaja en la formación de los miembros de los consejos comunales, con la finalidad de que los integrantes de estas organizaciones aprendan también a ejercer una función contralora en el manejo del dinero público que se les otorga.

Ballesteros aprovechó para invitar a los diferentes despachos regionales a fortalecer las oficinas de atención al ciudadano para garantizar la prestación de un mejor servicio.

Recursos aprobados

Con relación a las actividades de las comisiones, el equipo de contraloría sostuvo tres reuniones extraordinarias y en estas se aprobaron 16 créditos adicionales  para un monto total de Bs. 116.462.534.866. Parte de estos recursos fueron otorgados al Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas para la línea dos del Metro de Valencia para la cancelación de “obras civiles” ya ejecutadas”. En este sentido el diputado Alfonso Marquina, salvó su voto y denunció que es un delito aprobar obras sin la debida prevención presupuestaria, alegó que esto es una muestra grave de falta de planificación.

Por su parte los diputados de la comisión de Contraloría del parlamento se preparan para iniciar la revisión de la memoria y cuenta de los diferentes despachos ministeriales y del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.