Transparencia Venezuela, 16 de marzo de 2026. En Transparencia Venezuela nos complace el interés que muestran capitales y empresas de diversas regiones del mundo en Venezuela, a pesar de la falta de seguridad jurídica, la ausencia de contrapesos al poder, la inestabilidad cambiaria, las recientes expropiaciones, una elevada presión fiscal y la situación de cesación de pagos selectivos frente a una deuda de más de 170.000 millones de dólares.
Los sectores de hidrocarburos y minería, objetos de gran atractivo, necesitan no solo grandes inversiones, conocimiento, tecnología, y experiencia. Es urgente que se mitiguen los severos impactos de la explotación minera y petrolera indiscriminada, opaca, en condiciones desiguales de competencia, plagada de actores ilícitos y sin controles sociales y ambientales.
No nos conformamos con pequeñas mejoras que parecen de gran impacto luego de décadas de deterioro. Ahora tenemos la oportunidad de construir un país con sólidas instituciones que permitan mejoras sostenibles y crecientes en las condiciones de vida de los venezolanos.
Todas las empresas mencionadas en las negociaciones, difundidas en los medios de comunicación, fueron registradas en países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas normativas, recomendaciones y estándares internacionales orientan a los gobiernos, las empresas privadas y empresas propiedad del Estado, en actuaciones corporativas responsables[i]; cumplimiento de la debida diligencia[ii]; así como cumplimiento de la debida diligencia en las cadenas de suministro de minerales zonas de conflicto y riesgo[iii].
Asimismo, la OCDE hace seguimiento al cumplimiento de principios de inversión responsable y apoya a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).
Específicamente, las empresas Chevron, Repsol, ENI, Shell, ExxonMobil y BP que han sido autorizadas para operar en Venezuela o están negociando proyectos, contribuyen con la EITI, lo que las obliga a:
- Transparentar los pagos a gobiernos (impuestos, regalías, dividendos en caso de empresas mixtas) y los contratos en el sector extractivo.
- Colaborar con gobiernos y la sociedad civil en procesos de transparencia.
- Contar con políticas contra la corrupción.
- Mantener estándares de divulgación de datos completos, oportunos, abiertos, verificables e históricos.
Las empresas Shell y BP, registradas en Países Bajos y Reino Unido, tienen más obligaciones porque sus gobiernos forman parte de la EITI, así que, además de lo anterior, deben brindar información sobre:
- Licencias y contratos
- Producción
- Exportaciones
- Beneficiarios finales
Existen también compromisos de transparencia emanados de normativas propias de los países de registro. En los casos de BP, Eni, Repsol, Maurel & Prom y Shell deben publicar reportes sobre el pago a gobiernos según la Directiva Contable de la Unión Europea (Cap. 10); mientras que Chevron y ExxonMobil están sujetas a la Sección 1504 de Dodd-Frank de Estados Unidos que obliga a divulgar pagos a gobiernos por proyectos.
Las empresas de comercialización Trafigura y Vitol tienen compromisos vigentes con EITI y, con ello, las obligaciones ya descritas, además de estar sometidas a una reciente normativa de reporte de pagos en actividades extractivas de Suiza.
En cuanto a la minería, la empresa Gold Reserve no tiene vínculos con EITI, sus obligaciones de transparencia dependen de leyes de Canadá y Estados Unidos que exigen el reporte de pago a los gobiernos. Se desconoce cuáles fueron las más de 20 empresas que también participaron en las negociaciones sobre la actividad minera en Venezuela.
Todas las empresas deben responder por sus impactos sobre la gente y sobre los recursos naturales además de ser íntegras, independientemente del país en el que operen y de la capacidad de los gobiernos de hacer cumplir las normas.
Venezuela también tiene normativas, a pesar de que no se cumplen por la actual ausencia de estado de Derecho, que contemplan los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y la promoción del desarrollo sostenible e inclusivo: la Constitución, la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley de Infogobierno, entre otras.
En virtud de todo lo anterior instamos a las empresas a implementar en Venezuela los compromisos y obligaciones asumidos en sus países de origen y frente a organismos internacionales, como la OCDE y la EITI.
Y al gobierno interino le reiteramos nuestro mensaje del 9 de enero en el que solicitamos al Estado:
1. Divulgar las condiciones y los procesos para la inversión extranjera y nacional.
2. Publicar el Registro de Inversiones Extranjeras en formato de datos abiertos, con todos los elementos de la inversión.
3. Garantizar contrataciones públicas competitivas y divulgación completa de contratos, licencias y titularidad beneficiaria.
4. Transparentar todos los acuerdos y compromisos en vigor suscritos por el Estado con gobiernos foráneos, inversionistas privados extranjeros o nacionales.
5. Reformar la normativa vigente en materia de inversión extranjera (Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de Nº 41.310 del 29 de diciembre de 2017.
6. Hacer cumplir estándares internacionales ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
7. Separar claramente las responsabilidades del Estado como promotor de inversiones, empresario y regulador en órganos distintos, para impedir la confusión de roles, conflictos de interés, débiles restricciones presupuestarias, mercados asimétricos y desviaciones de poder.
8.Derogar la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece la concentración de poder en el presidente/a y actuaciones secretas.
Estas demandas son necesarias para revertir las condiciones de prácticas corruptas en la producción petrolera y minera en Venezuela en los últimos 20 años, caracterizadas por empleos infrahumanos, tipificados como esclavitud moderna; impactos diferenciados en comunidades indígenas y otras poblaciones vecinas a los lugares de derrames de petróleo, emisiones de gases y polvos tóxicos; casos de gran corrupción y enriquecimiento de empresarios cercanos a la élite política, pérdidas mil millonarias de recursos públicos que han privado de servicios esenciales a la población; incremento de actividades económicas ilícitas; aumento de daños ambientales que están destruyendo la calidad del agua y condicionando la salud o los medios de vida de los habitantes en los territorios explotados.
En Transparencia Venezuela estaremos atentos y haciendo seguimiento a estos asuntos, con la seguridad de que si el Estado venezolano y las empresas nacionales y extranjeras logran alinear sus objetivos y procedimientos con los criterios de transparencia, integridad y responsabilidad, será posible el éxito financiero, económico y reputacional de las empresas. Hacemos énfasis en que el éxito de las inversiones deberá redundar en desarrollo sostenible, aumento de oportunidades y mejoras en la vida de todos los venezolanos, seguridad jurídica para quienes denuncien abusos y en la convivencia pacífica en el país.
Descarga el PDF de esta declaración aquí.
[i] OECD Directrices para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable
[ii] OECD Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable
[iii] OECD Guía de Orientación de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales Procedentes de Zonas Afectadas por Conflictos y de alto Riesgo