Mientras que el gobierno se adjudica como un triunfo la firma de un nuevo acuerdo para instalar una oficina de la Corte Penal Internacional en el país, voceros de la sociedad civil destacaron la importancia de que personal de ese organismo arribe a Venezuela

Transparencia Venezuela, 14 de junio de 2023. A más de un año de anunciada la instalación de la Oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, en marzo de 2022, se volvió a firmar un memorando de entendimiento entre Nicolás Maduro y Karim Khan para la apertura de esa dependencia técnica en el país. El acuerdo estuvo precedido por el silencio de las autoridades venezolanas en horas previas a la visita del Fiscal de la CPI, reseñó el portal Suprema Injusticia.

“Ahora vamos a poder venir más a menudo y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar más con la asistencia técnica, con la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”, dijo el Fiscal de la CPI en declaraciones que ofreció el viernes 9 de junio desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano.

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Claves del acuerdo de instalación de la Oficina de la CPI

En su breve intervención, el Fiscal de la CPI hizo varias afirmaciones que es necesario destacar:

– El acuerdo para instalar la Oficina de la CPI se firmó “a pesar de los desacuerdos en la investigación”.

– La CPI descubrió “áreas de deficiencia, de debilidad. Ahí hay que trabajar juntos”

– El gobierno venezolano tiene una responsabilidad desde que al suscribió el Estatuto de Roma.

– Que seguirá trabajando con muchos actores sociales, como las organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con el análisis de Suprema Injusticia, desde el Ejecutivo se trata de hacer ver la firma del acuerdo como un triunfo. Sin embargo, para representantes de la sociedad civil la Oficina de la CPI no es una victoria del gobierno.  

Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, aseguró que el gobierno venezolano tuvo que acceder dejando de lado el tan usado principio de “soberanía”.  “Esta oficina no va recibir denuncias. Va se estrictamente de capacitación técnica. Pero si implica que funcionarios de la CPI van a vivir en Venezuela. Nunca va a ser lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas”, acotó.

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