Un nuevo golpe para activistas de DDHH
Transparencia Venezuela, 20 de mayo de 2022.- Otro capítulo de criminalización de activistas de Derechos Humanos en Venezuela se registró esta semana, con el proceso judicial impulsado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, contra Marino Alvarado, coordinador de Legal de Provea, y el padre Alfredo Infante, director de DDHH del Centro Gumilla, a raíz de las denuncias que presentaron sobre ejecuciones extrajudiciales, según las cuales la policía de ese estado fue «la más letal del país” en 2021.
Dos días después de haber presentado los resultados de la investigación, con una celeridad notoria, un tribunal penal del estado Carababo remitió notificaciones a los activistas para que se presenten ante esa instancia legal, a raíz de una demanda por difamación agravada continuada interpuesta por el mandatario regional.
Los defensores de Derechos Humanos habían denunciado que en 2021 se habría cometido en Venezuela 1.414 ejecuciones extrajudiciales, según el informe presentado por el proyecto Lupa Por la Vida, en el que se señala también que en Carabobo se registraron 221 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Lea también: Otorgan libertad condicional a Carlos Urbano
“Al señor gobernador, nuestro informe no es contra su persona es a favor de la vida”, dijo el padre Infante, quien instó a Lacava a presionar al Ministerio Público para que se investiguen los hechos, al tiempo que Marino Alvarado dejó claro que lo que corresponde a los activistas de Derechos Humanos es denunciar y exigir que sean sancionados los autores materiales y la cadena de mando.
El riesgo de exigir el respeto a los DDHH en Venezuela
El uso del Poder Judicial y organismos de seguridad del Estado para amedrentar a defensores, así como a representantes de las organizaciones no gubernamentales ha sido denunciado como uno de los patrones de la política represiva en Venezuela.
Aunque ha sido una práctica recurrente en los últimos lustros, en años recientes han arreciado estas prácticas, que constituyen uno de los riesgos que corren los representantes de la sociedad civil organizada. El objeto de estas acciones es reducir cada vez más el espacio cívico- humanitario en Venezuela.
