Garantizar igualdad y protección a la mujer es tarea pendiente
Pese a los avances en la visibilización de los problemas que afectan a la población femenina y al rol protagónico que han alcanzado las mujeres en distintas áreas, organizaciones civiles venezolanas advierten que la legislación vigente es insuficiente para superar las desigualdades, velar por su integridad y garantizar la igualdad y protección a la mujer
Transparencia Venezuela, 8 de marzo de 2022. Revertir las secuelas que ha dejado la pandemia por COVID-19 sobre la salud, las economías y las dinámicas sociales de los países demanda de acciones extraordinarias y urgentes de los Estados. El desafío es aún mayor cuando se aborda el tema desde la perspectiva de género, toda vez que la población femenina ha sido una de las más golpeadas por la emergencia sanitaria, especialmente en América Latina.
Erradicar la violencia de género y la corrupción vinculada a este fenómeno debe ser una de las prioridades en las acciones a emprender por las autoridades. Así quedó evidenciado en la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, efectuada el pasado 25 de enero durante el Examen Periódico Universal (EPU) impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como mecanismo de cooperación, rendición y asistencia entre sus miembros.
Durante la sesión, los Estados exhortaron a “adoptar medidas urgentes para la prevención y erradicación de la discriminación y todos los tipos de violencia contra las mujeres por razones de género”. Además, se solicitó que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas de violencia, la ampliación del marco legal y el cumplimiento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
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Aunque la reciente reforma a dicho instrumento jurídico es percibida como un avance, organizaciones de la sociedad civil han advertido que aún persisten serias fallas en el acceso a la justicia y en la respuesta adecuada a los casos de violencia contra la mujer, que es doblemente victimizada al enfrentar el evidente deterioro institucional que prevalece en el país, la falta de capacitación de los funcionarios públicos y la ausencia de voluntad política para generar los cambios necesarios para superar las desigualdades y velar por su integridad.
Este Día Internacional de la Mujer, Transparencia Venezuela reafirma su compromiso de impulsar y acompañar las exigencias de igualdad, participación y erradicación de la discriminación de las féminas en todos los ámbitos de la sociedad; así como redoblar sus esfuerzos para garantizar su acceso a la justicia a través del fortalecimiento de sus programas de denuncia y atención a las víctimas de hechos de corrupción vinculados con la violencia contra la mujer.
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Pandemia, un acelerante
La ya preocupante situación de violencia hacia la mujer se agravó a partir de 2020 con la llegada de la pandemia por COVID-19 a escala global. Organismos como la Comisión Económica para América Latina (Cepal) estiman que más de 4.000 latinoamericanas fueron víctimas de femicidio durante el primer año de la emergencia sanitaria.
Expertos y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la mujer atribuyen el incremento de casos de violencia doméstica o intrafamiliar al estrés por el confinamiento, el aumento del desempleo y la pobreza, las limitaciones en el acceso a los servicios y el incremento desproporcionado de las cargas de cuidado familiar que recayó en las mujeres.
En Venezuela las cifras no son menos desalentadoras. La máxima expresión de la agresión, el femicidio, se cobró 290 víctimas entre enero y diciembre de 2021, según registros del Observatorio de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). De igual modo, la organización reportó al menos 84 venezolanas asesinadas en el exterior.
El panorama parece ser el mismo para 2022. El Monitor de Femicidios de la organización Utopix asegura que en enero 23 mujeres fueron víctimas de la violencia. Además, documentaron 13 femicidios en grado de frustración y 5 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia y Chile.
De acuerdo con Utopix, se observa un incremento alarmante de casos, pues mientras en 2020 ocurría un femicidio cada 34 horas y uno cada 36 horas en 2021, en el primer mes de este año la incidencia fue de un crimen cada 32 horas.
Las más vulnerables
En los dos últimos años también se han disparado las cifras de casos de acoso o abuso sexual y la sextorsión. Estos últimos tienen mayor impacto en las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular aquellas en condición de pobreza que dependen del Estado para cubrir necesidades básicas, la población carcelaria o con familiares privados de libertad.
La violencia y la corrupción también afectan de forma diferenciada a mujeres desplazadas, migrantes o refugiadas; aquellas que viven en zonas de conflicto, las mujeres mayores, indígenas y mujeres con discapacidad.
En cuanto a la población en movilidad, la ONG Fundaredes documentó 210 homicidios en los seis estados fronterizos del país durante el cuarto trimestre de 2021, lo que representa un aumento de 19% en comparación con el trimestre anterior, cuando registró 176 casos. Entre las víctimas, hubo 20 mujeres.
Estos números ubican a Venezuela como uno de los países con más altas tasas de femicidios de la región. Para organizaciones civiles, como Cepaz, reflejan que, si bien la existencia de un marco normativo especializado en los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia es un avance muy significativo, esto no parece ser suficiente cuando en la práctica se encuentran múltiples barreras en el acceso a la justicia, la erradicación de la violencia y la desigualdad.
En esta fecha conmemorativa de las conquistas femeninas alrededor del mundo, Transparencia Venezuela se suma al llamado de la sociedad civil a que se impulsen acciones específicas con enfoque de género para asegurar la participación de la mujer y combatir de forma efectiva la violencia, la corrupción y la impunidad que la afecta de forma diferenciada.
La organización, a través de la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), desde 2019, puso a disposición la plataforma Dilo Aquí como herramienta para denunciar la corrupción asociada a la violencia contra la mujer. Se trata de una aplicación móvil que se descarga de forma fácil en sistemas iPhone y Android.
Además, mantiene una línea de emergencia creada para reportar casos de corrupción en el contexto de la COVID-19, haciendo énfasis en que el quedarse en casa no implica el aumento de la impunidad. Las víctimas y testigos pueden hacer sus reportes a través de la línea telefónica 0424-1981060 y del correo electrónico [email protected]. ALAC ofrece atención primaria gratuita y remite los casos a las organizaciones aliadas que trabajan en defensa de los derechos de la mujer.