Gobierno de Maduro pone empresas estatales en manos privadas

La sistematización de los datos recabados por Transparencia Venezuela arroja que, desde 2015 y hasta finales de 2021, la práctica ha alcanzado a al menos 33 compañías, en medio de acuerdos opacos con capitales privados

Transparencia Venezuela, 9 de diciembre de 2021. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en una aparente desvinculación con el llamado Socialismo del Siglo XXI, comenzó a entregar el timón de las empresas estatales a algunos privados. Aunque las autoridades no han realizado anuncios formales claros, continuos y completos que expliquen el proceso iniciado, estos opacos acuerdos han trascendido las juntas directivas y despertado muchas inquietudes entre los trabajadores y el resto de la sociedad civil.

El seguimiento a las declaraciones oficiales, la revisión de las investigaciones de reconocidos medios de comunicación, la consulta a bases de datos sobre contratistas del Estado y la entrevista a expertos y representantes gremiales de diferentes sectores económicos, realizada por Transparencia Venezuela, permitió precisar que, al menos desde 2015, el gobierno está poniendo las empresas estatales en manos de privados. La sistematización de los datos recabados arroja que, desde esa fecha y hasta finales de 2021, al menos 33 compañías propiedad del Estado venezolano pasaron a ser administradas por el sector privado.

Aunque existen muchos vacíos de información alrededor de estas negociaciones y abundan las dudas sobre los beneficiarios finales de los acuerdos, Aliados privados en control de empresas estatales ofrece detalles de los 33 casos identificados, los sectores en los que se encuentran las empresas y los datos más relevantes de su historia reciente, entre otros aspectos.

La participación de privados en las empresas públicas cobró notoriedad en 2019, cuando entraron en vigencia las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero venezolano, y más aún desde octubre de 2020, después de que la cuestionada constituyente aprobara la “Ley Antibloqueo”, para formalizar lo que en la práctica ya estaba ocurriendo desde hace años: la entrada de capital privado a empresas y sectores que desde hacía décadas estaban 100% en control del gobierno y cuyos activos eran 100% del Estado.

La mayoría de las empresas identificadas pertenecen al sector agroalimentario, seguido por las del sector turismo y el manufacturero. Asimismo, entre las estatales que han establecido acuerdos con privados destacan tres grandes corporaciones que concentran todo el poder del mercado en sus respectivos sectores: Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, que gestiona los siete puertos más importantes del país; la Corporación Venezolana de Minería, CVM, que ejerce el liderazgo en su área; y Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, la principal empresa estatal.

El informe analiza las figuras utilizadas en las negociaciones realizadas hasta ahora, entre las que destacan las alianzas estratégicas y comerciales, las concesiones, además de los comodatos, la privatización y las ventas de parte de los activos. De igual manera, se revisan las formas de negocios permitidas entre el sector público y el privado que están contempladas en las diferentes normativas venezolanas.

Incluye además una valoración sobre el desempeño de las empresas estatales negociadas. Se ofrece información sobre hoteles que siguen inoperativos, centrales azucareros con denuncias de fraude, que operan muy por debajo de su capacidad instalada; y torrefactoras manejadas por empresarios cercanos a funcionarios del gobierno central, entre otros casos.

Finalmente, el documento describe los riesgos de corrupción que siguen presentes en las empresas estatales recientemente negociadas, y hace énfasis en la concentración de poder de mercado en aliados del gobierno. También, alerta sobre la opacidad en la que se han dado estos acuerdos, la ausencia de controles por parte de poderes independientes y la falta de garantías de convocatorias abiertas que permitan seleccionar a las empresas más capacitadas en cada sector.

Según la información recabada, la mayoría de los acuerdos establecen a grandes rasgos, que los privados pueden participar en las empresas estatales durante un tiempo establecido, siempre y cuando realicen inversiones de recuperación, cubran los gastos operativos y entreguen una parte de los dividendos al gobierno. En el caso de las empresas productoras de bienes, también deben vender una porción de la producción para los programas gubernamentales, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.

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