Transparencia Venezuela, 1 de abril de 2019.- Los merideños sufren desde hace varios años las penurias de no contar con el servicio de agua potable de manera regular. Sin importar si se trata de la temporada de sequía o de lluvias, son muchos los sectores afectados por las fallas en el suministro, que han visto pasar gestión tras gestión, sin recibir soluciones serias y permanentes a sus problemas.

Las continuas fallas eléctricas no han hecho más que agravar la situación de una población que solo quieren vivir con dignidad y eso, sin agua, no se puede.

Desde 2017 son constantes las interrupciones del servicio en varias zonas de la ciudad de Mérida, específicamente en el sector norte hubo cortes durante varios días, que generaron graves dificultades pues la población no estaba preparada para enfrentar esa situación.

El presidente de Aguas de Mérida de entonces, Omar Gutiérrez, explicó que la obsolescencia del sistema de bombeo del sector Los Chorros (45 años de vida útil) y las fluctuaciones en el sector eléctrico colapsaron el sistema de distribución. Sin embargo, aseguró que para entonces se contaba con los recursos para la adquisición de un nuevo sistema que solventaría en 100% el problema.

Aguas de Mérida opera como una compañía anónima, fundada el 1 de Septiembre de 1998,  y su objeto es, según consta en su página web, el de “administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable y los sistemas de recolección y disposición de las aguas servidas en el estado Mérida”.

La empresa tiene jurisdicción en la mayoría de los municipios del estado, excepto en los municipios Campo Elías, Rivas Dávila, y Zea que gestionan la prestación de servicios de agua desde sus alcaldías.

Para finales de 2017, una nueva gestión asumió la Gobernación del estado Mérida, de la mano de Ramón Guevara (AD). Si bien, algunas competencias propias de la gobernación le fueron arbitrariamente despojadas y entregadas al “protector” designado por Nicolás Maduro, Yehyson Guzmán, la gestión de la empresa Aguas de Mérida continuaría bajo dependencia del citado ente regional durante cinco meses.

El 18 de diciembre de 2017 la nueva directiva de Aguas de Mérida, encabezada por Henry Dávila, explicó que los equipos, sistemas, bombas y flota vehicular, “no recibieron los mantenimientos adecuados y oportunos, acortando su vida útil”.

En esa oportunidad también se informó que la empresa contaba con 86 unidades-  entre vehículos, camiones, cisternas y motos- de las cuales se encontraban operativas solo 11. Aunado a esto, se denunció que no se realizaron las inversiones requeridas para el mantenimiento y sustitución de equipos de las plantas potabilizadoras, lo cual trajo como consecuencia una baja operatividad en el tratamiento y distribución del agua.

El ingeniero Henry Dávila, relató a Transparencia Venezuela, que luego del diagnóstico de Aguas de Mérida, se introdujo una denuncia ante la Contraloría del estado y  en la unidad de auditoría interna de la misma empresa, por presuntos procesos irregulares en la venta de 35 vehículos, realizada sin cumplir la normativa vigente, de forma opaca y por montos subestimados que generaron pérdidas patrimoniales.

En relación al recurso humano, Dávila dijo que encontró una nómina abultada, bajos salarios, deudas de vestuario y equipamiento. Además, los recursos eran insuficientes para pagar los sueldos y bonificaciones.

A inicios de 2018, en la ciudad de Mérida aumentaba la preocupación por brotes de enfermedades gastrointestinales que estaba presentando la población, aparentemente relacionado con la irregularidad en el suministro del agua y su calidad. Frente a estas sospechas, las autoridades de la empresa solicitaban las mediciones de calidad del agua en distintos puntos de distribución, por cuanto, aunque con dificultad, sí se estaba cumpliendo con el proceso de potabilización.

Al respecto, el ex presidente de la empresa recuerda que enfrentó dificultades para conseguir el sulfato de aluminio marrón y blanco, cuya distribución atendía principalmente a los estados centrales, y el gas cloro, cuya oferta desde Pequiven había mermado.

Los cortes de energía eléctrica, la inestabilidad del voltaje, la alta pluviosidad en el estado y el precario mantenimiento en el que se encontraba la principal planta potabilizadora “Dr. Enrique Bourgoin”, ubicada al norte del municipio, siguieron afectando la prestación del servicio.

La intervención de la hidrológica merideña

En este contexto, el alcalde del municipio Alberto Adriani, Mezin Abou Assi (del partido oficialista PSUV), solicitó la intervención de la hidrológica por la problemática que estaba presentando el suministro de agua potable, responsabilizando a la administración del gobierno regional.

El día 27 de abril de 2018, el presidente en funciones, Nicolás Maduro, en el marco de la campaña presidencial para las elecciones de mayo de ese año, anunció la intervención la hidrológica merideña, alegando que los problemas con el suministro del agua eran responsabilidad de la nueva gestión en funciones desde hacía solo 5 meses atrás.

#ANUNCIO “He aprobado que se intervenga la Hidrológica de Mérida, que se ponga orden, he pedido que se explique de manera amplia la decisión. De manera absurda habían aumentado las tarifas del servicio de agua en esta entidad” indicó @NicolasMaduro (fuente: @PresidencialVen)

La directiva de la empresa y el gobernador señalaron que la afectación del servicio de agua potable se debía a las pésimas condiciones en las que se encontraban las plantas potabilizadoras, debido principalmente a que la planta eléctrica que abastece de energía a la planta de tratamiento fue desmantelada por la gestión anterior.   

Henry Dávila añadió que fueron muchos años de desinversión, que la mayoría de las redes de distribución de aguas blancas y servidas en el estado tienen más de 40 años. Dijo que la principal cuenca (río Mucujún) ha sido afectada por invasiones permitidas desde el Ejecutivo Nacional a pesar de ser zona protegida, a lo que se suma la congelación de tarifas, lo que impidió la autogestión. Tampoco  se contaba con recursos de la gobernación ni del Poder Ejecutivo para el debido funcionamiento de la empresa.

El 31 abril de 2018, la empresa hidrológica Aguas de Mérida fue intervenida por el  gobierno, y fue designado Oswaldo Ferrer como presidente de la Junta Interventora. El entonces presidente, Nicolás Maduro, denunció que el gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, aumentó las tarifas del cobro del servicio y despidió a los trabajadores de dicha empresa.                            

Fallas que se agudizan

Tras la intervención, lo merideños no han visto mejorar el servicio.

De manera extraoficial se tuvo acceso a una petición de recursos de la Junta Interventora de Aguas de Mérida al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (¿enlace al punto de cuenta?), en la que describen la necesidad de materiales e instalaciones sanitarias, herramientas menores y artículos de ferretería, adquisición de sustancias químicas (sulfato de aluminio marrón y blanco, gas cloro, hipoclorito de calcio y sodio e hidróxido de calcio), agregados (piedra, granzón, arena) y cemento, por un monto de 10,59 millones de bolívares soberanos, equivalentes para ese entonces al tipo de cambio oficial del 25/06/10 a  US $ 11,03 millones.

Tal petición corrobora la crítica situación de la empresa Aguas de Mérida y genera interrogantes sobre el detalle de los proyectos y su correspondencia con la cuantía de los recursos solicitados.

Para el momento se desconoce si el dinero fue asignado a la empresa, pero sí hay certeza de que la nómina de sus empleados fue asumida por el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Además de las constantes fallas del servicio en los hogares merideños, el sector de salud han sido seriamente afectado. Tal es el caso del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), en donde se han registrado muertes de pacientes por fallas en el servicio.  

En octubre de 2018, la entonces directora del hospital, Estrella Uzcátegui, informó la posibilidad de un cierre técnico debido a las fallas en el suministro de agua – más de 72 horas-  y la falta de respuesta de la empresa Aguas de Mérida, cuya dirigencia alegaba que las fallas se debían a un “sabotaje”. Esta crisis produjo la suspensión de cirugías, contagios de enfermedades como la hepatitis y el suplicio de familiares de los hospitalizados, quienes debían traer el agua necesaria para la atención de sus seres queridos y la propia.

En febrero de 2019, la Unidad de Diálisis R.L, ubicada en el centro de la ciudad y que atiende aproximadamente 90 pacientes, debió ser auxiliada con un camión cisterna de la Alcaldía del municipio Libertador, pues tenía tres días sin servicio de agua.

Otro problema relacionado con la gestión del servicio, son los botes de agua que presentan diversas calles y avenidas de la ciudad de Mérida. Estudiantes y profesores de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de Los Andes, ha denunciado durante más de un año que existe un bote de aguas negras proveniente del Hospital Universitario de Los Andes que no ha sido atendido, y también de aguas blancas, perdiéndose diariamente una importante cantidad de líquido. Este problema fue denunciado ante las autoridades cuya gestión fue intervenida, pero nunca lograron respuesta.

Los botes de agua y la falta de mantenimiento en las vías han producido serios daños al pavimento de diversos sectores de la ciudad de Mérida. El gerente de vialidad de la alcaldía del municipio, Juan Elías Gómez, manifestó su preocupación por esta problemática que debe ser solventada por Aguas de Mérida, pues sostiene que no se pueden reparar las vías mientras los botes de agua no sean atendidos por la hidrológica.

A casi un año de la intervención, el suministro de agua potable en el estado Mérida sigue presentando serias fallas, agudizadas por el empeoramiento del servicio de energía eléctrica en lo que va del año 2019, especialmente a partir del apagón nacional del día 7 de marzo.

En el caso del municipio Tovar, días antes del apagón de principios de marzo, el alcalde Luis Márquez denunció que el suministro de agua potable en el municipio era afectado por averías en el  sistema de bombeo de los acueductos, ocasionadas por las variaciones en el voltaje del flujo de energía.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, el colapso eléctrico del 7 de marzo afectó también el acceso al agua, reportando-al 13 de marzo- zonas de la ciudad de Mérida con más de 114 horas sin suministro, lo cual vulnera los derechos humanos de las personas.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

Según la ONU, el derecho al agua incluye que este recurso sea suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible. Ninguna de estas condiciones es cumplida a cabalidad en Venezuela y la población de estado Mérida, como en casi la totalidad del país, se ve afectada en su calidad de vida sin que se vislumbren soluciones ni siquiera a largo plazo.