Informe 2018: Pese al asedio la Asamblea Nacional no retrocedió ni cejó en sus responsabilidades
Transparencia Venezuela, 28 de febrero 2019.- En el 2018 la Asamblea Nacional resistió los embates de un gobierno dispuesto a acabar con Poder Legislativo. Los ataques contra los diputados fueron escalando desde cancelación de pasaportes, persecución, agresiones físicas, violación de la inmunidad parlamentaria, hasta la detención arbitraria de un diputado principal.
Durante este año, el Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela registró 24 agresiones contra los diputados y el Parlamento como institución.
La Asamblea Nacional fue amenazada por el Poder Ejecutivo con el adelanto de las elecciones legislativas y, además, se violó la prerrogativa de inmunidad parlamentaria a varios diputados. Las agresiones llegaron a manifestarse al tan punto, que se registraron allanamientos en sus hogares. Dos parlamentarios fueron detenidos y liberados, pero con medidas cautelares.
Con un cerco presupuestario asfixiante, el Parlamento Nacional, presidido en 2018 por el diputado Omar Barboza, inició el nuevo año con una agenda legislativa enfocada en crear un conjunto de leyes que fueran aplicadas luego de una posible transición política en el país.
La Asamblea no retrocedió ni cejó en sus responsabilidades. Las 15 comisiones permanentes presentaron una agenda de 60 leyes y proyectos de leyes, se realizaron 53 sesiones, entre especiales, solemnes y de comisión, cifra similar al año 2017 cuando se realizaron 56, manteniendo su ritmo de trabajo y de gestión.
El Parlamento nacional hizo uso de su facultad contralora establecida en el artículo 187 de la Constitución de la República y continuó con las investigaciones de casos de corrupción. Citó a comparecer a funcionarios públicos y empresarios involucrados en hechos irregulares, pero las decisiones fueron ignoradas y atacadas por el Ejecutivo Nacional de forma directa o a través del Tribunal Supremo de Justicia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la cuestionada Constituyente.
Fue creada una comisión especial encargada de investigar los desfalcos asociados al gobierno de Nicolás Maduro, que son objeto de procedimientos en el extranjero. La instancia es la encargada de reclamar los activos, bienes y productos de la corrupción y crear un fondo internacional con el dinero recuperado que será utilizado luego de un cambio de gobierno.
Fue logrado un amplio respaldo internacional como único poder legítimo venezolano, un factor que ha sido de determinante para adelantar la estrategia parlamentaria que busca un cambio de gobierno a través de elecciones libres.
Prueba superada
Analistas evalúan como positiva la actuación del Poder Legislativo en el período presidido por Omar Barboza.
“2018 fue un año en el que se trabajó por mantener a la Asamblea Nacional funcionando, sancionando leyes, investigando casos de corrupción, pronunciándose sobre asuntos como el Petro y la muerte del concejal Fernando Albán. Buscaron que se mantuviese la presencia de esa instancia como único espacio legítimo, preparado para cuando llegara una oportunidad como la que se presentó en 2019”, comentó Félix Seijas Rodríguez, director de la firma Delphos.
Según Luis Salamanca, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, pese al permanente asedio los diputados “aprobaron leyes e intentaron ejercer su función de control sobre la administración pública investigando la corruptela de la clase política chavista”.
Salamanca destacó el esfuerzo de la Asamblea Nacional por prestar atención a la crisis humanitaria y a la defensa de Derechos Humanos.
“En materia internacional fue donde más resaltó la labor por las relaciones positivas que mantuvo con los países que reconocen la legitimidad del Parlamento venezolano. Después del 20 de mayo (proceso electoral fraudulento que marcó la reelección de Maduro), el papel de la Asamblea Nacional se fortalece”, acotó el politólogo.
“Fue un año de recomponer con mucha paciencia los vínculos internos de la oposición, atravesada por los exilios y la represión, por las consecuencias divisivas de la violencia de Estado durante 2017, y de la ruptura de las negociaciones iniciadas en la República Dominicana”, aseguró Colette Capriles, psicóloga social y profesora de filosofía política-.