El poder judicial en Venezuela, es cuestionado por sus frecuentes acciones en detrimento al derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Así lo señala el informe Saber Más en su capítulo número seis, realizado con datos aportados por Transparencia Venezuela en el marco de las alianzas regionales por el cumplimiento al acceso a la información pública.

En el documento se hace mención de la sentencia de la sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que catalogó de inadmisible el recurso de abstención interpuesto contra el Ministerio del poder popular para la salud, por la negativa de dar información sobre el manejo de algunos convenios a las organizaciones Transparencia Venezuela, Espacio público, Acción Solidaria y Provea.

Las organizaciones no gubernamentales, al solicitar información al despacho de salud, querían aclarar denuncias sobre supuestas irregularidades presentadas con medicamentos importados desde Cuba y que estaban siendo distribuidos en la red de hospitales y ambulatorios del país.

Para negar la información el poder judicial, alegó que la búsqueda de datos entorpecería el funcionamiento del despacho de salud y ocuparía la mayor parte del tiempo de los funcionarios, “lo que atentaría contra la eficacia y eficiencia que debe imperar en la administración pública”.

En la sentencia se aclara que toda persona tiene derecho a solicitar información pública y a recibir respuesta de manera oportuna, pero “el ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento del despacho porque ameritaría mucho tiempo y recurso humano”.

En resumen la sentencia exhorta a los demandantes a no molestar a los funcionarios con este tipo de peticiones y los invitó a esperar la presentación anual de la memoria y cuenta del despacho.