Dentro de una sociedad, los pobladores deben ser los primeros interesados en que el Estado respete el derecho humano de acceso a la información pública, para garantizar así la transparencia en el manejo de los recursos de una nación y la eficiencia  en el funcionamiento de las instituciones.

La solicitud de información a los organismos gubernamentales, puede realizarse de manera individual o colectiva. Toda persona puede acceder a datos, considerados no confidenciales, en temas de interés público o que de alguna forma afecten su calidad de vida.

En un manual publicado por Transparencia Venezuela se detallan algunos de los pasos que se deben seguir para tener acceso a la información  pública. Definir las necesidades de la información, hacer una investigación previa sobre el tema, solicitar la información y posteriormente hacer un monitoreo, reclamar la entrega de los datos y luego hacer una evaluación de los informes, son algunas de las fases que puede activar un ciudadano a la hora de hacer valer su derecho de acceso a la información pública.

En el informe se exponen además las trabas que muchas veces las instituciones, entes o dependencias del Gobierno crean para impedir que los ciudadanos cumplan su cometido y activen efectivamente las labores de contraloría social, en este caso se debe insistir, pues el Estado se encuentra en el deber de proporcionar la información solicitada siempre y cuando no sea considerada confidencial porque afecta alguno proceso judicial, constituye un elemento de alteración del orden público, viola la intimidad de algún funcionario o altera el curso de alguna investigación.

En ocasiones los ciudadanos se encontrarán con ciertas trabas, como por ejemplo la resistencia de algún funcionario de suministrar datos sobre la información en manos del Estado, falta de respuestas, respuesta incorrectas o incompletas, pedidos de requisitos innecesarios,  traslado innecesario a otras instancias, actos de discriminación hacia los solicitantes y exigencia de pagos para costear gastos en el proceso de búsqueda.

En empoderamiento en la materia evitará que los ciudadanos o grupos organizados tengan una experiencia poco exitosa en la ruta de acceso a la información, es por ello que se debe estar claro sobre los procedimientos, y saber exactamente dónde comienzan y como terminan.

Un ciudadano que ejerza de manera eficaz las labores de contraloría social estará más comprometido con el desarrollo del país, velará por el manejo honesto y transparente de los recursos de la administración pública y peleará oportunamente por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado.

Desde el desarrollo de una obra dentro de una comunidad, la evaluación por parte del Ministerio de Educación de las escuelas, las estadísticas relacionadas con los planes de seguridad y el manejo de los recursos en un determinado programa, son temas que pueden ser investigados por la ciudadanía, bien sea de manera individual o mediante la figura de grupos organizados.

Los pobladores tienen derecho a saber cómo son utilizados los recursos de la nación, cómo se administran el dinero obtenido mediante la recaudación petrolera o el pago de impuestos.

La administración del presupuesto, los programas sociales, los sistemas educativos, las inversiones en el sector salud y las decisiones tomadas por los funcionarios no constituyen un secreto de Estado, sino una información de dominio público y de esta forma debe ser tratada.