El Programa Alimentario Escolar beneficia a estudiantes desde maternal hasta la educación básica del sistema público de educación en Venezuela, pero desde el año 2013, el incremento de su presupuesto ha sido poco y la alta tasa inflacionaria sumada a la escasez de productos alimenticios ha hecho mella en su ejecución.

Como los informes anteriores de Transparencia Venezuela sobre el Seguimiento a las Cinco Grandes Misiones Sociales, el presente estudio se dedicará a evaluar el impacto de una asignación menor de presupuesto para los beneficiarios.

En el año 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el único que asigna recursos desde nivel central para la ejecución de este programa, designó una partida de 5 mil 89 millones de bolívares para un total de 4 millones 250 mil 979 estudiantes. Un año después el total presupuestado fue de 5 millones 94 mil para 4 millones 382 mil 972 escolares.

Como se ve un incremento poco significativo, a pesar de que se elevó el número de niños y adolescentes escolarizados. En términos nominales apenas se otorgaron 0,1% más de recursos para su funcionamiento, pero con una inflación que cerró en casi 70% para 2014, el impacto real fue una disminución de 45 por ciento para el Programa Alimentario.

A pesar de que el gobierno ha centralizado progresivamente la entrega de la materia prima a través de sus cadenas como Mercal, Pdval y Bicentenario, los montos asignados para el PAE son muy bajos en un contexto económico con alta inflación y desabastecimiento.

El programa tampoco ha tenido el apoyo presupuestario vía recursos adicionales de otras misiones, por lo menos no ha sido así en los últimos dos años, quizá porque no está destinado a una población a la que se le pueda sacar provecho electoral, si se toma en cuenta que las grandes misiones sociales tienen un fin de control político y de sumisión de quienes se benefician de ella, para sacar un provecho con fines de proselitismo y beneficio en términos de captar votos.

Para 2015 la Ley de Presupuesto prevé la entrega de 5 mil 584 millones de bolívares pero con una tasa menor de beneficiarios que en 2014, porque los estudiantes son 4 millones 351 mil 576, es decir 31 mil 396 escolares menos. El monto del financiamiento aunque superior a los dos años anteriores y en comparación con 2014 representa 10%, el valor real de los recursos al estimar una inflación de 100% lo lleva a una depreciación real de 45 por ciento.

Ante esto, solo queda decir como señala el informe que este programa tiene muy bajo perfil desde el punto de vista político, y parece estar muy lejos de las prioridades del presente gobierno. No es transparente ni presenta una rendición efectiva de cuentas.