Mariano de Alba: CPI ratifica informes de OEA y ONU
El experto en Derecho Internacional estima que para que la CPI pueda juzgar a los más altos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, va a hacer falta que haya un cambio de gobierno y una transición a la democracia
Transparencia Venezuela, 18 de noviembre de 2020. Para el abogado Mariano de Alba el panorama para Venezuela a corto plazo luce negativo, dada la descoordinación que existe entre los actores que quieren que regrese la democracia al país y a la percepción que tienen las naciones del hemisferio occidental de que la oposición ha cometido errores. No obstante, considera que aún existe un margen de tiempo para que las fuerzas democráticas se organicen y busquen activar las fuerzas internas y renovar el interés de la comunidad internacional sobre la situación venezolana. En este contexto, destacó la reciente declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, durante una reunión con una delegación venezolana integrada por el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a quienes expresó que, tras evaluar el primer informe preliminar, se determinó “que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”. “Es una declaración muy importante porque quiere decir que podría pasar a juzgar. Esto ratifica los informes de los expertos de la OEA y de la Misión de Determinación de los hechos de Naciones Unidas”, señaló el experto en Derecho Internacional en el programa Para dónde vamos, que conduce el periodista Pedro Pablo Peñaloza.
Sobre la pertinencia de la mediación de países foráneos, De Alba señaló que son consecuencia de la deriva autoritaria en la que ha entrado la nación, debido a que el régimen de Nicolás Maduro ha ido erosionando de forma progresiva las garantías democráticas básicas. “La comunidad internacional tiene legitimidad para poner la lupa sobre el tema porque Venezuela es signataria de múltiples acuerdos internacionales que no solo garantizan la protección a los derechos humanos, sino a los propios estándares democráticos”, comentó el experto.
Sin embargo, De Alba considera que las herramientas de la comunidad internacional son limitadas y que los países que apoyan la causa democrática de Venezuela tienen sus propios problemas internos que atender. “Se ha hecho evidente que los venezolanos no pueden esperar que la comunidad internacional resuelva la grave crisis en la que estamos inmersos. Hay que buscar una sana balanza entre lo nacional y lo internacional, estando muy conscientes de que si se apuesta todo a lo internacional, como pareció ser el caso en 2019, se cosechan en 2020 esfuerzos internos que lucen muy débiles o absolutamente insuficientes para tratar de lograr el objetivo central que tienen los venezolanos que es recuperar su democracia”.
El peso de la Casa Blanca
Con respecto a un eventual cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela con el aparente triunfo de Joe Biden, Mariano de Alba señaló que, independientemente de quien termine asumiendo la presidencia el 20 de enero de 2021, es probable que ese país entre en un periodo de conflicto interno prolongado porque su legitimidad va a estar cuestionada por una parte importante de la población. “En el escenario más probable de que los demócratas obtengan la Casa Blanca, pero el partido republicano mantenga la mayoría en el senado, la posibilidad de adelantar una agenda legislativa y las grandes reformas que prometió Biden en la campaña queda bastante limitada. Estimo que el tema de Venezuela va a seguir siendo importante, pero no pudiese asegurar que será uno de los principales como sí ha sido con el presidente Trump. En lo que sí hay coincidencia en el bipartidismo estadounidense es en para que haya un cambio de gobierno en Venezuela tiene que producirse la salida de Nicolás Maduro”.
De igual modo, expresó que en un gobierno de Joe Biden habría mayor disposición para buscar restablecer de forma más regular los canales de comunicación con el régimen de Maduro. “Eso no significa reconocer su legitimidad, sino ver si hay espacio para unos avances. De hecho, eso está ocurriendo durante la administración de Trump. Son esfuerzos para tratar de conversar tras bastidores a ver si a cambio del levantamiento de algunas sanciones el gobierno de Maduro está abierto a hacer concesiones democráticas. Es probable que en esa revisión se incluya una revisión exhaustiva a la política de sanciones económicas de Donald Trump para determinar si su efecto final es hacerle la vida más complicada a los venezolanos que afectar a la cúpula de gobierno”.
La crisis del 6-D
Para De Alba existe una visión distinta entre los distintos actores internacionales respecto a la crisis venezolana que se ha evidenciado en relación con el tema de las elecciones parlamentarias. Señaló que aunque el proceso es condenado por los países del mundo occidental, tienen un valor propagandístico para Maduro en el ámbito internacional con sus aliados. “También pienso que en el régimen de Maduro hay bastante conciencia de que las elecciones al final son un elemento simbólico para de enterrar a la actual Asamblea Nacional (AN), para debilitarla al máximo. Prueba de eso es la famosa Ley Antibloqueo. Si ellos pensaran que con la nueva asamblea podían estar en una mejor situación, pudieron haber esperado unos meses y hubiera sido la primera ley aprobada por la eventual nueva AN que se va a instalar en enero; pero lo hicieron antes con la Asamblea Nacional Constituyente que al final es una apuesta que no ha cuajado. Creo que hay conciencia en el régimen de que el 6 de diciembre no se acaban sus problemas”.
Frente a estos comicios, el bloque opositor ha planteado realizar una consulta popular. Al respecto, De Alba aclaró que no es cierto que este mecanismo sea lo que haga falta para que la comunidad internacional actúe, como se ha dado a entender. “Hay un cúmulo de cosas que tienen que estar presentes para que la comunidad internacional renueve su atención sobre el problema venezolano”.
Enfatizó que se trata de un tema complejo que coloca a la actual AN ante el dilema de legitimidad de sus diputados, la cual, por disposición de la Constitución Nacional, se acaba en enero de 2021. “El problema central que tiene la oposición es cómo renovar esa legitimidad a los ojos de los venezolanos y a los ojos de la comunidad internacional. La AN tenía dos vías: la de la consulta popular, y la de una inmensa mayoría de los partidos factores políticos mostrarse unidos y con una estrategia básica, a pesar de las diferencias. Eso no ha sido posible, más bien lo que se ha visto en los últimos meses y la impresión que tiene la comunidad internacional es que es un desastre lo que está sucediendo en Venezuela”.
Considera que el principal obstáculo de la opción adoptada de ir a una consulta popular, es que no trata de resolver el problema central que es el de la renovación de la legitimidad. “Es algo muy etéreo que para concretarlo hace falta definir justamente lo que debió ocurrir como primera opción: definir una estrategia. Esa estrategia no está clara, no es evidente y tengo mis dudas de que exista o no. Lo que está planteado es una consulta con dos preguntas en un momento en que la atención sobre Venezuela es baja y los ánimos de la mayoría de la población son de gran decepción porque se prometió un cambio en un lapso de tiempo corto, se han prometido muchas cosas y al final no se han concretado”.
Arma de doble filo
En relación con la declaración de la Fiscal de la CPI y la posibilidad de que se abra una investigación a las autoridades venezolanas por “crímenes graves” cometidos en Venezuela, De Alba detalló que aunque es importante porque ratifica los informes de los expertos de la OEA y el informe de la misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, el proceso pasa ahora a una de las fases finales de ese examen preliminar en el que la Corte tiene que determinar si el sistema de justicia de Venezuela ha investigado y sancionado a los responsables de esos crímenes, y si tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo. “Eso se debe a la CPI funciona bajo el principio de complementariedad, lo que quiere decir que la prioridad de hacer justicia lo tiene el sistema de cada país. La CPI solo actúa cuando el sistema de justicia interno del país no quiero o no puede hacer justicia. En el caso de Venezuela es evidente que no quiere porque no hay separación de poderes, hay una dependencia muy estrecha entre los altos funcionarios responsables de esos crímenes y el sistema de justicia que es controlado por el Ejecutivo. La visita de Saab a La Haya puede ser en función de retrasar ese proceso”.
Apuntó como dato importante del comunicado la invitación que le hizo el funcionario venezolano a la fiscal Bensouda a visitar el país, lo cual considera que, al igual que en el caso de la visita de Bachelet, sería un arma de doble filo para el régimen de Maduro. “De concretarse la visita, la Fiscal no se va a reunir únicamente con el gobierno, sino con las víctimas y con organizaciones defensoras de derechos humanos, y va a poder ver en el terreno y recabar testimonios de primera mano. Es importante tener claro que es un procedimiento lleva un lapso de tiempo largo. Luego de la fase preliminar viene una de investigación donde pudiera haber una acusación formal contra altos funcionarios involucrados en crímenes de lesa humanidad. Pero, para que la corte pueda juzgar a los más altos responsables, estimo que va a hacer falta que haya un cambio de gobierno y una transición a la democracia. No se puede tampoco desestimar el efecto disuasorio que pudiese tener este procedimiento. En las altas esferas del régimen de Maduro deben estar observando esto como un riesgo y por eso enviaron a Saab para tratar de ralentizarlo, pero en la medida que sigue avanzando, algunos de estos actores van a comenzar a tener temor de tomar medidas que hace tres o cuatro años hubiesen tomado en término de violación de derechos humanos”, explicó el experto.
A la pregunta sobre el futuro de Venezuela, dijo que en el corto plazo el panorama es bastante negativo, debido a la descoordinación interna de todos quienes quieren que Venezuela retorne a la democracia. “La realidad es que la crisis se sigue agravando. También es cierto que la mayoría de la población quiere superar esta situación y tener un país normal. Todavía hay espacio para que las fuerzas democráticas se organicen, se coordinen y se genere un movimiento que busque recuperar el esfuerzo interno para que haya una solución. Eso pasa en buena medida por convencer a personas que aún siguen formando parte del régimen de Maduro en distintos estamentos de que la situación tiene que cambiar. Eso no significa que se tenga que descuidar lo internacional para que nos ayuden a acercarnos a nuestro objetivo. Eso va a requerir más sanciones y decisiones pragmáticas, como la de plantear un puente de plata a las personas que siguen en el régimen pero ven que a largo plazo la situación es difícilmente sostenible”.