Transparencia Venezuela propuso este lunes 22 de febrero a la Asamblea Nacional incluir en el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela (BCV), normas que eliminen la opacidad, garanticen la autonomía del ente emisor y restituyan el derecho que tienen los ciudadanos de conocer los indicadores de la economía venezolana.
En nombre de la organización, su directora ejecutiva, Mercedes de Freitas, y la exdiputada Vestalia Sampedro, ejercieron un derecho de palabra ante la comisión que elabora los cambios del texto legal, encabezada por el legislador Rafael Guzmán (PJ-Miranda).
De Freitas planteó que la AN debe revisar el presupuesto de la Nación, hacer seguimiento al gasto público y exigir al poder Ejecutivo y al BCV que difundan los datos económicos que, según la Constitución, deben estar al alcance de la ciudadanía.
Sampedro consideró urgente aprobar la reforma de la Ley Orgánica del BCV, cuyo contenido fue modificado por el presidente Nicolás Maduro a través de un decreto publicado el 30 de diciembre de 2015 en el marco de la Ley Habilitante. A su juicio, la Cámara debe “combatir la opacidad en la información” y poner la lupa sobre los fondos parafiscales creados por el Gobierno desde 2005.
“Las empresas estatizadas deben rendir cuentas y explicar por qué demandan recursos del Estado para su funcionamiento”, expresó Sampedro, quien rechazó la eliminación del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) y cuestionó que el Ejecutivo utilice “el diferencial cambiario como mecanismo de financiamiento”.
La antigua parlamentaria exhortó a la AN a solicitar al Ejecutivo la información sobre el saldo de caja del ejercicio fiscal 2015, los fondos parafiscales y la cuenta general de Hacienda. Igualmente, destacó que las seis reformas que ha sufrido la Ley del BCV desde 2001 estánentre las causas de la crisis que atraviesa la economía venezolana.
Las representantes de Transparencia Venezuela advirtieron que El Gobierno viola la Constitución al eludir el control del Parlamento
sobre el manejo del presupuesto nacional e irrespetar la autonomía del BCV. En particular, denunciaron la violación de los artículos 314 y
320 de la Carta Magna, que establecen que “no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto”, y que “el Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”.
De Freitas y Sampedro expusieron sus ideas ante los diputados Guzmán, José Guerra (PJ-Caracas), María Beatriz Martínez (PJ-Portuguesa) y Alfonso Marquina (PJ-Lara), quien además preside la Comisión de Finanzas del Poder Legislativo.
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