Durante el primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional (AN), la aprobación de leyes quedó a un lado y el foco de atención se centró en las peleas y enfrentamientos de los diputados del oficialismo y de la oposición.

Con un panorama político convulsionado en el país, tras la muerte del ex presidente de la República, Hugo Chávez y la realización de nuevas elecciones, en las que resultó electo Nicolás Maduro, el escenario en el parlamento nacional se torno tenso, tanto así que una golpiza entre diputados oficialistas y opositores acaparó las gráficas de medios locales e internacionales.

Las investigaciones contra figuras de la oposición, entre gobernantes y diputados saturaron la agenda de la comisión de Contraloría.  En el informe Monitor Legislativo, realizado por Transparencia Venezuela, se detallan cuáles fueron los casos que ocuparon la atención de los legisladores de la bancada oficialista.

“Allanamiento a la inmunidad parlamentaria de un diputado de PJ, tres informes de responsabilidad política contra funcionarios de oposición, uno de ellos contra Henrique Capriles Radonski; los cinco ex gobernadores de oposición de los estados Carabobo, Zulia, Táchira, Monagas y Nueva Esparta, que salieron de sus cargos con las elecciones de diciembre tienen investigaciones abiertas en la Comisión de Contraloría”, indica el documento.

El informe destaca que de los 24 gobernadores de estados, la AN sólo aceptó investigar a los tres de la oposición y además proceso denuncias contra el ex gobernador oficialista de Guárico, Jesús Gallardo y el ex gobernador del estado Sucre, Enrique Maestre por presuntos hechos de corrupción.

En el periodo legislativo 2013 las propuestas de los diputados opositores no fueron tomadas en cuenta por la directiva del parlamento, sin embargo sí hubo espacio para dar marcha a investigaciones contra el gobernador de Lara, Henri Falcón por supuestos hechos de corrupción, a la diputada María Corina Machado, a quien luego se le allana la inmunidad parlamentaria acusada de traición a la patria y por último al ex candidato presidencial y gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, por “promover la violencia después de las elecciones”

Balance negativo en leyes

En el 2013 los diputados de la AN, sólo sancionaron 12 de los 32 proyectos de ley que tenían contemplados en agenda al inicio del periodo, esto representa apenas un 37,5 por ciento de cumplimiento de la meta. A esto se suman 40 leyes aprobatorias de convenios internacionales. Asimismo, otorgaron 128 créditos adicionales que llevaron el presupuesto manejado por el ejecutivo nacional a Bs. 507.625.486.722,35.

En el informe Monitor Legislativo, también se cuestiona la utilización de la página web del parlamento para hacer proselitismo político al promover las actividades de campaña del para el entonces candidato presidencial, Nicolás Maduro, quien se pudo conocer no presentó su memoria y cuenta correspondiente al periodo que ejerció como vicepresidente de la República.

Allanamiento inconstitucional

La comisión de Contraloría de la AN, dedicó gran parte de su tiempo a investigar a los gobernadores de oposición por presuntos hechos de corrupción, en la lista destacan los casos del gobernador de Monagas, José Gregorio “El Gato” Briceño, el gobernador de Lara Henri Falcón, y los ex mandatarios de los estados, Carabobo: Enrique Salas Feo; Táchira: Pérez Vivas; Nueva Esparta: Morel Rodríguez y Zulia Pablo Pérez. Comisiones de trabajo se dirigieron a las distintas entidades para dar paso a las averiguaciones, sin embargo no aceptaron ninguna de las denuncias presentadas por la oposición contra figuras del oficialismo.

Un caso relevante fue el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado, Richard Mardo de Primero Justicia, con mayoría simple, luego de la denuncia hecha por el diputado, Diosdado Cabello, sobre el supuesto cobro de cheques por parte del parlamentario sin declararlo al Seniat.

Tal medida fue catalogada de inconstitucional por el equipo de Transparencia Venezuela, ya que viola lo establecido en el artículo 187 numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse con el voto de las dos terceras partes de la AN.