Transparencia Venezuela, 7 de junio de 2022.– Por considerar que persiste “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo por décimo séptimo año consecutivo a Venezuela en su lista negra de países que requieren una especial atención y sigue poniendo el énfasis en las prácticas irregulares de la justicia venezolana.
La decisión la tomó la CIDH, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe anual correspondiente a 2021, en el cual denunció que “los elementos sustanciales de una democracia representativa no están presentes en Venezuela, debido a que la institucionalidad democrática en el país no está guiada por la separación y el equilibrio de los poderes públicos”, una situación que “ha facilitado la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos, especialmente contra las personas que hacen público su disenso con el Gobierno”.
Para la CIDH “las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en situación de pobreza, las desapariciones forzadas y las torturas en contextos de privación de la libertad”, así como “las detenciones arbitrarias de personas que hacen público su disenso con el Gobierno, las restricciones indebidas a la libertad de expresión y la persecución contra las personas y organizaciones que defienden Derechos Humanos” no se producirían con la frecuencia con la que se vienen ocurriendo Venezuela de no ser porque el Ejecutivo de Nicolás Maduro controla todas las ramas del Poder Público, incluyendo el Poder Judicial.
¿Por qué la CIDH sigue denunciando lo que ocurre en la justicia venezolana?
Como viene ocurriendo en los últimos años, la CIDH puso especial atención al funcionamiento de la justicia venezolana y denunció la “gran opacidad” con la que viene operando.