Venezuela registró un punto menos que en el período anterior y alcanzó apenas 14 puntos, de una escala de 100, con lo que sigue siendo el país peor evaluado en las Américas, y su calificación lo coloca entre los tres más bajos desempeños de la evaluación global

Transparencia Venezuela, 25 de enero de 2022. Desde 2017 Venezuela registra un descenso continuado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). De 18 puntos que obtuvo en ese año, para 2021 el país apenas alcanzó una calificación de 14, en una escala de 100, donde 0 es el peor desempeño o la más alta percepción de corrupción. Venezuela solo fue mejor que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), las más bajas puntuaciones entre los países evaluados. Al mismo tiempo, Venezuela es el Estado percibido como el más corrupto de América, por octava vez consecutiva, según se desprende del reporte publicado hoy por Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que clasifica a 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86 % de los países evaluados en los últimos diez años. De hecho, la puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décima vez consecutiva, mientras dos tercios de las naciones no llegan a 50.  

La región con mayor puntuación en el índice es Europa Occidental con una media de 66 seguida por Medio Oriente y África del Norte con 45 y América con 43. Las regiones con puntuación más baja son Europa oriental y Asia central (36) y África subsahariana (33). Pero, con un puntaje promedio de 43 por tercer año consecutivo, y 22 países sin cambios estadísticamente significativos en su lucha contra la corrupción, América está completamente paralizada en la lucha contra la corrupción. A pesar de la existencia de una amplia legislación y un compromiso regional para combatir este mal, la corrupción en el continente continúa socavando la democracia y los derechos humanos. 

Transparencia Internacional identificó, además, que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el IPC. La complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan los derechos y las libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción.

En el IPC 2021, Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) obtuvieron las mejores puntuaciones. Estos Estados también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles según el informe Democracy Index. Mientras Siria (13), una de las tres puntuaciones más bajas del IPC 2021, es el último país en materia de libertades civiles.

«Los derechos humanos son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite. La única ruta sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir cuentas a aquellos en el poder», declaró Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

CORRUPCIÓN, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

El informe apunta que al tiempo que la lucha contra la corrupción se estanca y deteriora, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados. No se trata de una coincidencia. Si los gobiernos continúan utilizando la pandemia de COVID-19 para erosionar los derechos humanos y la democracia, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad. De los 23 países cuya puntuación ha caído significativamente desde 2012, 19 también han perdido puntos en cuestión de libertades civiles.

En Venezuela (14), una de las puntuaciones más bajas a nivel global, “la gran corrupción ha causado graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación. Asimismo, el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra la disidencia y voces críticas. En los últimos años han aumentado los presos políticos, las detenciones arbitrarias y las restricciones a las libertades fundamentales. El bloqueo de información pública, la ausencia de rendición de cuentas por parte de entes estatales y de un sistema de justicia independiente crean un espacio donde las violaciones de derechos humanos se invisibilizan y permanecen impunes”, señala el análisis.

En este contexto, Transparencia Internacional urge a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.

«En contextos autoritarios en los que el gobierno, las empresas y los medios de comunicación están controlados por unos pocos, los movimientos sociales son el último recurso para poner freno al poder. Será el poder de los educadores, emprendedores, estudiantes y personas comunes de todos los ámbitos el que logrará que los poderosos rindan cuentas», declaró Daniel Eriksson, director general de Transparencia Internacional.

Al respecto, el reporte indica que la corrupción puede ser un problema multifacético, pero es uno que sabemos cómo resolver, y para poner fin al círculo vicioso de la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el declive democrático, los gobiernos deben:

1. Defender los derechos necesarios para hacer que el poder rinda cuentas.   Revertir cualquier restricción desproporcionada a las libertades de expresión, asociación y reunión introducida desde el inicio de la pandemia. Garantizar la justicia por los crímenes contra los defensores de los derechos humanos.
2. Restaurar y fortalecer los controles institucionales sobre el poder.  Los organismos de supervisión pública, como las agencias anticorrupción y las entidades fiscalizadoras superiores, deben ser independientes, contar con recursos y estar facultados para detectar y sancionar las irregularidades. Los parlamentos y los tribunales también deben estar atentos para evitar la extralimitación del ejecutivo.
3. Combatir las formas transnacionales de corrupción. Corregir las debilidades sistémicas que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o no se sancione. Deben cerrar las lagunas legales, regular a los facilitadores profesionales de los delitos financieros y garantizar que los corruptos y sus cómplices no puedan escapar de la justicia.
4. Defender el derecho a la información sobre el gasto público. Como parte de sus esfuerzos de recuperación de COVID-19, cumplir con su promesa contenida en la declaración política de la UNGASS de junio de 2021 de incluir salvaguardas anticorrupción en la contratación pública. La máxima transparencia en el gasto público protege vidas y medios de subsistencia.

El Índice de Percepción de la Corrupción califica a 180 países y territorios de todo el mundo según la percepción de la corrupción existente en su sector público, a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgo, firmas de consultoría, comités de expertos y otras. Las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y empresarios.

El proceso de cálculo del IPC se revisa periódicamente con el fin de garantizar su solidez y coherencia en la medida de lo posible. La última revisión, realizada en 2017, estuvo a cargo del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Las puntuaciones asignadas a partir de 2012 son comparables de año en año.

Los tipos de corrupción del sector público capturados en este índice abarcan el soborno, el desvío de fondos públicos, el enjuiciamiento efectivo de casos de corrupción, marcos legales adecuados, acceso a la información y protecciones legales para denunciantes, periodistas e investigadores. No mide actividades como el fraude fiscal, el lavado de dinero, el secreto financiero, los flujos ilícitos de dinero sucio u otras formas de corrupción del sector privado.