Venezuela saca “cero” en transparencia en la administración de recursos públicos
La opacidad y el uso abusivo de las finanzas públicas colocan a Venezuela en el foso según los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2017 que coordina la Sociedad Internacional de Presupuesto (IBP por sus siglas en inglés)
Se analizaron documentos presupuestarios del ejercicio fiscal 2016 y el resultado es 0/100, puntaje que coloca a Venezuela en la posición 110 de 115 países evaluados y la última de toda América
Transparencia Venezuela condena la práctica de ocultar toda la información relativa al proceso presupuestario, que es terreno fértil para cometer abusos en el uso del dinero de todos los venezolanos
Caracas, 31 de enero de 2018.- Venezuela tuvo la peor nota en el Índice de Presupuesto Abierto, un ranking mundial que evalúa la gestión de los gobiernos en la administración de sus recursos. Cero es la puntuación obtenida por el Gobierno nacional por la falta de transparencia en las cuentas públicas, que tiene su origen en el cerco informativo levantado en torno a las finanzas del Estado, lo que ha permitido un manejo abusivo del dinero de todos los venezolanos.
Este índice es la única evaluación independiente, bianual, impulsada desde 2006 por la organización International Budget Partnership (IBP), que mide la claridad en el manejo de los recursos, la participación del ciudadano en la elaboración de los presupuestos y la vigilancia de las instituciones que deben hacer contrapeso frente al accionar de los gobiernos. En esta oportunidad, la investigación se realizó durante 18 meses, entre agosto de 2016 y enero de 2018, con la participación de 300 expertos en 115 países.
Por quinta vez consecutiva, Venezuela forma parte de este estudio, y desde 2015, ya mostraba un franco declive por la marcada opacidad, pues ese año el país cayó 30 puntos con respecto a las anteriores evaluaciones.
En esa oportunidad, Transparencia Venezuela alertó sobre los peligros de la discrecionalidad y manejo abusivo de los recursos de la nación, así como la regresividad en el derecho al acceso a la información pública.
Desde 2015, el Gobierno nacional ha disminuido la disponibilidad de información presupuestaria mediante las siguientes medidas:
- Elaborar los informes entregados durante el año para uso interno solamente
- Incumplir en la publicación oportuna del presupuesto aprobado. Además, después del período escogido para la investigación de la Encuesta de Presupuesto Abierto, el presupuesto aprobado en 2017 fue elaborado para uso interno solamente y aprobado mediante decreto presidencial, desconociendo la competencia exclusiva de la Asamblea Nacional.
Además, el Poder Ejecutivo no procuró avances en:
- Publicar el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo.
- Publicar el documento preliminar (lineamientos presupuestarios) o el informe de fin de año (memorias y cuentas).
- Elaborar y publicar el presupuesto ciudadano, la revisión de mitad de año de la ejecución presupuestaria y el informe de auditoría del presupuesto.
Lo que refleja este indicador es que los venezolanos no tienen forma de acceder a los documentos presupuestarios básicos para entender en qué se gasta el dinero y ejercer los controles necesarios.
Desde Transparencia Venezuela resaltamos que este resultado en el índice- junto con los indicadores de participación del público en el proceso presupuestario y lo relativo a la fortaleza de las instituciones de vigilancia del presupuesto- obedece al análisis de documentos del 2016 y algunos de 2015. No son objeto de análisis los hechos ocurridos en 2016 y 2017, en los que se desconocieron las funciones exclusivas del Parlamento en materia presupuestaria, se dejaron de presentar y publicar los proyectos de Ley de Presupuesto, las leyes de presupuesto aprobadas, las memoria y cuenta de los ministerios y el informe de gestión de la Contraloría General de la República, por lo que los hallazgos reflejan un desempeño que ha empeorado.
Participación ciudadana casi nula
El hecho que nuestro país haya sido evaluado con la peor calificación posible en cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos, es una muestra del debilitamiento paulatino del sistema de libertades, en el que también hacen peso otros aspectos evaluados en este ranking mundial.
Es así como el Gobierno nacional también quedó mal parado en los resultados en cuanto a las oportunidades que se ofrece al ciudadano para participar en la elaboración del presupuesto, otro aspecto analizado a través de esta encuesta. El puntaje que obtuvo Venezuela fue de 7 sobre 100, que resulta el más bajo comparado con el promedio global, estimado en 12 puntos.
La participación del ciudadano en la elaboración del presupuesto es vital para la gobernanza y corresponde al Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Contraloría General de la República ofrecer oportunidades a la población para que tenga voz y voto en la toma de decisiones sobre la forma de distribuir y gastar los recursos.
Débil vigilancia
El Índice de Presupuesto Abierto evalúa el papel que tienen los organismos que deberían vigilar la planificación e implementación del presupuesto, con facultades consagradas constitucionalmente, como la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República.
En este renglón, Venezuela obtuvo un registro de 30/100, una puntuación muy por debajo del promedio de América Latina que fue de 57/100.
Según la evaluación, en nuestro país la Asamblea Nacional ofreció una débil vigilancia durante la fase de planificación y la fase de implementación del presupuesto. Las principales barreras para una efectiva vigilancia por parte del Parlamento son:
- No se produce un debate sobre la política presupuestaria y los principales lineamientos antes de que se presente el proyecto de presupuesto del ejecutivo.
- El proyecto de presupuesto del ejecutivo no se entrega al Parlamento al menos dos meses antes del inicio del ejercicio fiscal.
- Las comisiones del Parlamento no examinan ni publican en línea los reportes sobre sus análisis del proyecto de presupuesto del ejecutivo.
La Contraloría General de la República es otro de los organismos que, de acuerdo a la ley, tiene la responsabilidad de vigilar el manejo de los recursos del Estado y goza de total discreción a la hora de llevar a cabo las auditorías.
Sin embargo, su actuación ha sido de total silencio frente al manejo oscuro de las finanzas públicas. El órgano contralor tampoco cuenta con suficientes recursos para cumplir sus mandatos y sus procesos de auditoría no son revisados por una entidad autónoma, pues en Venezuela no existen instituciones fiscales independientes.
En Transparencia Venezuela consideramos que la falta de claridad y ausencia de rendición de cuentas puede explicar, en buena medida, los desequilibrios fiscales que han contribuido a la hiperinflación y excesivo endeudamiento que caracterizan a la economía venezolana.
La opacidad, la mentira y la ausencia de rendición de cuentas posibilitan el uso abusivo de los dineros públicos y el control económico, social y político que conlleva al subdesarrollo, la inequidad y la violación de derechos fundamentales.
En América, el último
Nuestro país ocupa, por segunda ocasión, el último lugar en América del Índice de Presupuesto Abierto, mientras la mayoría de los países de Suramérica están por encima del promedio global (43/100) y mantuvieron puntuaciones similares a la ronda anterior.
La excepción es Bolivia que tuvo el segundo peor desempeño con 10/100. Brasil y Perú lideran en la región con 77/100 y 73/100 puntos, respectivamente, y ocupan el séptimo y décimo cuarto lugar del ranking global de 115 países. Paraguay fue incluido en la evaluación por primera vez y obtuvo 43/100 puntos.
Alertas que fueron desoídas
La Encuesta de Presupuesto Abierto en Venezuela dejó en evidencia el deterioro del contexto institucional para la transparencia, la participación y el ejercicio de contrapesos, elementos relevantes dada la situación fiscal que, según datos oficiales consignados a la Security Exchange Comission de Estados Unidos, se caracteriza por un déficit del sector público consolidado de 17% del PIB en el año 2016.
Desde que cambió la composición del Parlamento en 2016, el Poder Ejecutivo-con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia- ha utilizado la figura de decretos de emergencia económica que le dan poderes para modificar partidas presupuestarias, elevar la Unidad Tributaria y suscribir contratos de interés nacional sin contar con el visto bueno de la Asamblea Nacional.
La ausencia de controles y actuaciones improvisadas financiadas con la emisión de dinero inorgánico han contribuido a la grave crisis de hiperinflación que está empobreciendo a la mayoría de la población y distorsionando el funcionamiento de los mercados.
El presupuesto aprobado perdió peso y el gasto adicional domina la gestión financiera. Además, ya no tiene fundamento legal, luego de que el presidente Nicolás Maduro presentara ante el Tribunal Supremo de Justicia el decreto de presupuesto correspondiente al año 2017, así como el proyecto de Ley de Presupuesto 2018 ante la inconstitucional Asamblea Constituyente.
Con esta decisión, se violan los artículos 187 y 313 de la Carta Magna, negando toda posibilidad de discusión exhaustiva sobre como asignar los recursos para atender la grave crisis social que agobia a la mayoría de la población y que se profundiza al no aplicarse los correctivos.
Transparencia Venezuela condena la práctica de ocultar toda la información presupuestaria. Se dejaron de publicar los proyectos de Ley de Presupuesto, la rendición de cuentas de los ministerios y los presupuestos aprobados 2017 y 2018.
La opacidad está campante en esta materia, pues el presupuesto 2018 no ha sido publicado. El Gobierno solo ofreció unos pocos datos durante la presentación que impiden la evaluación rigurosa a la que tienen derecho los ciudadanos.
Además, se advierte la falta de seriedad en el monto de ese presupuesto estimado en 36 billones de bolívares, pues el monto definitivo del presupuesto de 2017 superó los 48 billones de bolívares.
Video en español https://youtu.be/krFhqeT3j9M