Un informe resumen de “Economías ilícitas al amparo de la corrupción”, publicado por Transparencia Venezuela, muestra cómo las redes criminales penetran las instituciones y horadan la justicia
Transparencia Venezuela, 20 de diciembre de 2022.- Transparencia Venezuela publicó un resumen de la investigación Economías ilícitas al amparo de la corrupción, en el que se develan los mecanismos a través de los cuales se arraigan las economías ilícitas y cómo ese fenómeno, que se afianza en la destrucción institucional, afecta la vida de las personas.
Personas, por ejemplo, que por necesidad se dedican a la actividad de extracción artesanal de oro en el Arco Minero del Orinoco y áreas aledañas, viven en un limbo legal que los convierte en víctimas de esclavitud moderna, bajo un sistema de leyes difusas y pobremente reguladas que otorgan un alto poder discrecional a organismos del gobierno y los dejan en un estado de indefensión.
Su vida es un infierno. En el caso de la extracción subterránea, los mineros sacan el oro bajo condiciones extremadamente inseguras a través de túneles que pueden llegar a superar los 50 metros de profundidad, sin luz ni ventilación y expuestos a enfermedades por contaminación. En los medios locales se reporta con frecuencia la ocurrencia de derrumbes que dejan tapiados a los mineros que operan en las profundidades.
Desamparadas por las leyes y las instituciones que están al servicio de los poderosos y no de la justicia, estas personas mueren en la miseria mientras que la explotación aurífera moviliza millones de dólares de manera ilegal y con la anuencia y participación de funcionarios del gobierno, sin que se pueda saber a dónde va ese metal precioso. Ni siquiera hay certezas del oro que escasamente el Banco Central de Venezuela recibe.
Para poder extraerlo, los mineros artesanales están obligados a entregar porcentajes del mineral a los distintos actores que participan en la actividad, que incluye a las bandas criminales que controlan las minas. Después de tanto trabajo en tan precarias condiciones laborales, los trabajadores de la minería se quedan con tan solo unos gramos de oro al mes, y tienen que recurrir a otras actividades para poder sobrevivir.
Una de las peores consecuencias de esta estructura de producción de esclavitud moderna es la indefensión. Las víctimas no tienen adonde denunciar, pues si se atreven a hacerlo, se encuentran con un sistema de justicia corrupto y debilitado que no tiene capacidad de respuesta frente al crimen organizado del que forma parte. Los mineros se inhiben de hacer sus denuncias, de exigir respeto y justicia, porque la actividad que realizan es “ilegal”, por lo tanto son víctimas de la explotación, no tienen opciones y con el tiempo aceptan esa forma de vida como “natural”.
Esta situación supone, además, una violación al derecho fundamental de la libertad laboral y a la dignidad humana, que es análoga a la esclavitud.
De la mano con la ley
Además de la producción irregular y el contrabando de oro, el contenido de este informe se extiende al transporte y comercialización de drogas ilícitas, el desvío y venta ilícita de combustible, así como el manejo corrupto en los puertos nacionales donde funcionarios militares establecen coimas para dejar entrar mercancías puerta a puerta y cadenas de transporte interno que facilitan el contrabando de bienes ilícitos, incluyendo las alcabalas que funcionan como peajes.
El informe afirma que las economías ilícitas se sustentan en un círculo causal perverso entre corrupción sistémica y redes criminales, y que durante las últimas dos décadas Venezuela ha sido escenario de un proceso permanente de destrucción institucional que no garantiza el Estado de Derecho, no lleva a cabo procesos imparciales y transparentes, y deja a la ciudadanía a merced de abusos, afectaciones o daños ocasionados por agentes internos y externos al Estado, sin posibilidad de proteger o restituir sus derechos básicos.
La capacidad para legitimar y proteger legalmente a los criminales depende de la medida en que las redes criminales infiltran, reconfiguran, manipulan y usan las instituciones para sus propios fines, sea a través de soborno, amenaza, extorsión, o cualquier otra forma de quebrantar la institucionalidad.
Al conformar extensas y variadas redes criminales, los mercados ilícitos se extienden a través de jurisdicciones locales, regionales y nacionales, y así van incorporando cada vez más novedosos procedimientos. Esto los convierte en sistemas abiertos con capacidad para cooptar cada vez más a “agentes grises”, como se denomina a quienes persiguen y favorecen objetivos criminales, pero actuando desde organizaciones legales y, por lo tanto, resultan formalmente protegidos por instituciones.
Se dice fácil, pero el informe demuestra con información confiable cómo la estructura criminal que opera con apoyo de altos funcionarios del gobierno, en el que están involucradas las fuerzas de seguridad, produce explotación laboral, sexual e infantil, además del irreparable daño ambiental sobre suelos y caudales.
Para leer el Resumen Ejecutivo visita www.transparenciavenezuela.org
Síguenos en las redes sociales y comparte: @NoMasGuiso
Déjanos tus comentarios en [email protected]
