Un reciente informe de Transparencia Venezuela muestra cómo las políticas poco transparentes, implementadas por el gobierno venezolano en torno a la pandemia y al plan de inmunización, generó incertidumbre en la ciudadanía y promovió prácticas ilegales que pusieron en riesgo la salud de la población   

Transparencia Venezuela, 25 de marzo de 2022. Las vacunas ayudan a salvar millones de vida cada año y han sido factor determinante en la erradicación de ciertas enfermedades alrededor del mundo. Por ello, son consideradas como una herramienta clave para proteger a las personas y detener la propagación de la COVID-19. En el caso venezolano, la desinformación, la opacidad y las irregularidades han prevalecido en la gestión del gobierno venezolano de la pandemia y del programa de vacunación.

Los hallazgos de Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: un año de opacidad y abuso de poder, reciente investigación de Transparencia Venezuela, describe el desarrollo del primer año de inmunizaciones y las consecuencias de implementar políticas poco transparentes y nada confiables, que, en lugar de contribuir con la tranquilidad de los venezolanos, promovieron la incertidumbre y prácticas ilegales que pusieron en riesgo la salud de la ciudadanía.

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De acuerdo con el informe, el gobierno de Nicolás Maduro no solo desatendió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a la priorización de las vacunas, dirigidas a garantizar en primer lugar la protección a los grupos más vulnerables, sino que favoreció a estructuras partidistas e instituciones públicas. Además, condicionó gran parte del proceso al Sistema Patria, plataforma virtual creada para la asignación de ayudas sociales que ha sido cuestionada por su tinte político; así como a la participación de consejos comunales y grupos creados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

La improvisación y la opacidad sobre el programa de vacunación evidenciaron la poca oferta de biológicos que se registró durante los primeros tres meses de su aplicación. Las autoridades reportaron la disponibilidad de 2.230.000 dosis, entre la rusa Sputnik-V y la china Sinopharm; pero se demostró que era imposible atender a más de 300.000 trabajadores de la salud y 4,5 millones de adultos mayores.

Secretismo y mercado negro

La gran demanda de ese entonces facilitó el desvío de vacunas hacia un mercado ilícito, lo que mermó las dosis dispuestas para el personal sanitario, que estaba en primera línea de atención y, por tanto, más expuesto a los contagios. También afectó a quienes optaban por comprar las vacunas sin la seguridad de recibir un producto biológico refrigerado y sin la certeza de que no había sido sustituida por un placebo. Para determinar responsabilidades, la Academia Nacional de Medicina pidió a la Fiscalía General de la República abrir una investigación. Una encuesta aplicada por Transparencia Venezuela durante cinco meses de 2021, para conocer el avance del proceso de vacunación, reveló que, de 819 personas consultadas, 283 conocían casos de pagos de vacunas. Por otra parte, se conoció de procesos judiciales abiertos por el Ministerio Público a personas que vendían las vacunas y fijaban el precio en dólares.

Además de las irregularidades denunciadas y documentadas por la sociedad civil y la academia, el plan de vacunación se convirtió en un secreto de Estado. Durante los primeros 10 meses no se publicaron de forma constante datos relacionados con los cargamentos recibidos, dosis aplicadas según las marcas y cobertura por grupos priorizados. Las exigencias de información confiable sobre el plan de vacunación y la contratación para la adquisición de las dosis, entre ellas las consignadas por las más de 900 organizaciones de la sociedad civil que integran la Coalición Anticorrupción, chocaron con el muro de opacidad y silencio gubernamental.

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Ante la ausencia de datos creíbles, especialistas e investigadores comenzaron a hacer proyecciones sobre la vacunación en Venezuela. En septiembre de 2021, una comunidad científica calculó que 3.376.080 personas habían completado el esquema contra el coronavirus. Por su parte, la encuestadora Delphos y la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) hablaban de 2.300.000 personas con las dos dosis, en tanto que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que 6.000.000 de venezolanos habían recibido su esquema contra la COVID-19 en ese mismo lapso.

Las incongruencias en las cifras aportadas por el gobierno continuaron con el anuncio, en diciembre de 2021, de 90% de inmunizados. Sin embargo, los datos que consignaron las autoridades ante la OPS demostraron lo contrario: apenas 40% de la población había completado el esquema de vacunación. Los datos recabados para el informe Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: un año de opacidad y abuso de poder permiten afirmar que el escenario de opacidad, desinformación y abuso de poder se ha mantenido en lo que va de 2022.

Salud en crisis

Desde el inicio del estado de alerta, decretado en marzo de 2020 con la detección de la presencia del coronavirus en el país, Transparencia Venezuela ha advertido sobre el aumento de los riesgos de corrupción presentes en la atención de la pandemia, incluida la vacunación. De igual modo, ha señalado la profundización de los graves problemas preexistentes que configuran la Emergencia Humanitaria Compleja causada por este flagelo, donde uno de los sectores más perjudicados ha sido el de la salud.

La organización ha hecho un constante seguimiento a las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria y su impacto en la población, al igual que al proceso de inmunizaciones mediante la investigación, la documentación y la denuncia de las irregularidades.  También ha contribuido con la visibilización de la situación del sistema sanitario venezolano a través del portal Salud Crítica y la difusión periódica de boletines especializados.

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