El ecosistema de poder en el baloncesto venezolano comienza con las instituciones que lo dirigen, la Federación Venezolana de Baloncesto y la propia Superliga Profesional de Baloncesto, y se ramifica hasta algunos de los clubes, en su mayoría de escasa trayectoria y estructura opaca
Transparencia Venezuela en el exilio, 11 de mayo 2025. Un momento en el tiempo: la canción de la difunta Whitney Houston es uno de los grandes himnos del deporte, y si tuviéramos que escoger una foto para el baloncesto venezolano, sería la de julio de 1992: los llamados «Héroes de Portland» acaban de clasificar por primera vez a la selección nacional masculina a los Juegos Olímpicos de Barcelona, luego de enfrentar en el preliminar continental al mítico Dream Team de Estados Unidos con Michael Jordan, «Magic» Johnson, Larry Bird y compañía. Para la época existe el canal de televisión privado RCTV, que transmite regularmente los partidos de la Liga Especial de Baloncesto, un torneo más o menos consolidado que a partir del año siguiente (1993), con ocho equipos, pasará a llamarse Liga Profesional, ya completamente independiente de la federación nacional del deporte de los «gigantes».
No todo tiempo pasado es mejor, pero 33 años después, el presente del baloncesto venezolano es poco reconocible para los que repasan aquella época relativamente dorada. La Vinotinto de básquet ocupa el puesto 25 del mundo para abril de 2025, pero aunque clasificó a otros Juegos Olímpicos (Río 2016) y a un total de cinco mundiales entre 1990 y 2023, la proyección a la que apuntaba en 1992 no se mantuvo.
En cuanto al torneo local, aquella Liga Profesional de Baloncesto desapareció en 2018: una de las bajas en acción de una de las peores recesiones nacionales en la historia moderna y la ausencia de dólares preferenciales para los clubes. Actualmente se juega la llamada Superliga Profesional de Baloncesto, fundada en 2022, que aunque parece superior en lo estrictamente cuantitativo (en la temporada 2024) despierta dudas que van más allá de lo competitivo.
En mayo de 2024, una cancha situada dentro de El Helicoide de Caracas —formalmente bautizada «Gimnasio Elio Estrada Paredes», como el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sobre el que pesan sanciones internacionales— se anunció como sede de dos de los clubes de la Superliga sin tradición en el baloncesto venezolano, Pioneros del Ávila y Spartans de Distrito Capital. La noticia despertó extrañeza e indignación, no solo porque la Gran Caracas cuenta con otros espacios con mayor capacidad de público para el baloncesto profesional (el Poliedro, el Parque Naciones Unidas o el Parque Miranda) que El Helicoide, sino porque este último es uno de los principales centros de detención y presuntas torturas del régimen de Nicolás Maduro.
«El Sebin (policía política) también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas», señala uno de los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela. Literalmente, se juega baloncesto profesional sobre un calabozo de presos políticos.
«Esto es un absoluto y completo horror. Mientras los jugadores encestan en la parte de arriba, en los pisos inferiores «encienden la electricidad» y «llenan los tobos de agua» para los interrogatorios», escribió en X el defensor de derechos humanos y exdirector de Provea, Rafael Uzcátegui.
Un tablero de juego plagado de interferencias gubernamentales
Puede parecer solo una anécdota o una coincidencia, pero lo del Helicoide es solo uno de los indicios de un tablero de juego plagado de interferencias gubernamentales. El ecosistema de poder comienza con las instituciones que lo dirigen, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) y la propia Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y se ramifica hasta algunos clubes, en su mayoría de escasa trayectoria y estructura opaca, de acuerdo con el seguimiento realizado por Transparencia Venezuela en el exilio.
Hanthony Coello no solo es presidente de la FVB desde 2019, sino diputado titular por el PSUV en la Asamblea Nacional elegida para el período 2021-2026. Ocupó al menos tres cargos en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En 2011, durante el mandato de Hugo Chávez, Coello ocupó el cargo de coordinador de la región nororiental del Ministerio del Deporte, según Poderopedia. Ese mismo año, la expropiación de la empresa Consolidada de Ferrys (Conferrys), incluyó al equipo de baloncesto Guaiqueríes de Margarita, en el cual la compañía tenía la mayoría accionaria.
Al pasar Guaiqueríes —uno de los clubes históricos de la desaparecida LPB, con ocho títulos entre 1977 y 2007— a manos del Estado, Coello fue designado para encabezar la coordinación del equipo. Posteriormente, asumió la presidencia de Guaiqueríes, cargo que ocupó hasta julio de 2013. Durante su gestión, dejó una administración con deudas pendientes con técnicos y jugadores.
Giuseppe Palmisano no solo es el presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto, sino de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, además de directivo de los Trotamundos de Carabobo (baloncesto), los Navegantes del Magallanes (béisbol) y el equipo Carabobo FC (fútbol profesional). Como se observa, cargos no le faltan. Una semblanza del medio carabobeño Notitarde (afín al oficialismo) le identifica como miembro de una familia de empresarios del calzado. «Tiene muy buenos contactos con el gobierno», indicó al equipo de Transparencia Venezuela en el exilio una fuente del medio deportivo que reservó su nombre por motivos de seguridad.
Alexander Enrique Granko Arteaga es un nombre cuya mera pronunciación despierta escalofríos en miembros de la sociedad civil de Venezuela. Pieza del aparato gubernamental de represión de Nicolás Maduro, el coronel (GNB) es director de la Unidad de Asuntos Especiales de la Dgcim (organismo de inteligencia militar) y está al frente de una organización multideportiva (Team Espartanos Venezuela) que, obviamente, también extiende sus tentáculos en el baloncesto profesional. En este caso con el equipo Gladiadores de Anzoátegui, uno de los 14 clubes que comenzaron la liga en 2025, entre cuyos patrocinantes aparece el citado Team Espartanos Venezuela.
Casualidad o no, uno de los equipos de la liga tiene un nombre similar (Spartans del Distrito Capital). Leonel Alberto García Rivas, actual jefe de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana y señalado al menos cinco veces en un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Venezuela, ha sido identificado públicamente como el propietario de Spartans, aunque en las notas de prensa institucionales evitan mencionar su cargo dentro de la PNB.
El nombre de García Rivas no figura en el Registro Nacional de Contratistas del equipo, pero sí aparece el de su esposa, Qweany Vanessa Torres Toro, quien se presenta solo como Vanessa Torres. Qweany Torres, ha sido directora de la Superliga y es apoderada de Spartans Cars C.A., un concesionario de vehículos nuevos y usados ubicado en la urbanización Santa Mónica, en Caracas. El concesionario a su vez es patrocinante del equipo Spartans.
Guaros de Lara no forma parte ya de la Superliga en 2025: quien fue su directivo, Jorge Alberto Hernández, fue imputado por cargos de corrupción en 2024 por el Ministerio Público que dirige Tarek William Saab y se encuentra fuera del país. Hernández emitió un comunicado público en el que se apropió de la retórica chavista para defenderse. «No me perdonan mi posición clara y firme de acompañamiento a la reelección del ciudadano presidente Nicolás Maduro (…). Los protagonistas del golpe de Estado del año 2002 todavía existen y como caballos de Troya han logrado penetrar algunas instituciones», esgrimió, en otro caso que alimenta el curioso anecdotario del baloncesto venezolano.
Acusado por la fiscalía de ofrecer incentivos económicos a exfuncionarios de esa institución pública, Hernández es figura central de un entramado de corrupción reseñado por El Nuevo Herald, y hermano de Tulio Hernández Fernández, empresario acusado en 2015 de lavado de dinero en Andorra. De acuerdo con El Nuevo Herald, Hernández funcionó como facilitador en las concesiones para que la empresa portuguesa Teixeira Duarte obtuviese contratos para ampliar y modernizar el puerto de La Guaira.
Entre señalamientos de corrupción y convivencia con el crimen
Nada menos que Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, aparece como allegado a Juan Carlos Cuencas Vivas, designado en 2022 como magistrado suplente del TSJ, y representante legal de un equipo que tampoco está ya nominalmente en la Superliga: Centauros de Portuguesa. Para constituir el club, Cuencas Vivas contó en su momento con el apoyo del abogado Generoso Mazzocca, una figura cercana al exministro Wilmar Castro Soteldo, que está siendo investigado en Argentina por presunto lavado de dinero por corrupción en Venezuela.
Con frecuencia cuesta seguir la continuidad de los quintetos de la Superliga —«el baloncesto venezolano no cuenta con el suficiente número de jugadores de alta competencia para el número de equipos que la componen», señala una fuente del medio deportivo que reserva su nombre—, pero no de algunos de los personajes emblemáticos que hacen vida en ella.
Alexander Vargas (mejor conocido como «Mimou» Vargas) destacó como jugador de baloncesto especialmente en los años 90 y llegó a representar a la Vinotinto de cinco en torneos internacionales como el Campeonato de las Américas de 1999 en Puerto Rico. Actualmente se identifica como presidente de Frontinos de Táchira, una franquicia que antes pasó por nombres como Taurinos de Aragua, Panteras del Táchira y Táchira BBC. Vargas también es diputado del PSUV por el Distrito Capital en la Asamblea Nacional (período 2021-2026) y ocupa el cargo de Alto Comisionado Presidencial por la Paz y la Vida, según sus redes. A pesar de esta nomenclatura, Vargas ha sido visto en actividades organizadas por fundaciones presuntamente vinculadas con las bandas criminales del estado Bolívar llamadas Las 3 R y la banda del Negro Fabio.
Pioneros del Ávila, el equipo que también ha jugado en El Helicoide, sustituyó a su vez a otro quinteto llamado Cangrejeros de Monagas, una organización que era dirigida por Omar Gustavo Farías Pacheco, hijo de Omar Jesús Farías Luces, conocido como el «Zar de los Seguros» y acusado de amasar su fortuna a través de contratos fraudulentos con el gobierno de Hugo Chávez.
Cuencas Vivas, Jorge Hernández y «Mimou» Vargas no solo han figurado como directivos o dueños de equipos, también han formado parte de la dirección de la Superliga, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Un ecosistema de clubes deportivos presuntamente independientes, pero que en los que figuran personalidades ligadas a la política, es característico de regímenes autoritarios. «Se suele decir que la guerra es demasiado seria para dejarla en manos de los generales (…) pero el deporte es demasiado serio para dejarlo en manos de los atletas. A medida que (el deporte) ha crecido en popularidad y rentabilidad, se ha politizado cada vez más (…). La mayoría de los clubes deportivos y organismos relacionados han sido absorbidos por organizaciones políticas o de seguridad militar», señala una investigación del Middle East Institute sobre el deporte en Irán, uno de los principales aliados internacionales de Maduro.
«Los dueños de clubes deportivos son personas influyentes. Pueden ser figuras públicas y muy populares, y tener acceso directo a líderes locales y nacionales. Pueden usar esta combinación de estatus público, popularidad e influencia política para facilitar actividades ilegales», indica el Reporte Global de Corrupción en el Deporte de la Oficina contra el Crimen y las Drogas de la ONU.
El tabloncillo del baloncesto venezolano chirría como una red de influencia que abrillanta la imagen de un régimen represor y opaco.