Un análisis de Suprema Injusticia revela que, pese a que los administradores hicieron caso omiso a una orden de la Sala Constitucional de informar de forma periódica sobre las acciones para resguardar los bienes de Multinacional de Seguros en Maracaibo, los magistrados no impuso un castigo ni hizo un llamado de atención
Transparencia Venezuela, 15 de diciembre de 2023.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estaría aplicando un doble estándar en materia de desacato, el cual supone castigos severos cuando los infractores son opositores, mientras que cuando quienes incumplen sus mandatos son funcionarios judiciales o del Gobierno, los magistrados son más permisivos.
De acuerdo con Suprema Injusticia, el caso más reciente es la manera cómo ha reaccionado la Sala Constitucional ante el hecho de que la Junta Interventora Especial de las empresas Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática de Seguros hicieran caso omiso a la orden que le giró en su sentencia número 0003 de 2021 y en la cual instruyó a la instancia para que, con “una periodicidad de cada quince (15) días continuos y de manera extraordinaria, cuando las circunstancias así lo exijan”, le informara sobre las acciones que tomó para resguardar los bienes que Multinacional de Seguros tiene en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.
Casi tres años después los administradores no han atendido el llamado, tal y como consta en el dictamen número 1.555 del 27 de noviembre de 2023, en la cual lejos de sancionar a los miembros de la junta el máximo juzgado decidió solicitarles “nuevamente” que le informen lo que han hecho en estos años para cumplir su mandato, si ni siquiera hacer un llamado de atención.
Pese a que los interventores ya incumplieron en una ocasión, la Sala no reparó en este detalle y en este nuevo fallo, el cual fue redactado por la presidenta de la Sala, magistrada Gladys Gutiérrez, ni siquiera se les advierte a los funcionarios que podrían ser castigados, de volver a desacatar.
Según el portal, la actitud de la Sala Constitucional contrasta con la que mantuvo contra la Asamblea Nacional electa en 2015, a la cual bajo el argumento de que desacataba sus instrucciones la vació de potestades y la anuló, mediante más de un centenar de sentencias.
Asimismo, no se puede olvidar los casos de los entonces alcaldes de San Cristóbal del estado Táchira y de San Diego, estado Carabobo, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente; quienes pasaron año y medio tras las rejas por no cumplir una instrucción de esta instancia.
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